Por Miguel Angel Cristiani G.
Ninguno de los huracanes de todo tipo de intensidad que han
azotado al estado de Veracruz -y vaya que han sido muchos en su historia- causó
tanta devastación, como lo hizo el más reciente denominado gobernador Javier
Duarte de Ochoa, alias Javidu, que junto con su pandilla de funcionarios se
dedicaron a saquear durante seis años las arcas de las distintas dependencias
estatales.
Los daños cuantiosos, son en miles de millones de pesos,
hasta la fecha no ha sido posible determinar con exactitud a cuánto asciende lo
desaparecido.
Todos los días, van surgiendo noticias, que hablan de
cuantiosos robos al erario público, por lo que ya hasta pareciera que deja de
sorprendernos que se hablen de cifras millonarias, cien millones, mil millones,
cien mil millones, eso difícilmente se puede uno imaginar a que equivale tanto
dinero.
Pero sin lugar a dudas que el cinismo con que actuaron los
miembros de la banda de Javier Duarte fue el detonante entre la población
veracruzana, que en las pasadas elecciones estatales le propinó al partido
oficial en el poder, la también histórica derrota del Poder Ejecutivo.
Es que prácticamente en todas las dependencias se desviaron
los recursos económicos, que deberían de haber servido para pagar jubilaciones,
sueldos a los maestros, las partidas presupuestales para los municipios, son
solamente unos cuantos ejemplos de los miles de millones de pesos que fueron a
parar al patrimonio personal de la camarilla de delincuentes.
En las cinco cuentas públicas de la administración de Javier
Duarte de Ochoa dadas a conocer hasta la fecha -la última se dará a la luz
pública hasta el año próximo- revelan algunos montos del “daño Patrimonial”
como se denomina pomposamente para referirse al dinero que fue desviado de su
destino y que nadie sabe a donde fue a parar.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
(Orfis) -contabilizó un faltante por 10 mil 358 millones de pesos durante los
primeros cinco años del gobierno de Duarte- pero el monto seguramente será
mayor, ahora que con el nuevo gobierno de Miguel Angel Yunes Linares se
apliquen auditorías internas a cada una de las dependencias estatales.
El año de mayor saqueo, de acuerdo con los documentos del
ente estatal, correspondió a 2015, cuando se diagnosticó un "daño
patrimonial" por nueve mil 231 millones de pesos.
La dependencia que aparece con más frecuencia en los
expedientes negativos de la Cuenta Pública de Veracruz es la Secretaría de
Infraestructura, que desde marzo de 2013 es dirigida por Tomás Ruiz González,
quien también fue presidente del partido Nueva Alianza, director de la Lotería
Nacional, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), director de
Banobras y secretario de Finanzas en el arranque del gobierno duartista.
En 2012, la Secretaría de Infraestructura presentó desvíos
por 44.6 millones de pesos, lo que afectó la realización de 17 obras; en 2013
se detectó un daño patrimonial por 12.5 millones de pesos; en 2014 el desfalco
fue por 14.5 millones en deterioro de cuatro obras, y en 2015 el faltante fue
de 40.3 millones, en perjuicio de 19 obras.
En conjunto, durante los primeros cinco años de la
administración de Javier Duarte, la corrupción obligó a la cancelación de 12
proyectos para la construcción de caminos rurales, la suspensión de 11 puentes,
el abandono de 11 proyectos para ampliar la red de distribución de agua
potable, la cancelación de ocho obras para dotar de drenaje a zonas urbanas del
estado, la postergación de ocho programas de pavimentación, ocho proyectos para
tratamiento de agua, cuatro obras deportivas, cuatro obras viales y dos obras
de electrificación.
Otra de las dependencias que aparecen con mayor frecuencia
en los desvíos de recursos documentados por el Orfis es el Instituto de
Espacios Educativos, instancia creada en 2009, penúltimo año del gobierno de
Fidel Herrera, y cuya misión es "construir más y mejores espacios
educativos, contribuyendo así a la obtención de una educación de calidad en el
Estado, así como administrar y aplicar los programas relativos a la
construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de los espacios
destinados a la educación".
El organismo tuvo cuatro titulares en todo el sexenio y los
malos manejos financieros durante los primeros cinco años se reflejaron en 28
escuelas, donde la corrupción impidió que se construyeran aulas didácticas,
servicios sanitarios, cooperativas, bibliotecas, patios, explanadas y canchas.
También se cristalizó en 16 instituciones educativas que ya
no recibirán servicios de mantenimiento y rehabilitación como pintura,
impermeabilización, reparación de ventanas, mantenimiento a instalaciones
eléctricas, remozamiento de muros y techos, así como cambio de pizarrones,
debido al malo uso de los recursos.
El apoyo a los grupos vulnerables es una de las formas más
tangibles de percibir los efectos de la corrupción. Por ejemplo, el 22 de
octubre de 2015, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría
de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 52 municipios de
Veracruz, derivada de las intensas lluvias, inundaciones y desbordamiento de
ríos ocurridos entre el 16 y el 20 de octubre de ese año.
Para atender a la población damnificada, la dependencia
federal entregó a la Secretaría de Desarrollo Social estatal, encabezada por
Alfredo Ferrari Saavedra, 33.4 millones de pesos para la compra y reparto de
despensas; 66.5 millones de pesos para la adquisición y distribución de
cobertores y colchonetas; 99.9 millones para la reconstrucción de muros de
casas dañadas, 99.9 millones para la instalación de pisos firmes en zonas de
alta marginación y 99.9 millones para la compra y reparto de techos.
Nada de eso se entregó y, de acuerdo con el Orfis, ocurrió
un daño patrimonial superior a 431 millones de pesos.
Esta práctica fue constante a lo largo del año, lo que da
como saldo 413 mil 025 paquetes de techos fijos no entregados a familias
pobres. Si se considera que en cada hogar habitan, en promedio, cuatro
personas, la corrupción afectó hacia 1.6 millones de habitantes cuyas viviendas
resultaron afectadas por huracanes, lluvias o deslaves.
También se contabilizaron 309 mil 818 despensas no
entregadas a damnificados por desastres naturales, 237 mil 680 cobertores no
facilitados a afectados por los frentes fríos y ondas gélidas, 139 mil 811
colchonetas no repartidas a personas perjudicadas por desastres naturales, 27 mil
777 paquetes para la instalación de piso firme que no se entregaron a familias
de zonas marginadas de la entidad y ocho mil 801 paquetes para instalación de
muros que tampoco se repartieron en hogares ubicados en zonas de alta
marginación.
Por eso es que decimos que el huracán Javidu ha sido el más
dañino y perjudicial, para el pueblo veracruzano, que en dos años no podrá
salir de la crisis en que se encuentra, ya que según los especialistas cuando
menos se necesitan 10 años para al menos pagar parte de la deuda millonaria que
existe por parte del Gobierno del Estado.
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