Dos Bocas: la refinería que aún no refina

 

Por Miguel Ángel Cristiani

En México tenemos la costumbre de inaugurar obras inconclusas y aplaudir promesas como si fueran resultados. La Refinería Olmeca, mejor conocida como Dos Bocas, es el ejemplo más reciente y más costoso de ese viejo vicio político. Desde su inauguración en julio de 2022, se nos ha vendido como el buque insignia de la autosuficiencia energética, pero los hechos se empeñan en desmentir el discurso: sobrecostos estratosféricos, retrasos interminables, producción muy por debajo de la prometida y, ahora, la paradoja de una refinería “estratégica” fuera de operación por un simple corte de energía eléctrica.

La planta, ubicada en Paraíso, Tabasco, debía ser la joya de la corona de la política energética de la llamada Cuarta Transformación. Se presentó como el proyecto que nos liberaría de la dependencia de combustibles importados, sobre todo de Estados Unidos. Pero a dos años de haber sido inaugurada, su desempeño dista mucho de la autosuficiencia prometida: en julio procesó 156 mil barriles diarios, menos de la mitad de su capacidad diseñada (340 mil). Y de esa cifra, solo 57 mil barriles se convirtieron en gasolina y 76 mil en diésel. En otras palabras, su producción real sigue siendo marginal frente a la demanda nacional de combustibles.

El contraste entre el discurso y la realidad no es menor. El presidente López Obrador prometió que Dos Bocas costaría 8 mil millones de dólares; el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos estima que la cifra real ya rebasa los 21 mil millones. Es decir, un incremento del 162 %. En cualquier país serio, semejante desfase presupuestal sería motivo de escándalo, investigaciones y sanciones. Aquí, en cambio, se normaliza y hasta se celebra como “inversión estratégica”.

Las cifras oficiales de Pemex confirman los tropiezos: en junio la refinería alcanzó un pico de 191 mil barriles diarios; en julio la producción cayó 9.5 %. La gasolina refinada bajó 27 % en ese mismo periodo. Y aunque el diésel mostró un alza del 18 %, el balance general sigue estando muy lejos de justificar la inversión faraónica.

No es la primera vez que un megaproyecto energético se hunde en sus propias contradicciones. Baste recordar los elefantes blancos de Pemex en décadas pasadas: plantas petroquímicas subutilizadas, gasoductos ociosos, refinerías que nunca llegaron a su capacidad prometida. Dos Bocas no rompe con esa tradición; más bien, la perpetúa con un costo mayor y un disfraz propagandístico de “soberanía energética”.

El problema no es solo técnico ni financiero, sino estructural. La política energética mexicana sigue atrapada en un modelo del siglo pasado: apostar por refinar más petróleo en lugar de transitar hacia energías limpias y diversificadas. El mundo avanza hacia la descarbonización; México se aferra al crudo. Así, Dos Bocas no solo es un proyecto caro e ineficiente, también es una apuesta contraria a las tendencias globales.

Ahora bien, el contexto político tampoco es menor. En vísperas del arranque del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, se anuncia la creación de un fondo de inversión de 250 mil millones de pesos para financiar proyectos estratégicos y aliviar la deuda de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo. Además, se proyectan 105 mil millones de pesos adicionales para el mantenimiento y operación de refinerías. La apuesta, de nuevo, es sostener a costa del erario una empresa que no logra levantar cabeza.

El gobierno asegura que, en 2025, Dos Bocas alcanzará su capacidad máxima de 340 mil barriles diarios. ¿Será? Los antecedentes invitan al escepticismo. En mayo, la planta produjo apenas 43 mil barriles diarios de gasolina, una cuarta parte de lo que supuestamente debería generar. ¿Cómo confiar en que el próximo año, por arte de magia, logrará multiplicar su producción por ocho?

Más allá de las cifras, lo que Dos Bocas simboliza es la persistencia de una visión política que confunde soberanía con terquedad. No se trata de negar la importancia de la seguridad energética, pero sí de reconocer que no se alcanza con elefantes blancos ni con obras inauguradas al vapor para presumir en giras presidenciales. La soberanía energética requiere planeación, diversificación, transición hacia renovables y, sobre todo, transparencia en el uso de los recursos públicos.

Dos Bocas debería ser, más que motivo de aplauso, una llamada de atención. Una refinería que costó más del doble de lo presupuestado, que opera a medias, que se apaga por un corte eléctrico y que produce menos de lo esperado, no puede presentarse como triunfo nacional. Es, en todo caso, un recordatorio de que la política energética mexicana sigue atada a inercias, intereses y discursos que no resisten el contraste con la realidad.

El reto de la próxima administración será decidir si continúa alimentando este espejismo con más dinero público, o si, de una vez por todas, se reconoce que la soberanía no se construye con proyectos faraónicos sino con políticas sensatas, honestas y sustentables. Mientras tanto, Dos Bocas seguirá siendo lo que hasta hoy: una refinería que refina poco, cuesta demasiado y simboliza mucho de lo que México necesita superar

 

Tuxpan: ¿polo de desarrollo o polo de promesas?

Por Miguel Ángel Cristiani

Desafortunadamente abundan las declaratorias solemnes y los acuerdos firmados con tinta burocrática que, en el papel, suenan a modernidad, progreso y bienestar. La más reciente joya de este repertorio oficial es la Declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI) Tuxpan, Veracruz, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado martes 26 de agosto. Una superficie de poco más de 235 hectáreas en la costa norte de Veracruz ha sido bendecida, según el discurso gubernamental, como epicentro de inversiones, empleos dignos y cadenas productivas. Pero la pregunta incómoda —la que todo ciudadano debería hacerse— es: ¿estamos ante un verdadero proyecto de desarrollo o frente a una más de esas quimeras que terminan en terrenos baldíos y elefantes blancos?

La declaratoria se ampara en el Plan México 2025-2030, presentado por la presidenta de la República como la ruta para colocar a México entre las diez principales economías del mundo. Palabras mayores. La idea, en teoría, es fortalecer el mercado interno, impulsar la innovación y la industria nacional y generar empleos bien remunerados. Tuxpan aparece como pieza estratégica por su puerto, su cercanía a la Ciudad de México y su vocación agroindustrial y energética.

En el papel, no hay fisuras: ubicación privilegiada, conectividad marítima y terrestre, vocaciones productivas que van de la logística al sector textil, y hasta el visto bueno ambiental de la Semarnat. Pero la historia del desarrollo regional en México está plagada de decretos similares que terminaron en fracaso: basta recordar el Plan La Chontalpa en Tabasco en los años sesenta, los polos de crecimiento industrial en los setenta, o más recientemente las Zonas Económicas Especiales (ZEE) impulsadas en 2016 y canceladas por el actual gobierno en 2019. Todas prometían dinamismo económico, todas juraban empleo y bienestar; ninguna cumplió.

Tuxpan no es ajeno a estas dinámicas. Desde hace décadas se le presenta como la “joya logística del Golfo”: puerto cercano al centro del país, conexión carretera hacia la capital, vocación petrolera y agroindustrial. Sin embargo, la realidad es que el rezago social sigue marcando la vida cotidiana de sus habitantes. Según el Coneval, Veracruz mantiene índices de pobreza superiores al 50%. En Tuxpan, las comunidades indígenas, invisibilizadas en la declaratoria oficial, sobreviven con carencias estructurales en salud, educación y servicios básicos.

El acuerdo publicado asegura que el INPI no detectó afectaciones a comunidades indígenas, y por lo tanto no era necesario realizar consulta previa. La afirmación es jurídicamente impecable, pero políticamente preocupante: se opta por la salida fácil antes que por el diálogo real con la población, que a fin de cuentas será la primera en experimentar los impactos —positivos o negativos— de este proyecto.

Tampoco es menor el asunto ambiental. Aunque la Semarnat determinó que el polígono es viable y no colinda con áreas naturales protegidas, lo cierto es que se ubica en un corredor bioclimático relevante para la conectividad ecológica regional. Se habla de vegetación secundaria y de la necesidad de cambio de uso de suelo, pero la experiencia enseña que los “estudios técnicos justificativos” suelen ser más un trámite que una garantía real de sustentabilidad.

La memoria colectiva recuerda lo ocurrido con otros megaproyectos energéticos y portuarios en el país: devastación ambiental, comunidades desplazadas y beneficios concentrados en unos cuantos inversionistas. Tuxpan no debería repetir esa historia.

El acuerdo establece que las actividades productivas prioritarias serán la logística, la agroindustria, la industria ligera, la textil especializada y, cómo no, la energética. No cabe duda: Tuxpan se perfila como nodo de la nueva estrategia de industrialización mexicana. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿qué parte de esa riqueza se traducirá en bienestar tangible para la población local? ¿O será, como tantas veces, un polo de beneficios fiscales para grandes corporaciones, mientras los pobladores siguen atrapados en el círculo de la pobreza y la migración?

El reto es monumental. Si este PODECOBI se limita a maquillar estadísticas de inversión extranjera directa, el resultado será un espejismo más. Si en cambio logra articular a los pequeños productores, generar empleos con salarios dignos y respetar el medio ambiente, podría ser una palanca real de transformación.

La declaratoria del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Tuxpan representa una oportunidad, sí, pero también un enorme riesgo. La historia enseña que los planes sexenales suelen naufragar cuando se topan con la corrupción, la improvisación o el simple desinterés político.

La ciudadanía tiene derecho a dudar, a exigir transparencia, a demandar que las promesas no se queden en boletines oficiales. Porque el verdadero bienestar no se decreta en el Diario Oficial: se construye con empleos estables, con servicios de calidad, con respeto a la dignidad de la gente.

