Muy lento y
fuera de tiempo, se ha visto al gobierno del estado de Veracruz, para tratar de
cuando menos, tratar de dar respuesta, ante el problema de los funcionarios
públicos que fueron sorprendidos conspirando para organizar la compra masiva de
votos en el distrito de Boca del Río.
La primera
reacción, como se ha hecho ya una costumbre, es tratar de minimizar el hecho,
decir que “aquí no pasa nada, no es nada grave, se trata de una guerra sucia”,
mientras que en la capital del país, casi de manera simultánea ya se estaba
anunciando la “separación” del delegado de la Secretaría de Desarrollo Social
la famosa SEDESOL, encargada de manejar y aplicar los programas de apoyo a los
pobres, así como de otros funcionarios de la dependencia.
Aplicando la
política del avestruz, de esconder la cabeza en un hueco, esperando que pase la
tormenta, confiados en que a nivel estatal se tiene el “control” de todo lo que
sucede, no se le quiso dar la dimensión del asunto, hasta que los dirigentes
nacionales del PAN y PRD ahora sí unidos por un mismo propósito, anunciaron que
no participarían más en el llamado Pacto por México, hasta que no se procediera
a aplicar las sanciones a todos los 59 funcionarios federales, estatales y
municipales implicados en el Bocagate.
Ante la
presión de los partidos políticos a nivel nacional, la “respuesta” del gobierno
del estado fue anunciar que se enviaría al secretario de Finanzas, ex alcalde
de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz para que compareciera ante los diputados
locales –que presurosos se adelantaron a advertir que no lo iban ni siquiera a
molestar- para que explicara que lógicamente en las reuniones de conspiración
para comprar votos no se estaban utilizando recursos estatales, claro que no,
son recursos federales.
Pero la
comparecencia ya no se dio ni se dará, porque finalmente, luego de más de una
semana de amenazas a nivel federal, el gobernador Javier Duarte de Ochoa
anunció que se “separaba” no renunciaba ni mucho menos era despedido, su amigo
del alma, quien ya está siendo investigado a nivel federal por la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la
República.
Pero en las
reuniones de conspiración para comprar el voto, no solamente participó Salvador
Manzur Díaz, la lista abarca a más de medio centenar de funcionarios de los
tres niveles de gobierno, que hasta el momento no han sido separados, mucho
menos despedidos de sus cargos, como debió de haber sido desde que se dieron a
conocer los videos en donde se aprecian las maniobras que estaban organizando,
incurriendo en una larga lista de delitos.
Cabe
preguntarse también si únicamente en Boca del Río, estaban siendo organizados
grupos de funcionarios federales, estatales y municipales, para manipular los
recursos públicos en favor de los candidatos a las diputaciones y presidencias
municipales, porque hasta donde se sabe, es tradición, que los titulares de las
dependencias estatales, se les “encargue” trabajar en determinado distrito,
para sacar la elección a favor de los candidatos del partido.
Así las
cosas, se anuncia a nivel federal, que habrá “blindaje” para evitar que
funcionarios públicos sigan utilizando los recursos públicos para la compra de
votos, cuando lo que se debería de hacer es castigar de manera ejemplar a los
que incurran en ese tipo de responsabilidades, para que quienes se sientan
tentados a utilizar el “pinche poder” del que ahora disfrutan de esa manera, al
menos lo piensen dos veces, antes de arriesgar el ir a parar tras las rejas.
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