Sobre las Nuevas Tarifas de Taxis en Veracruz

 

Por Miguel Ángel Cristiani

·       La falta de una política pública efectiva en el sector del transporte

·       Los usuarios tienen derecho a un transporte accesible

·       Se requiere establecer un diálogo abierto que incluya a todos

La reciente aprobación de nuevas tarifas de taxis en el estado de Veracruz ha suscitado una serie de reacciones que van desde la indignación hasta el alivio. ¿Estamos ante un avance que busca regular y dignificar el servicio público, o es simplemente una medida más que perpetúa la desigualdad y el descontento social?

Desde la perspectiva de Pancho López el filósofo ateniense xalapeño, que ha vivido las vicisitudes del transporte en esta entidad, es imperativo analizar estas tarifas no solo como un ajuste económico, sino como un síntoma de un problema más profundo: la falta de una política pública efectiva en el sector del transporte. La nueva tarifa, que incrementa en un 20% el costo de los viajes, se justifica por la necesidad de compensar el alza en los precios de los combustibles y el mantenimiento de los vehículos que se ha mantenido durante muchos años. Sin embargo, esta justificación carece de un contexto más amplio que examine la precariedad laboral de los conductores y la situación económica de los usuarios.

La población, en su mayoría de clase trabajadora, enfrenta un constante dilema: la necesidad de transporte asequible se enfrenta a una realidad de tarifas que cada vez son más difíciles de sostener. Según datos del INEGI, más del 40% de la población veracruzana vive en condiciones de pobreza. En este sentido, el aumento de tarifas no solo afecta el bolsillo, sino que también repercute en la calidad de vida y en la movilidad social.

Las tarifas de taxis, en este contexto, deben ser entendidas como un elemento crucial en la estructura social. Si bien es cierto que los taxistas merecen un ingreso justo, también lo es que los usuarios tienen derecho a un transporte accesible. Aquí surge la necesidad de un equilibrio que, hasta ahora, ha sido esquivo.

¿El cambio en las tarifas ha sido consultado adecuadamente con los usuarios.? La Ley de Transporte del Estado de Veracruz establece que cualquier modificación debe ser discutida en foros abiertos a la ciudadanía. Sin embargo, este proceso ha sido opacado por la falta de transparencia y de un diálogo verdadero entre autoridades y ciudadanos. La participación activa de la sociedad civil es fundamental en este tipo de decisiones, pues no se trata solo de ajustar precios, sino de construir un sistema de transporte que funcione para todos.

Los antecedentes de conflictos entre taxistas y servicios de transporte alternativo como Uber o Didi también son relevantes. Al aumentar las tarifas, se corre el riesgo de que los usuarios opten por plataformas más accesibles, lo que podría generar un efecto colateral negativo en la economía local y en el empleo de los taxistas tradicionales.

Se requiere establecer un diálogo abierto que incluya a todos los actores involucrados: taxistas, usuarios, y expertos en transporte. Además, es crucial que se implementen políticas que promuevan alternativas de movilidad y que garanticen un ingreso justo a quienes prestan este servicio. Las tarifas no deben ser solo un incremento, sino parte de un sistema que busque la equidad y la justicia social.

Ya se ha anunciado una modernización de los camiones urbanos para este mismo año en Xalapa, pero que hay con los taxis, con el servicio de combis colectivas, con las nuevas y más amplias rutas de transporte.

¿Dónde están los taxímetros? ¿Dónde está la capacitación para los conductores? ¿Dónde están los criterios técnicos que sustenten que ese aumento es justo y proporcional? La respuesta es sencilla: no existen. La tarifa sube, pero la calidad no mejora. Y mientras tanto, los usuarios siguen sujetos al humor, la discrecionalidad o la necesidad del conductor de turno. En ciudades como Xalapa o Veracruz puerto, el usuario tiene que “negociar” el precio antes de abordar, como si se tratara de un mercado informal, no de un servicio público.

Y el problema no es nuevo. En Veracruz, el transporte público ha sido históricamente rehén de intereses políticos, de concesiones entregadas como favores, de liderazgos que operan como cárteles económicos disfrazados de sindicatos. Cada sexenio promete “ordenar el transporte”, pero ninguno lo cumple. La anarquía conviene a muchos… menos al ciudadano.

Las tarifas podrían subir mil veces y el problema seguiría siendo el mismo: la falta de reglas, de controles, de visión a largo plazo. Un sistema de transporte moderno no solo se mide por cuánto cuesta, sino por cuán seguro, eficiente y transparente es. Y en eso, Veracruz sigue reprobado.

Es tiempo de hacer las cosas de otra forma. No se trata de castigar al taxista, sino de integrar al sistema. Se necesita formalización, fiscalización y justicia tarifaria para ambos lados. La autoridad debe dejar de ser rehén del sector y empezar a gobernar en serio: con datos, con diagnósticos, con decisión.

Porque si el transporte público no sirve a la ciudadanía, ¿entonces para quién sirve?

Los veracruzanos merecen un transporte digno, accesible y confiable. Subir la tarifa sin subir la calidad es perpetuar el abuso. Y ya es hora de bajarse de ese taxi.

Las nuevas tarifas de taxis en Veracruz son un llamado a la reflexión sobre cómo se gestionan los servicios públicos en nuestro estado. La responsabilidad cívica no solo recae en los gobernantes, sino en cada uno de nosotros, que debemos exigir un transporte digno, accesible y justo. La verdadera transformación social comienza con el cuestionamiento y la participación activa en las decisiones que nos afectan.