La disyuntiva está planteada: o Tuxpan se convierte en motor de desarrollo regional, o en otro monumento a las promesas incumplidas del poder.

El informe de Martín Aguilar: crónica de una legitimidad impostada

Por Miguel Ángel Cristiani

¿De qué sirve rendir un informe si la comunidad universitaria no confía en quien lo presenta? Esa es la pregunta que se impone a la víspera del IV Informe de Labores del rector Martín Aguilar Sánchez, programado para este 27 de agosto en la Sala Tlaqná de la Universidad Veracruzana (UV). Lo que debería ser un acto solemne de rendición de cuentas ante el Consejo Universitario General, corre el riesgo de convertirse en un espectáculo diseñado para maquillar una prórroga que buena parte de la comunidad percibe como ilegal, ilegítima y contraria al espíritu universitario.

No se trata de un capricho ni de un berrinche estudiantil, como algunos intentarán presentarlo. La inconformidad que ha motivado la convocatoria de la Red de la UV por la Legalidad tiene raíces profundas: la extensión del mandato rectoral más allá de lo previsto en la normatividad universitaria, una decisión que huele más a maniobra política que a reforma legítima. La universidad pública, conviene recordarlo, no es propiedad privada de sus autoridades en turno, sino un bien social cuyo gobierno debe ajustarse a la transparencia, la legalidad y el consenso.

El contraste entre el discurso y la realidad será evidente mañana. Mientras adentro de la Sala Tlaqná se desplegará un evento cuidadosamente orquestado —con invitados especiales, acarreados y controles estrictos de acceso para blindar a los inconformes—, afuera resonará la protesta de académicos, estudiantes y trabajadores que se niegan a convalidar lo que consideran un atropello. Se han convocado lonas, pancartas y vestimenta negra como símbolos de duelo por la institucionalidad universitaria mancillada.

No es la primera vez que en la UV se vive esta tensión entre la comunidad y la rectoría. La historia universitaria está marcada por episodios de resistencia contra los intentos de perpetuación o manipulación de las normas internas. Desde los movimientos estudiantiles de los setenta, pasando por las pugnas sindicales y las reformas estatutarias discutidas con desdén, hasta las actuales manifestaciones, la universidad ha sido un termómetro de las libertades y, también, de los abusos. Cada generación ha debido recordar a las autoridades que el poder rectoral no es vitalicio ni monárquico, sino estrictamente acotado.

El fondo del asunto es más grave que un simple acto protocolario. Lo que se juega aquí es el principio de legalidad dentro de la máxima casa de estudios de Veracruz. Si en la universidad se relativiza la ley, si se normaliza la arbitrariedad y se sofoca la disidencia con puertas cerradas y accesos controlados, ¿qué mensaje se transmite a los jóvenes que ahí se forman? La universidad, por definición, debería ser el espacio donde florece el debate crítico, no donde se clausura bajo la lógica de la conveniencia política.

El rector Aguilar podrá ofrecer cifras, logros académicos y proyectos culturales en su informe; podrá presumir reconocimientos y alianzas institucionales. Pero todo ello quedará en entredicho si el acto mismo que preside se percibe como una puesta en escena para revestir de legitimidad una prórroga cuestionada. La credibilidad, en política como en academia, no se fabrica con discursos ni con cenas posteriores: se construye con respeto a las reglas, apertura al diálogo y congruencia ética.

La manifestación pacífica convocada por la Red de la UV por la Legalidad es, en este contexto, un ejercicio cívico imprescindible. No se trata de un linchamiento, sino de un recordatorio: la universidad pertenece a la sociedad, no al capricho de un rector ni a las complicidades de un consejo dócil. Vestirse de negro mañana será un acto simbólico, pero cargado de dignidad: el duelo no es solo por la legalidad violentada, sino por la esperanza de que la UV vuelva a ser un espacio de libertad crítica, no un escenario de legitimaciones impostadas.

Al final, el verdadero informe no será el que se lea en el podio ni el que aplaudan los invitados en la Tlaqná. El verdadero informe será la expresión de la comunidad universitaria en las calles, con pancartas y consignas, reclamando algo tan elemental como el respeto a la ley. Porque si la universidad pública pierde su legalidad, pierde también su alma.

 

