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El proceso a ex alcaldes

v    No se ha vuelto a informar sobre los casos de daño patrimonial

v    Ya deberían de haber dictado orden de aprehensión

v    En Angel R. Cabada se detectaron un total de $16,572,837.81

Por Miguel Ángel Cristiani González

Aunque hasta la fecha no se ha informado ni por parte del ORFIS y ni la Fiscalía General del Estado sobre los avances en los casos en que se detectaron posibles casos de daño patrimonial en algunos de los municipios veracruzanos en la Cuenta Pública del ejercicio 2021, no se sabe tampoco si a estas alturas del partido, en que ya han transcurrido los plazos legales, existen algunas ordenes de aprensión en contra de ex alcaldes.

Tanto el ORFIS como la Fiscalía General del Estado se habían comprometido a que se transparentaría la información del proceso a los ex funcionarios municipales, pero eso ya no se cumplió.

Lo último fue el Informe Especial que entregó al Congreso del Estado el ORFIS con los resultados finales de las auditorías practicadas en las que se detectaron una serie de irregularidades.

Por ejemplo el ayuntamiento de Ángel R. Cabada que presidió en la pasada administración Arturo Herviz, se detectaron posibles daños al patrimonio municipal por un total de $16,572,837.81, pero ya no se volvió a informar nada al respecto.    

En ese informe individual de Ángel R. Cabada se establece que las observaciones que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal y de las cuales el ORFIS promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con las Leyes General de Responsabilidades Administrativas y de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2021 y los plazos legales para la solventación de los resultados notificados en el Pliego de Observaciones, el ORFIS dictamina que derivado del análisis efectuado a las aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria presentadas, éstas no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir la comisión de faltas administrativas y/o la presunta existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, respecto de la gestión financiera del H. Ayuntamiento de Ángel R. Cabada.

La Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio 2021 se practicó sobre la totalidad de la información proporcionada por el Ente Fiscalizable, por lo que la veracidad de la misma es responsabilidad de las y los servidores públicos que administraron los recursos del ejercicio que se auditó. La revisión efectuada por el ORFIS fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, aplicando los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente Informe Individual.

Las observaciones que implican la inobservancia de disposiciones legales o que denotan una deficiencia administrativa por error, omisión o negligencia, pero que no causan perjuicio a la Hacienda Pública, incluidas en el correspondiente apartado, de las que el Titular del Órgano Interno de Control deberá continuar con la investigación respectiva y promover las acciones que procedan, informando al ORFIS dentro de los treinta días hábiles siguientes a la vista desahogada, el número de expediente y fecha con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo. Asimismo, deberá remitir al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determine, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión.

Los plazos para poder justificar las observaciones e irregularidades detectadas en las auditorías ya han fenecido, pero ya no se ha vuelto a tratar el tema, como ocurre siempre que se supone que ya se deberían de tener ordenes de aprehensión en contra de los ex funcionarios que no solventaron los daños patrimoniales millonarios.

Seguramente que los involucrados ya van a haber puesto distancia de por medio, porque sabedores de que pueden ser detenidos, no van a estar esperando a que vayan a buscarlos.

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