CLAROSCUROS Irma Hernández Cruz (+), Rocío Nahle García: discurso político atrapado en su propio laberinto José Luis Ortega Vidal (1) A partir del jueves 18 –día del secuestro de la maestra Irma Hernández Cruz-; durante el jueves 24 –al ser hallado su cuerpo sin vida-; el viernes 25 –al afirmar en una entrevista radiofónica que murió de un infarto- y de manera destacada el lunes 28 de julio –fecha del dramático “les guste o no les guste”-; el discurso de la gobernadora Rocío Nahle García ha caído en una espiral negativa como consecuencia de su profunda falla verbal y porque ella misma no termina de construir estrategias para frenar su impetuosa vocación de hablar sin contar con colchones que suavicen las caídas del bla, bla, bla. El eco discursivo de un diagnóstico falso emitido desde el poder ejecutivo –ajeno, por ley, a esa tarea- acompañará en el imaginario colectivo la impactante recomendación de Irma Hernández Cruz a sus colegas taxistas a pagar la extorsión o derecho de piso porque “con la mafia veracruzana no se juega…” La imagen de Nahle llamando miserables a quienes lucran con el luto de la familia de la maestra cuyas condiciones cardíacas resultaron débiles, ha resultado tan poderosa como el video de la señora taxista sometida de rodillas frente a una docena de sicarios con metralletas en ristre en algún paraje de Álamo Temapache. Al respecto el problema estriba en una contradicción cruel e imborrable, día con día repleta de consecuencias políticas: los sicarios cobardes asesinaron a la maestra Irma Hernández Cruz, mientras el Estado –en este caso el gobierno estatal veracruzano- se empeñó durante diez días en minimizar su desaparición, guardar silencio hasta lo posible frente a las imágenes que daban vuelta al mundo y demostrar bajo el amparo de la oratoria oficial la existencia de un asesinato con víctima pero sin asesinos, porque el corazón de la mujer secuestrada y torturada simplemente se detuvo. (2) El discurso político resulta pieza clave en el ejercicio del poder; un representante del Estado puede comunicarse a fondo con el pueblo al que representa con solo unos minutos bien aprovechados para transmitir confianza, empatía, entendimiento. Dichas herramientas se traducen en control, alianzas, respeto, certeza, construcción de caminos por donde habrán de avanzar planes y proyectos de gobierno. A su vez un mal discurso o la comisión de errores graves durante unos cuantos momentos frente a un micrófono que resuena en millones de ciudadanos, es capaz de tirar no sólo la imagen de un personaje, sino una parte fundamental de su futuro político, o todos sus planes si las fallas en el lenguaje corporal, la exposición de ideas falaces o el contenido irresponsable, inoportuno, incongruente, insensible, continúan. CNN en Español -canal de televisión originalmente dirigido al público de habla en inglesa en Estados Unidos con réplica para los hispanoparlantes en territorio norteamericano, en México y Latinoamérica-, publicó una nota sobre el secuestro y asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, quien conducía uno de sus dos taxis y fue víctima del cártel “La sombra” o “Nueva Mafia Veracruzana”, por no pagarles el derecho de piso o extorsión. La nota de CNN en Español, firmada por el reportero Mauricio Torres y difundida el sábado pasado, incluye párrafos donde se lee: “La muerte de la maestra, que la Fiscalía investiga como un caso de secuestro y homicidio en el que la víctima sufrió tortura, puso la mira de las autoridades estatales y federales sobre la actividad de Mafia Veracruzana, un grupo criminal relacionado con diversos hechos de violencia recientes en ese estado del este de México.” “El 2 de agosto, solo unos días después del hallazgo del cuerpo de Hernández Cruz, otro suceso brindó una muestra.” “Dentro del penal de Tuxpan, un municipio ubicado a unos 38 kilómetros de Álamo, un motín causó la muerte de nueve personas y dejó heridas a otras 10, informó la Fiscalía de Veracruz.” (2) La nota de Mauricio Torres en CNN aborda dos hechos: el asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz –en Álamo, Temapache- y el motín del penal o CERESO en Tuxpan de Rodríguez Cano, ambos municipios colindantes en la región huasteca del estado de Veracruz. Al otro lado del mundo, en España, la reportera Verónica M. Garrido publicó en el diario El País una nota titulada: Nahle, sobre la muerte de la taxista secuestrada en Veracruz: “Les guste o no, murió de un infarto” A diferencia de CNN, El País atendió de inmediato las palabras de la gobernadora lanzadas durante su rueda de prensa semanal aquel lunes veintiocho, guardado en la memoria como escenario fatal para el discurso de la primera autoridad veracruzana. El columnista mexicano Salvador Camarena había publicado el sábado veintiséis de julio, también en El País y en periódicos mexicanos, su artículo “La insoportable vejación de una maestra jubilada”, donde apuntó: “Ahí donde la falla del Estado es sistémica, la extorsión se entroniza como crimen perfecto. Es un delito de delitos y, en el caso de México, la palmaria constatación de que en este país resulta más creíble la amenaza de los criminales que la promesa de las instituciones, cuya legitimidad se desmorona con cada tributo extraído a punto de pistola”. “Irma Hernández Cruz es la más reciente cara del horror mexicano. Jubilada y taxista, desapareció el 18 de julio. Un video donde cobardes encapuchados la hacen declarar que “con la mafia veracruzana no se juega” es lo último que se supo de ella hasta el jueves, cuando apareció su cadáver”. Al sábado veintiséis de julio, cuando se publicó el texto de Camarena, la gobernadora Rocío Nahle aún no replicaba su argumento de la muerte por infarto (y no por asesinato) de la maestra Irma Hernández Cruz; afirmación originalmente expuesta ante XEU, una radiodifusora local en la ciudad y puerto de Veracruz, que Nahle convertiría en “joya” de triste memoria en los anales discursivos de la política nacional, tres días más tarde y desde el palacio de gobierno a su cargo. La BBC de Reino Unido vía Daniel Pardo, su corresponsal en México, dio cobertura a la trágica historia de la maestra Irma Hernández Cruz. Su nota se titula: “Irma Hernández: por qué la extorsión y el asesinato de la maestra jubilada y taxista ha tenido tanto impacto en México, un país harto de la violencia” Retomo párrafos clave del extenso reportaje de Pardo y la BBC en Europa y en México: “Casos como el suyo ocurren casi todos los días en México, pero el de Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada convertida en taxista que fue extorsionada y asesinada en Veracruz, conmovió a los mexicanos. Por su edad de 62 años, por su pasado como profesora, por el video en el que aparece esposada, arrodillada, con una decena de hombres armados y encapuchados pidiendo a sus "compañeros taxistas" que "paguen su cuota o van a terminar como yo". Añade: "Terminar" como ella, da a entender en el video, sería acabar muertos por negarse a pagar la extorsión —conocida como "derecho a piso"— que los grupos armados cobran no solo a los taxistas de Álamo, el municipio del norte de Veracruz donde estaba Irma, sino a comerciantes, transportistas y demás trabajadores locales. Quizá, también, la conmoción se dio porque muchos mexicanos se vieron identificados con Irma.” “Pero podría haber sido el caso de Abel Hernández Parada, taxista de 44 años que mataron en marzo a balazos en plena calle de Tuxpan, al norte de Veracruz. O también el de Óscar Jiménez, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado decapitado cerca de su taxi en Las Choapas. Al menos siete taxistas han sido asesinados este año en Veracruz. Pero hay estados, como Guerrero, donde se han registrado 25 casos similares solo este año.” Daniel Pardo puntualiza: “Las autoridades no pueden con la extorsión La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce que la extorsión es uno de los delitos —junto con las desapariciones— que su ambiciosa estrategia de Seguridad no ha logrado contener. "Es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando", dijo en julio, cuando lanzó una estrategia antiextorsión: crearon unidades especializadas, aumentaron recursos para la línea de denuncia y lanzaron una campaña de prevención, entre otras medidas. Sobre el caso de Hernández, la mandataria lamentó los hechos, prometió cero impunidad, destacó los tres arrestos relacionados realizados por la fiscalía local y apoyó a la gobernadora, Rocío Nahle García, compañera en la coalición de Morena. García generó polémica cuando destacó que Hernández Cruz había muerto por un infarto, dando a entender que no había sido asesinada. Luego clarificó: "Es de miserables (con) una familia enlutada llevarlo a niveles de escándalo, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley, aquí está, la maestra Irma Hernández fue violentada y después de ser violentada, después de ser violentada desgraciadamente sufrió un infarto". El médico, en efecto, confirmó que el cuerpo tenía múltiples lesiones externas que posiblemente comprometieron su corazón. Sheinbaum, aunque no desmintió la versión del infarto, calificó el caso de "homicidio". Para muchos mexicanos, en todo caso, la declaración de García sirvió como prueba de la supuesta negligencia de las autoridades. En México, el 90% de los homicidios no se revuelve y solo el 2% de las denuncias de extorsión —según cifras de México Evalúa, un centro de estudios— se traducen en condenas. (3) El corresponsal en México de la BBC lanza una pregunta, al mismo tiempo de proponer potenciales respuestas: “Irma Hernández: por qué la extorsión y el asesinato de la maestra jubilada y taxista ha tenido tanto impacto en México, un país harto de la violencia” Aparentemente la respuesta más obvia estaría en la exposición visual del salvajismo inhumano del cártel Sombra al exhibir en video el sometimiento de la profesora que días más tarde fue hallada sin vida. En lo particular, empero, no comparte esta versión por simplista. En todo caso, el alto impacto generado por el asesinato de la profesora Irma Hernández Cruz provendría de condiciones tan multifactoriales como inagotables. A guisa de resumen me quedo con dos: -En el México de hoy todos somos Irma Hernández Cruz y su asesinato nos asesina, así sea de un modo mínimo y/o traumatizante –cada quien es dueño de su resistencia y su resiliencia, si acaso le quedan-. Aun cuando no se reconoce oficialmente y nuestros investigadores académicos e intelectuales no terminan de ponerse de acuerdo, México padece la construcción de un Estado paralelo en entidades, regiones, zonas, municipios donde el estado de Derecho, la democracia, el andamiaje institucional, la justicia, la seguridad, dejaron de arribar, nunca llegaron o se marcharon a lo largo de décadas, lustros, años, meses, días… Ese Estado paralelo cada vez más poderoso y construido por el crimen organizado, incluye elementos de Estado fallido; rompimiento del tejido social; corrupción oficial y social en todos los niveles, con la participación de todas las clases sociales; así como la renuncia estatal al monopolio de la violencia. Añadamos, por si hiciera falta, la crisis de un discurso oficial que en el caso de la gobernadora Rocío Nahle no encuentra salidas dentro de su propio laberinto.

 CLAROSCUROS

José Luis Ortega Vidal

(1)

A partir del jueves 18 –día del secuestro de la maestra Irma Hernández Cruz-; durante el jueves 24 –al ser hallado su cuerpo sin vida-; el viernes 25 –al afirmar en una entrevista radiofónica que murió de un infarto- y de manera destacada el lunes 28 de julio –fecha del dramático “les guste o no les guste”-; el discurso de la gobernadora Rocío Nahle García ha caído en una espiral negativa como consecuencia de su profunda falla verbal y porque ella misma no termina de construir estrategias para frenar su impetuosa vocación de hablar sin contar con colchones que suavicen las caídas del bla, bla, bla.

El eco discursivo de un diagnóstico falso emitido desde el poder ejecutivo –ajeno, por ley, a esa tarea- acompañará en el imaginario colectivo la impactante recomendación de Irma Hernández Cruz a sus colegas taxistas a pagar la extorsión o derecho de piso porque “con la mafia veracruzana no se juega…”

La imagen de Nahle llamando miserables a quienes lucran con el luto de la familia de la maestra cuyas condiciones cardíacas resultaron débiles, ha resultado tan poderosa como el video de la señora taxista sometida de rodillas frente a una docena de sicarios con metralletas en ristre en algún paraje de Álamo Temapache.

Al respecto el problema estriba en una contradicción cruel e imborrable, día con día repleta de consecuencias políticas: los sicarios cobardes asesinaron a la maestra Irma Hernández Cruz, mientras el Estado –en este caso el gobierno estatal veracruzano- se empeñó durante diez días en minimizar su desaparición, guardar silencio hasta lo posible frente a las imágenes que daban vuelta al mundo y demostrar bajo el amparo de la oratoria oficial la existencia de un asesinato con víctima pero sin asesinos, porque el corazón de la mujer secuestrada y torturada simplemente se detuvo.

(2)

El discurso político resulta pieza clave en el ejercicio del poder; un representante del Estado puede comunicarse a fondo con el pueblo al que representa con solo unos minutos bien aprovechados para transmitir confianza, empatía, entendimiento.

Dichas herramientas se traducen en control, alianzas, respeto, certeza, construcción de caminos por donde habrán de avanzar planes y proyectos de gobierno.

A su vez un mal discurso o la comisión de errores graves durante unos cuantos momentos frente a un micrófono que resuena en millones de ciudadanos, es capaz de tirar no sólo la imagen de un personaje, sino una parte fundamental de su futuro político, o todos sus planes si las fallas en el lenguaje corporal, la exposición de ideas falaces o el contenido irresponsable, inoportuno, incongruente, insensible, continúan.

CNN en Español -canal de televisión originalmente dirigido al público de habla en inglesa en Estados Unidos con réplica para los hispanoparlantes en territorio norteamericano, en México y Latinoamérica-, publicó una nota sobre el secuestro y asesinato de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, quien conducía uno de sus dos taxis y fue víctima del cártel “La sombra” o “Nueva Mafia Veracruzana”, por no pagarles el derecho de piso o extorsión.

La nota de CNN en Español, firmada por el reportero Mauricio Torres y difundida el sábado pasado, incluye párrafos donde se lee:

“La muerte de la maestra, que la Fiscalía investiga como un caso de secuestro y homicidio en el que la víctima sufrió tortura, puso la mira de las autoridades estatales y federales sobre la actividad de Mafia Veracruzana, un grupo criminal relacionado con diversos hechos de violencia recientes en ese estado del este de México.”

“El 2 de agosto, solo unos días después del hallazgo del cuerpo de Hernández Cruz, otro suceso brindó una muestra.”

“Dentro del penal de Tuxpan, un municipio ubicado a unos 38 kilómetros de Álamo, un motín causó la muerte de nueve personas y dejó heridas a otras 10, informó la Fiscalía de Veracruz.”

(2)

La nota de Mauricio Torres en CNN aborda dos hechos: el asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz –en Álamo, Temapache- y el motín del penal o CERESO en Tuxpan de Rodríguez Cano, ambos municipios colindantes en la región huasteca del estado de Veracruz.

Al otro lado del mundo, en España, la reportera Verónica M. Garrido publicó en el diario El País una nota titulada:

Nahle, sobre la muerte de la taxista secuestrada

en Veracruz: “Les guste o no, murió de un infarto”

A diferencia de CNN, El País atendió de inmediato las palabras de la gobernadora lanzadas durante su rueda de prensa semanal aquel lunes veintiocho, guardado en la memoria como escenario fatal para el discurso de la primera autoridad veracruzana.

El columnista mexicano Salvador Camarena había publicado el sábado veintiséis de julio, también en El País y en periódicos mexicanos, su artículo “La insoportable vejación de una maestra jubilada”, donde apuntó:

“Ahí donde la falla del Estado es sistémica, la extorsión se entroniza como crimen perfecto. Es un delito de delitos y, en el caso de México, la palmaria constatación de que en este país resulta más creíble la amenaza de los criminales que la promesa de las instituciones, cuya legitimidad se desmorona con cada tributo extraído a punto de pistola”.

“Irma Hernández Cruz es la más reciente cara del horror mexicano. Jubilada y taxista, desapareció el 18 de julio. Un video donde cobardes encapuchados la hacen declarar que “con la mafia veracruzana no se juega” es lo último que se supo de ella hasta el jueves, cuando apareció su cadáver”.

Al sábado veintiséis de julio, cuando se publicó el texto de Camarena, la gobernadora Rocío Nahle aún no replicaba su argumento de la muerte por infarto (y no por asesinato) de la maestra Irma Hernández Cruz; afirmación originalmente expuesta ante XEU, una radiodifusora local en la ciudad y puerto de Veracruz, que Nahle convertiría en “joya” de triste memoria en los anales discursivos de la política nacional, tres días más tarde y desde el palacio de gobierno a su cargo.

La BBC de Reino Unido vía Daniel Pardo, su corresponsal en México, dio cobertura a la trágica historia de la maestra Irma Hernández Cruz. Su nota se titula:

“Irma Hernández: por qué la extorsión y el asesinato de la maestra jubilada y taxista ha tenido tanto impacto en México, un país harto de la violencia”

Retomo párrafos clave del extenso reportaje de Pardo y la BBC en Europa y en México:

“Casos como el suyo ocurren casi todos los días en México, pero el de Irma Hernández Cruz, la maestra jubilada convertida en taxista que fue extorsionada y asesinada en Veracruz, conmovió a los mexicanos.

Por su edad de 62 años, por su pasado como profesora, por el video en el que aparece esposada, arrodillada, con una decena de hombres armados y encapuchados pidiendo a sus "compañeros taxistas" que "paguen su cuota o van a terminar como yo".

Añade:

"Terminar" como ella, da a entender en el video, sería acabar muertos por negarse a pagar la extorsión —conocida como "derecho a piso"— que los grupos armados cobran no solo a los taxistas de Álamo, el municipio del norte de Veracruz donde estaba Irma, sino a comerciantes, transportistas y demás trabajadores locales.

Quizá, también, la conmoción se dio porque muchos mexicanos se vieron identificados con Irma.”

“Pero podría haber sido el caso de Abel Hernández Parada, taxista de 44 años que mataron en marzo a balazos en plena calle de Tuxpan, al norte de Veracruz. O también el de Óscar Jiménez, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado decapitado cerca de su taxi en Las Choapas.

Al menos siete taxistas han sido asesinados este año en Veracruz. Pero hay estados, como Guerrero, donde se han registrado 25 casos similares solo este año.”

Daniel Pardo puntualiza:

“Las autoridades no pueden con la extorsión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce que la extorsión es uno de los delitos —junto con las desapariciones— que su ambiciosa estrategia de Seguridad no ha logrado contener.

"Es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando", dijo en julio, cuando lanzó una estrategia antiextorsión: crearon unidades especializadas, aumentaron recursos para la línea de denuncia y lanzaron una campaña de prevención, entre otras medidas.

Sobre el caso de Hernández, la mandataria lamentó los hechos, prometió cero impunidad, destacó los tres arrestos relacionados realizados por la fiscalía local y apoyó a la gobernadora, Rocío Nahle García, compañera en la coalición de Morena.

García generó polémica cuando destacó que Hernández Cruz había muerto por un infarto, dando a entender que no había sido asesinada.

Luego clarificó: "Es de miserables (con) una familia enlutada llevarlo a niveles de escándalo, pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley, aquí está, la maestra Irma Hernández fue violentada y después de ser violentada, después de ser violentada desgraciadamente sufrió un infarto".

El médico, en efecto, confirmó que el cuerpo tenía múltiples lesiones externas que posiblemente comprometieron su corazón.

Sheinbaum, aunque no desmintió la versión del infarto, calificó el caso de "homicidio".

Para muchos mexicanos, en todo caso, la declaración de García sirvió como prueba de la supuesta negligencia de las autoridades. En México, el 90% de los homicidios no se revuelve y solo el 2% de las denuncias de extorsión —según cifras de México Evalúa, un centro de estudios— se traducen en condenas.

(3)

El corresponsal en México de la BBC lanza una pregunta, al mismo tiempo de proponer potenciales respuestas:

“Irma Hernández: por qué la extorsión y el asesinato de la maestra jubilada y taxista ha tenido tanto impacto en México, un país harto de la violencia”

Aparentemente la respuesta más obvia estaría en la exposición visual del salvajismo inhumano del cártel Sombra al exhibir en video el sometimiento de la profesora que días más tarde fue hallada sin vida.

En lo particular, empero, no comparte esta versión por simplista.

En todo caso, el alto impacto generado por el asesinato de la profesora Irma Hernández Cruz provendría de condiciones tan multifactoriales como inagotables.

A guisa de resumen me quedo con dos:

-En el México de hoy todos somos Irma Hernández Cruz y su asesinato nos asesina, así sea de un modo mínimo y/o traumatizante –cada quien es dueño de su resistencia y su resiliencia, si acaso le quedan-.

Aun cuando no se reconoce oficialmente y nuestros investigadores académicos e intelectuales no terminan de ponerse de acuerdo, México padece la construcción de un Estado paralelo en entidades, regiones, zonas, municipios donde el estado de Derecho, la democracia, el andamiaje institucional, la justicia, la seguridad, dejaron de arribar, nunca llegaron o se marcharon a lo largo de décadas, lustros, años, meses, días…

Ese Estado paralelo cada vez más poderoso y construido por el crimen organizado, incluye elementos de Estado fallido; rompimiento del tejido social; corrupción oficial y social en todos los niveles, con la participación de todas las clases sociales; así como la renuncia estatal al monopolio de la violencia.

Añadamos, por si hiciera falta, la crisis de un discurso oficial que en el caso de la gobernadora Rocío Nahle no encuentra salidas dentro de su propio laberinto.

El Tren Maya: boleto de oro a ninguna parte

 

Por Miguel Ángel Cristiani

Si en México tuviéramos un premio Guinness al despilfarro, el Tren Maya se lo llevaría sin competencia. Porque lograr que un tren “popular” salga más caro por pasajero que un jet privado no es una torpeza: es un arte.

Las cuentas son tan escandalosas como sencillas: 1 millón 504 mil 319 pasajeros transportados con un gasto de 544 mil millones de pesos. La división no miente: 361 mil 679 pesos por cada asiento ocupado. En otras palabras, cada boleto costó lo que una camioneta nueva de agencia… pero sin aire acondicionado ni garantía.

La ironía es deliciosa: el tren que se vendió como símbolo de justicia social resulta más elitista que la aviación ejecutiva. Un vuelo solitario en un Learjet 31 —sí, con toda la tripulación dedicada a usted— cuesta entre 65 mil y 88 mil pesos. O sea, viajar como magnate habría salido cinco veces más barato que subirse al tren de la “austeridad republicana”.

Y al menos el jet privado deja impuestos, empleos y derrama económica. El Tren Maya, en cambio, solo deja un boquete en las finanzas públicas y un recuerdo turístico en Instagram.

Mientras tanto, los campesinos de Chiapas que ni boleto han visto, los trabajadores de maquila en el norte y los maestros que viajan en autobuses destartalados son quienes pagan el capricho. Porque aquí la justicia social se entiende así: los pobres subsidian un tren de lujo para que los turistas de primera clase tengan vagones con vista panorámica.

Con el dinero enterrado en rieles y selva se pudo haber:
– Modernizado la red ferroviaria de carga para abaratar alimentos.
– Construido metros y trenes urbanos donde la gente se aplasta cada día.
– Invertido en transporte sustentable que sí mejore la vida diaria.

Pero no, era más rentable políticamente inaugurar un tren monumental aunque cada boleto cueste lo mismo que un año de salario mínimo.

El colmo de la ironía es que hasta Ricardo Salinas Pliego parece un ejemplo de modestia: viaja en su jet privado porque, comparado con el Tren Maya, eso sí es barato. Imagínese, un magnate multimillonario dándonos lecciones de austeridad frente al “tren del pueblo”.

El Tren Maya es ya el transporte colectivo más caro del mundo. Un elefante blanco con ruedas de acero, financiado con impuestos de quienes jamás lo usarán. Se presentó como locomotora del desarrollo, pero terminará como postal de cómo un gobierno puede confundir justicia social con turismo de lujo.

Hay que reconocer que si ha funcionado para promover el turismo de aventura, que consiste en aventurarse a viajar y que no se vaya a descarrilar, como ya ocurrió.

Porque, al final, el verdadero viaje no es al sureste: es al vacío. Y el boleto, claro, lo pagamos todos… a precio de oro.

 

¿El Petróleo de los Veracruzanos?

 

Por Miguel Ángel Cristiani

Ahora que desde los Estados Unidos están destapando la cloaca de la corrupción en nuestro país, como lo es el hecho de la detención del empresario petrolero Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, acusado de liderar una red de sobornos para obtener contratos millonarios con Pemex, no es una anécdota aislada. Es, en realidad, la confirmación de lo que muchos advertimos desde hace una década: la llamada reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto no abrió la modernización del sector, sino la puerta grande a la corrupción trasnacional, disfrazada de “inversión privada”. Ahora se sabe cómo es que la corrupción petrolera entre otras tantas formas llegó hasta el Estado de Veracruz.

El caso Rovirosa ilustra la perversión de un esquema que, en teoría, buscaba atraer capital y tecnología para aprovechar los hidrocarburos nacionales, pero que en la práctica se convirtió en un festín de privilegios, componendas y sobornos. La historia, revelada por el periódico español El País esta semana, es clara: mediante pagos ilegales a altos funcionarios de Pemex y PEP, Rovirosa aseguró contratos jugosos, incluido el bloque petrolero VC-01 en Veracruz, una zona de 125 kilómetros cuadrados que abarca seis municipios.

Ese campo, adjudicado en 2018 a través de la empresa Bloque VC 01 S.A.P.I. de C.V., fue construido sobre arena movediza. Primero lo ganó una firma china, pero al incumplir con un incentivo de 2 millones de dólares, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) trasladó el contrato al “segundo lugar”: Rovirosa. Así, el empresario, que ya tenía tentáculos en Texas mediante la firma Roma Exploration and Production, se convirtió en concesionario por tres décadas. Suerte demasiado buena como para ser casualidad.

Desde 2020, Rovirosa ha extraído 160,000 barriles de petróleo de tierras veracruzanas. Según datos del Banco de México, de marzo de 2023 a mayo de 2024 vendió 34,000 barriles por 2 millones de dólares, de los cuales el Estado recibió apenas 790,000 en regalías. Pero en el siguiente periodo —junio de 2024 a mayo de 2025— se comercializaron 88,501 barriles por casi 5 millones de dólares sin que exista registro de pago alguno al erario. ¿Qué significa esto? Simple: el negocio privado avanzó, pero la nación quedó en segundo plano.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que Rovirosa operó en mancuerna con Mario Alberto Ávila Lizárraga, exfuncionario panista de Pemex Exploración y Producción, y que al menos entre 2019 y 2021 sobornaron a tres funcionarios de la petrolera para obtener contratos y limpiar auditorías. La acusación también apunta a familiares involucrados en la maquinaria de corrupción. Un ejemplo es Irma Cristina Payró Rovirosa, quien fungía como representante legal ante la CNH en los trámites de permisos.

Conviene no olvidar que la reforma energética de 2013 fue vendida al país como la panacea para modernizar el sector, atraer tecnología y generar riqueza. Hoy, lo que vemos es que las rondas de licitación se convirtieron en rondas de corrupción. Empresarios como Rovirosa —hasta hace poco discretos, pero con fuertes conexiones políticas— son el espejo de un modelo que subordinó el interés público al lucro privado.

Veracruz, rico en recursos naturales y pobre en beneficios sociales, vuelve a ser escenario de esta contradicción. Los municipios que integran el bloque VC-01 son ejemplo de comunidades que ven salir el petróleo, pero no ven llegar desarrollo, salud ni seguridad. El petróleo se extrae aquí, las ganancias se reparten allá.

Frente a esta evidencia, la Secretaría de Energía guarda silencio. No hay, hasta ahora, una postura clara sobre si se revisarán las concesiones otorgadas bajo sospecha de corrupción. El gobierno mexicano no puede pretender que este caso es “asunto extranjero”. Los barriles se extrajeron de nuestro suelo, los contratos se firmaron bajo nuestras leyes, los funcionarios sobornados eran de Pemex.

¿Dónde queda la rendición de cuentas? ¿Quién revisará que las regalías faltantes sean restituidas? ¿Quién se atreverá a depurar las cloacas de Pemex, donde exfuncionarios de todos los colores partidistas han encontrado un terreno fértil para su enriquecimiento?

El caso Rovirosa es más que una historia de sobornos: es un espejo de lo que significó la reforma energética. Una apuesta que, en lugar de fortalecer la soberanía, la hipotecó; que en lugar de blindar a Pemex contra la corrupción, lo abrió a nuevos esquemas de saqueo; y que en lugar de garantizar beneficios sociales, dejó al Estado con migajas.

Hoy, cuando Estados Unidos actúa y procesa a los corruptos de “nuestro” sistema, el silencio en México resulta doblemente vergonzoso. Si dependemos de cortes extranjeras para limpiar lo que en casa toleramos, entonces el verdadero problema no es Rovirosa ni Ávila: es la complicidad estructural de un sistema político que permitió que esto ocurriera.

La lección es clara: los recursos de la nación no se privatizan sin consecuencias. El petróleo de Veracruz debe servir a los veracruzanos, no a los bolsillos de empresarios y políticos con padrinos en Pemex. Mientras no entendamos eso, cada reforma energética será, en realidad, una reforma para el saqueo.

La “imposición” del rector: ¿ilegalidad o déficit de transparencia?

Por Miguel Ángel Cristiani

En las últimas fechas se habla de una “imposición” en la rectoría de la Universidad Veracruzana. Palabra fuerte. Carga pólvora. Y exige pruebas. Analicemos con bisturí, no con megáfono.

Primero, el marco. En las universidades públicas, la ley y los estatutos trazan el camino: convocatoria, requisitos, auscultación a la comunidad, deliberación de la autoridad colegiada y designación. La figura suele ser una Junta de Gobierno independiente no manipulable o un órgano equivalente.

No es un concurso de popularidad, pero sí un proceso que debe ser transparente, documentado y verificable. Si la “imposición” fuera ilegal, tendría que romper una de esas bisagras: convocatoria viciada, elegibilidad forzada, deliberación manipulada, o incluso intervención externa indebida.

Segundo, las señales de alerta. Son seis, y conviene checarlas una por una:

• Calendarios exprés que impiden la participación real.
• Cambios de última hora en requisitos o criterios.
• Falta de publicación de actas, votos razonados y criterios de evaluación.
• Exclusión opaca de aspirantes que sí cumplían.
• Uso de recursos públicos para promocionar a una candidatura.
• Presiones de autoridades externas a la universidad.

Si hay una, ya preocupa. Si hay varias, suena a imposición.

Tercero, las pruebas útiles. Un señalamiento sólido no nace de un hilo en redes, sino de documentos. ¿Dónde están la convocatoria para los candidatos aspirantes original, los anexos, el cronograma, las listas de aspirantes, los dictámenes, las actas firmadas, los votos razonados, los registros de auscultación, las minutas? ¿Se respetaron quórums, plazos y procedimientos? ¿Hubo testigos, videos, versiones estenográficas? Eso pesa en un amparo. Eso derrumba o sostiene un rectorado.

Cuarto, el contrapeso. La universidad puede alegar cumplimiento: convocatoria pública, audiencias con sectores, evaluación colegiada, designación por mayoría. Puede decir: autonomía, no plebiscito. Y tendría razón en un punto: la deliberación no siempre es abierta, pero sí debe ser verificable. La opacidad legalizada es un atajo a la desconfianza. La autonomía no es carta blanca; es responsabilidad con luz.

Quinto, las vías. Si alguien afirma “imposición ilegal”, el camino no es el rumor sino el expediente:

• Solicitudes de información con base en la ley de transparencia.
• Recursos ante órganos garantes si ocultan documentos.
• Quejas ante órganos internos de control universitario.
• Juicios de amparo si hubo violaciones claras a derechos o normas.
• Auditorías externas a los procesos de designación, cuando proceda.

Sexto, el ruido y la señal. En política universitaria abunda la rivalidad. Unos confunden derrota con fraude; otros creen que ganar legitima todo. Ni uno ni otro. El estándar es simple: reglas claras, piso parejo, papeles a la vista.

Un guion práctico para exigirle a la Junta de Gobierno:

• Muéstreme la convocatoria, completa, con fecha y firma.
• Liste a todos los aspirantes. ¿Quién quedó fuera y por qué?
• Comparta los criterios de evaluación. ¿Pesó más la docencia, la investigación, la gestión?
• Publique las actas, los votos razonados y el quórum.
• Explique cualquier cambio al procedimiento, con fundamento.

Si eso aparece, se despejan nubes. Si no, el término “imposición” deja de ser consigna y se vuelve hipótesis plausible. Y si además hay ilegalidad documentada, entonces no es un editorial: es un caso.

La universidad se defiende con ideas. Su legitimidad, con procedimientos impecables. Abrir los papeles no debilita a nadie. Por el contrario: vacuna contra la sospecha y fortalece la autonomía que todos dicen cuidar.

 

Constancia de mayoría… y de terquedad

  

Por Miguel Ángel Cristiani

En Veracruz, hasta para contar votos se hacen bolas. El caso de Rosalba Hernández es la muestra perfecta: ganó la elección extraordinaria para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, pero al OPLE se le ocurrió interpretar la ley como si fuera jeroglífico egipcio.

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) tuvo que entrar a poner orden. Y lo hizo con una frase tan obvia que casi suena a burla: “la persona más votada debe ser quien participe como magistratura del TSJ”. Traducido: el que tiene más votos, gana. ¿De veras necesitábamos una resolución judicial para aclarar lo que cualquier estudiante de secundaria entiende en cinco segundos?

Lo que parecía un trámite de rutina —expedir una constancia de mayoría— terminó en un sainete legal. El OPLE, en lugar de limitarse a aplicar la norma, decidió improvisar. Interpretó que la presidencia del TSJ podía asignarse con criterios distintos a la votación directa. En otras palabras, decidió inventar reglas que no estaban en el reglamento. Rosalba impugnó, y con razón.

La controversia se originó a raíz de una impugnación presentada por la propia Hernández, quien argumentó que la interpretación del OPLE sobre quién debería recibir la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) era errónea. Según el TEV, la normativa veracruzana establece que la persona más votada debe ser quien haya participado específicamente como magistratura en el proceso electoral del TSJ. Esto significa que los votos recibidos en esta elección extraordinaria deben ser considerados de manera exclusiva para los candidatos que compitieron en esa categoría.

Este detalle, aunque técnico, tiene profundas implicaciones. La decisión del TEV no solo corrige un error interpretativo del OPLE, sino que también reafirma la importancia de la transparencia y la justicia en el proceso electoral. En un estado donde la política puede ser un terreno pantanoso, este fallo representa un paso hacia la claridad y la legalidad.

Hernández ha sido una figura destacada en el ámbito judicial y académico de Veracruz. Con una sólida trayectoria como magistrada en materia constitucional, catedrática en la Facultad de Derecho de la UV, su ascenso a la presidencia del TSJ podría cambiar la dinámica del poder judicial en el estado. Su experiencia y conocimientos jurídicos son bien valorados, lo que la convierte en una candidata ideal para liderar el TSJ en tiempos de incertidumbre.

Su candidatura no solo representa una victoria personal, sino también un símbolo de empoderamiento para las mujeres en el ámbito judicial. A medida que más mujeres asumen roles de liderazgo, se abre la puerta a una mayor diversidad y a una representación más equitativa en las esferas de decisión.

El fallo del TEV también tiene un trasfondo político. En una época en la que la confianza en las instituciones está en entredicho, esta decisión podría restablecer cierta fe en el sistema electoral. La correcta interpretación de las normas y la protección de los derechos de los candidatos son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.

Además, la presidencia del TSJ no es un puesto menor. Quien asuma este cargo tendrá la responsabilidad de influir en decisiones judiciales clave que impactan la vida de los veracruzanos. En este sentido, la elección de Hernández podría marcar un cambio significativo en la forma en que se administran la justicia y los derechos en el estado.

El TEV le dio la razón. Ordenó al OPLE modificar sus acuerdos y entregarle a Rosalba Hernández la constancia que la acredita como la candidata más votada. Suena lógico, ¿no? Pues sí, pero en la política veracruzana lo lógico suele ser lo menos común.

Lo interesante aquí no es solo el caso de Rosalba, sino lo que revela. Primero, que el árbitro electoral parece más preocupado por quedar bien que por aplicar la ley con firmeza. Segundo, que en Veracruz la disputa por el poder judicial es tan política como cualquier elección municipal. Y tercero, que la legalidad, lejos de ser un terreno firme, es un campo minado de interpretaciones convenientes.

No estamos hablando de un cargo menor. La presidencia del Tribunal Superior de Justicia significa tener en las manos una de las llaves más poderosas del Estado: la que abre —o cierra— puertas en los procesos judiciales, en la definición de magistrados, en la relación con los otros poderes. Por eso la silla se pelea con uñas, dientes y leguleyadas.

La magistrada Rosalba Hernández no solo se ganó un papel con su nombre y firma oficial. Ganó legitimidad. Y en política, la legitimidad pesa más que cualquier maniobra en la sombra. Hoy su triunfo no depende de un cálculo burocrático del OPLE, sino de una sentencia firme del Tribunal Electoral.

Pero la pregunta queda en el aire: ¿qué tanto daño hace a la confianza ciudadana este tipo de tropiezos institucionales? Porque si para validar lo más básico —que el más votado es el ganador— necesitamos de impugnaciones, sesiones y resoluciones judiciales, ¿qué podemos esperar en procesos más complejos?

La moraleja es sencilla, aunque incómoda: los votos cuentan, aunque a algunos no les guste el resultado. Y si el árbitro se distrae o se hace bolas, siempre habrá un tribunal que le recuerde lo elemental: la ley se cumple como está escrita, no como conviene.

En Veracruz no solo hay baches en las carreteras, también en la democracia. Y aquí, el TEV acaba de tapar uno de los más peligrosos: el del capricho institucional. Ojalá no se vuelva costumbre.

EL VERACRUZ DE ROCÍO NAHLE..

 Ricardo Chua

A pesar que en múltiples ocasiones en este espacio.. Se ha señalado que GRAN PARTE de la responsabilidad de las crisis políticas y gobierno que vive la administración de Rocío Nahle García en Veracruz.. Se debían a la nula labor que realizaban, su equipo de trabajo y asesores políticos-mediáticos, que debido a ello, no la podían sacar de esos conflictos ni a ella, ni al Gobierno del Estado.. Sin embargo, la gobernadora también tiene parte de esa responsabilidad en los problemas que arrastra su gestión, desde hace meses porque ha faltado visión de que GOBERNAR es una acción colectiva y es lo que no entienden en Palacio de Gobierno.. Por lo que pareciera que como nadie se siente responsable, dejan que el Estado se "hunda"..  

Esta forma particular de gobernar de los 5 últimos gobernadores de Veracruz, ha sido un GRAN ERROR.. Mismo que empezó desde el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, del 2004 al 2010, cuya práctica es que el mandatario estatal ponga en su gobierno a todos los subsecretarios de cada dependencia, que imponga a los contralores internos de las mismas secretarías.. Lo que se ha convertido en una "batalla interna" en cada secretaría.. Ahí está la equivocación porque lo que deben de hacer, es dejarle la libertad de designación a cada titular de las secretarías de despacho, que componen en este gobierno.. Para que cada secretario ponga a su equipo de trabajo y ahí sí podrán echarle la culpa de los errores que comentan en sus acciones o función pública.. 

Por eso, en este sexenio que recién empieza de Rocío Nahle García, NO PUEDE CULPAR a muchos de ellos de estas crisis que vive su administración, en algunas de sus áreas porque estos errores fueron de ella.. Ya que al estar "manoseadas" las designaciones de sus funcionarios, es obvio que los secretarios de las dependencias, no operan con confianza con sus subalternos porque no los conocen..Se los impusieron y en muchas ocasiones apenas estaban tomando posesión del cargo y ahí mismo les avisaban que ya tenían un subsecretario, coordinador, director o un contralor interno.. Por lo tanto, en cierta forma algunos de ellos se salvan de esa responsabilidad..

Ahí está el ejemplo de la SEDECOP con Ernesto Pérez Astorga y Eduardo Vega Yunes, alías "Tato".. Secretario y subsecretario, respectivamente, ambos no se quieren, no se "tragan", ni se "mastican".. Hay lucha de poder.. Pero Rocío Nahle decidió que Vega Yunes fuera el subsecretario de Astorga.. Y este tuvo que decir: "Si gobernadora", no había vuelta de hoja.. Miguel Alemán Velasco, como gobernador, fue el último que permitió que sus secretarios pusieran a sus subsecretarios y los demás funcionarios de su dependencia.. Si querían colocar a alguien de su confianza.. Consultaba con su secretario en turno.. En esa interacción, se evitaban roces, fricciones y todos a trabajar.. Alemán tuvo crisis de otro tipo, fueron nacionales, pero no políticas en Veracruz.. Llevó bien su sexenio.. 

Este ejemplo deja en claro a Rocío Nahle.. Que con todo lo que le ha pasado en los últimos meses de su administración y las crisis que ha tenido que sortear.. Es que no puede tomar decisiones de todo de manera unipersonal, tiene que delegar con quienes conozcan la labor que emprende su gobierno.. Motivo por el cual, es que ella como gobernadora NO PUEDE TENER funcionarios de "pose" o sólo "figuritas" en el gabinete estatal como el caso de Ricardo Ahued o José Manuel Pozos Castro.. Porque no le resuelven nada cuando su gobierno tiene conflicto y esos problemas se vuelven crisis.. Lo demás es historia porque la exposición mediática, no sólo es en Veracruz sino a nivel nacional.. 

Al no delegar y no permitir que el responsable para cada área de gobierno, pueda operar, actuar, decidir y tomar acciones sin que todo lo tengan que consultar con Palacio de Gobierno.. Es que mejor, para no meterse en problemas de más, estos funcionarios mejor se desaparecen de los reflectores de la opinión pública y, entonces, ahí es cuando pareciera que la gobernadora no tiene a nadie que le ayude a gobernar, a sortear con los graves casos que puede tener un gobierno estatal.. Pero también, se dice al interior de MORENA, es que ella lo ha decidido hacer así y es como se presentan este tipo de consecuencias.. Ella se lleva los reflectores, la exposición pública.. Pero también se lleva los reclamos y el "golpeteo" político..  

Un dato además que la gobernadora también ya debió darse cuenta, en esta últimas semanas, del "golpeteo" político y mediático.. Que NO SE PUEDE GOBERNAR CON LOS AMIGOS.. A los amigos se les debe tener en una fiesta, en un asado o en una reunión donde el gobernante se pueda relajar un poco y luego empezar a tomar decisiones.. También se les puede tener en otro lado, dentro o fuera, del gobierno, pero desde luego también que pueden estar en otras áreas.. Pero no en el área de Gobernación por cumplir los compromisos políticos, como lo está haciendo ella, ya que por la amistad o el afecto, no le puedes recriminar la falta de atención como funcionario público y que esa acción está provocando crisis en tu gobierno.. 

Además ella sabe que tiene que sostener una lucha política.. Con la militancia "dura" de MORENA, donde están los "cuitláhuistas", para que los trabajos políticos de su partido.. Tampoco se presenten nuevas crisis políticas.. Pero por eso, debe fijarse bien a quién le encarga este asunto.. Ya que ella como funcionaria, no tiene un nuevo equipo en su gobierno.. La gobernadora tendrá que pensar en un nuevo equipo.. Inclusive arriesgarse, a que invite a su gabinete a gente que no tiene partido, que no milita en MORENA, que son miembros de la sociedad civil.. Así que no le queda de otra, tendrá que reforzar toda está última parte de lo arriba señalado , porque si no van a continuar en la ingobernabilidad y la crisis..

REFLEXIÓN.. Si algo le debe quedar claro a Rocío Nahle, que seguramente sus asesores políticos no se lo dicen o no se lo explican, es que a una sociedad dentro de un Estado.. Sobre todo SI NO LA CONOCES.. No se le debe tratar de CONQUISTAR CON FUERZA SINO QUE SE LE CONQUISTA CON NECESIDAD.. Nicolás Maquiavelo decía, hace cientos de años: "El Príncipe sabio hará que todos dependan de él".. Si se analiza, se puede deducir que la DEPENDENCIA es una PRISIÓN sin barrotes.. A la ciudadanía hay que darle algo, que no puedan conseguir sin su gobernante.. Después toca darle las soluciones, pero sólo a problemas que el mismo gobernante sembró.. Ya que en esta sociedad actual, entre un ciudadano y su gobernante, se deduce que EL RESPETO PUEDE FALLAR... EL AMOR PUEDE IRSE.. PERO LA NECESIDAD TE VUELVE INTOCABLE.. Más claro, ni el agua, más no se puede.. SI LO ENTENDIÓ, LO ENTENDIÓ.. SINO AMEN..

Contra la Vaca Pinta, toda la fuerza municipal… en otros casos, impera el “amiguismo”

 Luis Bustos/// EnEstaHora 

Qué bueno que las distintas áreas del ayuntamiento que tienen que ver con el el uso de suelo y el funcionamiento de los comercios establecidos, se hayan puesto de acuerdo para acudir, todos juntos, a ejecutar la clausura del negocio "La Vaca Pinta", ubicado en la Calle Paseo de los Alpes No. 5, entre la Avenida Rocallosas y la Cerrada del Himalaya, Fraccionamiento Las Cumbres, en esta ciudad capital.

Digo que es bueno se hayan podido poner de acuerdo para ir todos juntos a ejecutar la diligencia, sobre todo, si en verdad hay inconsistencias y desapego a los reglamentos municipales... Ojalá así se actuara siempre.

En la diligencia del viernes 1 de agosto, participó personal de Desarrollo Urbano, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Protección Civil, Salud, Inspección y Atención Comercial y de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal.

Parecía un operativo contra narcos o digamos CO... pero no, se trataba, solo de una diligencia de clausura del negocio en cuestión, porque no cumple con los espacios de estacionamiento requeridos, según djo Julio César Viveros Lagunes, subdirector de Control de Desarrollo Urbano, que afirmó. “Desarrollo urbano ha estado requiriendo el cumplimiento a ese negocio, en las áreas de estacionamiento”, sin que haya tenido respuesta favorable, lo mismo que otras áreas municipales. Confirmó que la clausura de este comercio, que opera en la ilegalidad, no se suspendió y que el operativo se repetiría el sábado 2 de agosto, a las 15:00 horas y reiteró que existen muchas quejas de los vecinos sobre la operación de “La Vaca Pinta” y por eso se les ha pedido que se regularicen.

Bien, si efectivamente hay irregularidades, creemos que es correcto se proceday se aplaude la acción, sin embargo, hay otros casos en los que, siendo zonas exclusivamente con uso de suelo habitacional, hay operando, de manera clandestina, oficinas y otro tipo de "negocios" que nadie sabe de qué se trata.

Conocemos un caso en el que existe opinión por escrito de la Dirección de Desarrollo Urbano de que NO hay autorización de cambio de uso de suelo y en la Dirección de Desarrollo Económico, su titular, hace como que la "virgen le habla" y simula visitas de inspección, obvio, de acuerdo con los ocupantes de esos espacios clandestinos y dilata los términos con evasivas.

Tenemos en poder de este Portal informativo, documentación que sustenta lo que decimos:

&.- Escrito de los vecinos de fecha 20 de noviembre del 2024, dirigido a la Dirección de Desarrollo Urbano,solicitando información sobre si existe algún cambio de uso de suelo en esa zona.

&.- Ofico de fecha 2 de diciembre 2024, por medio del cual Desarrollo Urbano, informa que NO existe autorización alguna para el cambio de uso de suelo en esa zona, remitiendo el asunto a la Dirección de Desarrollo Económico a cargo de Jesús Lozano Grajales, para lo procedente.

&.- En fecha 21 de marzo de 2025, el alcalde Alberto Islas, concedió audiencia a los vecinos, pero no estuvo y dejó que el titular de Desarrollo Económico  y representantes de Desarrollo Urbano, atendieran la cita... Obvio, no hubo avance y, hasta agosto de este año (casi 10 meses después), no hay una respuesta, independientemente, del argumento de la visita convenida o simulada que reportan haber realizado y que sus propias fotografías evidencian, aún más, que no es uso habitacional lo que opera en ese domicilio.

Comentan los vecinos que ante la falta de respuesta de parte de la autoridad municipal, se están poniendo de acuerdo, para la toma de otras acciones más determinantres.

Nota enriquecedora para Desarrollo Económico: Por cierto, en fecha reciente, en un café de plaza Monte Magno, el Gerente o dueño del negocio, sostuvo una reunión con un representante vecinal y, ante la presencia de un familiar de la propietaria del inmueble, reconoció que efectivamente es la oficina de un negocio y pidió comprensión para su operación, a lo que hubo respuesta negativa.

 

Estado Constitucional vs Estado No Constitucional: del cáncer institucional a la metástasis estructural

 CLAROSCUROS

José Luis Ortega Vidal

(1)

Al director del CERESO de Tuxpan de Rodríguez Cano, Antonio Huesca Figueroa, lo asesinaron a balazos el pasado dieciocho de junio, cuando circulaba a bordo de su vehículo por las calles de la ciudad y puerto en el norte veracruzano.

Ayer, catorce de agosto -casi dos meses después del crimen de Huesca Figueroa, quien había sido amenazado-, resultó ultimado su colega, René Vergara Vergara, director del Penal “La Toma”, ubicado en Amatlán de Los Reyes, en la zona de las altas montañas de Veracruz.

Vergara Vergara también murió a causa de balazos cuando salía de su domicilio en la ciudad de Córdoba, para abordar una camioneta Van, de uso oficial, empleada para el traslado de reos.

Por el municipio de Amatlán de los Reyes cruza el ferrocarril que comunica a la ciudad y puerto de Veracruz con la ciudad de México, capital del país; Las Patronas, un grupo de extraordinarias mujeres amatlecas, durante años -con espíritu y corazón solidarios- han compartido comida y agua a migrantes que viajan a bordo de “La bestia”, como se denomina al tren.

Córdoba, la Ciudad de los 30 Caballeros, límita con Amatlán de los Reyes y Fortín, municipios con los que comparte la problemática de inseguridad, de raíces históricas y estructurales.

(2)

Un dato histórico: en esta región operó Toribio “El Toro” Gargallo Peralta, alias Juan Zavaleta, nativo de la frontera entre Tezonapa, Veracruz y Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca.

El nombre de Toribio Gargallo, y el referente a su banda, están vinculados a cientos de asesinatos y a fosas clandestinas.

Hay un punto clave respecto al “Toro” Gargallo: su historia particular como asesino se liga a hechos originales de autodefensa -década de los años setenta del siglo pasado-, a condiciones de sobrevivencia en una región violenta, sin ley, olvidada por instituciones oficiales; así como su evolución a matón bajo la orden de intereses políticos, tanto particulares como de Estado -décadas de los setenta y ochenta, hasta su muerte bajo una lluvia de balas oficiales en 1991-.

Este punto nos remite a un hilo conductor: la construcción, consolidación de daños estructurales severos, que se heredan durante generaciones en y desde el poder, al mismo tiempo de crearse -como ocurre en la actualidad- elementos de Estado fallido y de Estado paralelo.

Dicho de otro modo: frente al Estado Constitucional ha nacido su némesis: el Estado No Constitucional.

A Toribio Gargallo lo creó el Estado Constitucional y cuando ya no resultó útil o rebasó los límites impuestos, el Estado Constitucional lo eliminó.

Sin embargo, el cáncer institucional que dio vida a Gargallo Peralta, no desapareció; más bien creció, hizo metástasis y se convirtió en cáncer estructural.

Desde este cáncer estructural aparece el Estado No Constitucional y los nuevos Toribios Gargallo se han convertido en la hidra de las cabezas inmortales: el Estado Constitucional corta una cabeza pero el Estado No Constitucional genera dos cabezas y no sólo continúa fuera de control, sino que lo envenena todo: la economía, las instituciones públicas, a la sociedad sumida en confusiones políticas junto con su indiferencia como elemento –ingenuo- de sobrevivencia.

Va, a modo de paráfrasis de un clásico marxista: en México el Estado No Constitucional ha contaminado la Estructura y la Superestructura del Estado Constitucional.

(3)

El asesinato de dos directores de CERESOS o penales en Veracruz, constituye un ejemplo de lo anterior: en el México y el Veracruz de hoy  nadie tiene garantía de sobrevivir porque el Estado Constitucional ha perdido el monopolio de la violencia, que lo define, lo construye y lo obliga a cuidar de sus ciudadanos.

En esta dinámica se inscriben el motín del penal de Tuxpan con el saldo de nueve reos asesinados, así como la ejecución de un ex reo justo cuando salía del penal Zamora en San Andrés Tuxtla; ambos casos ocurridos recientemente.

(4)

México acaba de entregar 26 reos de alta peligrosidad a Estados Unidos.

La tuta, El cuini y anexas fueron encarcelados por El Estado Constitucional, pero aún presos operaban para el Estado No Constitucional. 

A ese grado llega el poder del cancer denominado crimen organizado en México; de ahí su envío al otro lado de la frontera.

(5)

El resto de esta historia es un asunto de estadísticas, de circunstancias geográficas y de suerte: Campeche y Yucatán no aparecen en la recomendación de prevención del gobierno de Donald Trump para sus viajeros a México.

Mientras que las otras treinta entidades federativas sí, son enlistadas por la administración trompista con cuatro categorías que van desde la uno, o bajo riesgo, hasta la cuatro, o muy alto riesgo.

Veracruz se encuentra en el número dos que no es el menos peligroso pero tampoco el peor.

Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, son categoría cuatro y el gobierno norteamericano recomienda no viajar a estos estados.

(6)

Tendríamos que elaborar nuestro propio mapa de riesgos en el estado de Veracruz.

(7)

En mi opinión: Xalapa entraría en la categoría uno: con elementos de violencia pero de riesgo bajo.

Veracruz, Boca de Río, Orizaba, son categoría uno, como destinos turísticos de bajo riesgo.

Aunque han tenido momentos de categoría dos: con elementos de violencia de mayor nivel al de Xalapa; lo cual no está ocurriendo en este momento.

(8)

En el otro extremo tenemos a Santiago Xochiapa, Playa Vicente, San Juan Evangelista, Sayula de Aleman, Isla, Juan Rodríguez Clara, Texistepec, Poza Rica, Tuxpan, Coxquihui, Papantla, Álamo, Maltrata, Zongolica, Tezonapa, Omealca, Paso del Macho, Yanga, Cuitlahuac, Las Choapas, Nanchital de Lázaro Cardenas, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla, Ciudad Lerdo, Vega de Alatorre, Martínez de la Torre, ubicados en la categoría cuatro, de alto riesgo.

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Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Tlapacoyan, Cazones de Herrera, Tihuatlán, Coatzintla, Tierra Blanca, Chacaltianguis, Oluta, Soconusco, Jesús Carranza, Catemaco, Alvarado, Cosamaloapan, Tres Valles, Oteapan, Chinameca, Minatitlán, Cosoleacaque, Jáltipan, Córdoba, Amatlán de los Reyes, Ixtaczoquitlán, Ciudad Mendoza, Río Blanco, Cerro Azul, Gutiérrez Zamora, Cardel, Nautla, Actopan, Alto Lucero, Rafael Delgado, Tlacapoyan, son categoría tres: riesgo mediano con elementos de alto riesgo.

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Aclaro que mi opinión está basada en recuentos de hechos violentos como ataques y/o asesinatos individuales o colectivos, además de crímenes políticos, secuestros, entre otros delitos de alto impacto, durante lo que va del año 2025.

Este texto apenas puede referirse como artículo de opinión; no se trata de un Ensayo académico; por lo tanto es perfectamente corregible y está sujeto a información más detallada de testigos, víctimas y lectores.

Añado otra perspectiva personal: la realidad varía día con día, de modo que el sur de Veracruz puede presentar elementos de gravedad durante un día, una semana o un mes y luego vivir condiciones de relativa calma; lo mismo puede suceder -y sucede- en el centro o norte.

Hay más: no abarco todos los municipios de la huasteca alta o baja porque no cuento con información de esas áreas que incluyen docenas de municipios y enfrentan sus particulares problemáticas.

Tenemos, siempre según mi particular punto de vista, municipios en las categorías dos y tres que no incluyo por razones de espacio.

Cancún, aeropuerto y la nueva geografía del poder

Por Miguel Ángel Cristiani

En Veracruz, parece que la brújula de algunos funcionarios y académicos tiene dos coordenadas favoritas: la playa y la sala de llegadas del aeropuerto. Porque mientras la inseguridad sigue sumando titulares, la economía pide auxilio y los servicios públicos se caen a pedazos, hay quienes parecen tener la agenda ocupada… pero en otro lado.

Este fin de semana, el secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Pérez Astorga, decidió volar a Cancún. No en “priority” ni en clase ejecutiva —faltaba más—, sino en la democrática fila 19 de Viva Aerobús, junto “con el pueblo”. Casi un acto de marketing personal: el funcionario que viaja barato, pero a destinos caros. Una mezcla extraña de austeridad en el aire y lujo en tierra firme.

¿Misión oficial? ¿Inversiones hoteleras? ¿Trabajo de campo para descubrir por qué la Riviera Maya está de moda? Misterio. Lo único confirmado es que desayunó allá y lo pagó con tarjeta. Falta saber si, como Shakira, hasta la propina entrará en factura.

Porque el domingo, en el aeropuerto de Veracruz, otra figura pública apareció como quien no quiere la cosa: el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez. Llegó sin comitiva, sin declaración y, aparentemente, sin intención de explicar nada. ¿De dónde venía? ¿Qué fue a hacer? ¿Fue a pedir apoyo a la federación de nuevo? Se desconoce. Y ese es el problema: cuando el itinerario de quienes manejan instituciones públicas parece más secreto que el presupuesto, la transparencia se convierte en un souvenir que nunca llega.

La UV enfrenta conflictos internos y reclamos de transparencia. En ese contexto, un viaje sin explicación no es un simple detalle: es un mensaje. Y el mensaje, para los universitarios y para la sociedad, es que el rector también se reserva el derecho de no informar.

En apenas ocho meses de la actual administración estatal, las escenas se repiten: funcionarios que se ausentan sin claridad, itinerarios opacos y un divorcio evidente entre el discurso de “compromiso total” y la realidad de los fines de semana.

El artículo 134 constitucional no es una sugerencia: obliga a que los recursos públicos —y sí, el tiempo laboral y las facilidades logísticas cuentan— se manejen con eficacia y honradez. El problema es que, para algunos, la frontera entre “asuntos oficiales” y “asuntos personales” parece tan difusa como la bruma en la pista de aterrizaje.

Si la intención de Pérez Astorga era aprender del modelo turístico de Cancún, bastaba con abrir un libro, leer un diagnóstico serio o recibir a los expertos aquí. Veracruz tiene más de 700 kilómetros de litoral que llevan décadas esperando el mismo impulso que convirtió a Quintana Roo en potencia turística. Pero claro, no hay selfies en un plan de desarrollo; en cambio, un atardecer en la Riviera Maya siempre luce bien en redes.

El precio del pasaje a Cancún o del vuelo desconocido del rector no es lo importante. El costo real es la erosión de la confianza ciudadana. Cuando los encargados de mover la economía y la educación parecen más concentrados en sus agendas privadas que en las públicas, el mensaje es devastador: que el compromiso con Veracruz cabe en un equipaje de mano.

En política —y en educación pública— las ausencias pesan tanto como las presencias. Y si la brújula sigue apuntando a playas y aeropuertos, lo único que crecerá no será la economía ni el conocimiento, sino la lista de pretextos para explicar por qué las cosas no cambian.

Al paso que vamos, pronto habrá que inaugurar una nueva ruta turística: el tour de los vuelos oficiales sin explicación. Incluye foto en sala de espera, maleta de mano y, por supuesto, silencio incluido en el paquete.

VERACRUZ, EL ESTADO "FALLIDO" Y EEUU

 Ricardo Chua

El tema de la actividad y operación de los grupos fuera de la ley en Veracruz.. Primero se podría pensar que es un PROCESO DE DESESTABILIZACIÓN en contra del gobierno de Rocío Nahle García.. Por adversarios políticos en contra de quienes que manejan actualmente el poder local.. Pero lo real y lo que se palpa, es que estos grupos, son los que GOBIERNAN y mandan distintas regiones de la entidad.. Creando un "Estado Fallido".. Y que hoy ese es el MAYOR PROBLEMA que se tiene en Veracruz.. Sólo hay que recordar que el ex gobernador, Cuitláhuac García mencionó que había 7 "células" delictivas que operaban y estaban asentados aquí.. Lo que en su momento, la gobernadora cuando le preguntaron del tema sólo dijo que estaban investigando.. 

Pero al paso del tiempo en su administración, 9 meses después, el problema es que hay una METAMORFOSIS MAYOR.. Los que saben de temas de seguridad señalan, que la zona más complicada, en este momento, sobre este caso, antes era el sur del Estado, ahora es el norte, donde inicia la huasteca veracruzana.. Y toda esta violencia que se ha presentado en esa región, también le manda un MENSAJE al gobierno federal, estatal y municipales.. Señalando que ellos son la ley, que tienen la última palabra, y que hagan lo que hagan, quienes gobiernan son ellos.. Por eso, el desafío de dejar cadáveres desmembrados en plena carretera de Poza Rica.. Dejando una señal de TERROR con esas escenas para la ciudadanía veracruzana..  

Hay que recordar, que no sólo el norte de Veracruz, es donde se han presentado conflictos de inseguridad.. Sino también hay otros problemas más, que hasta en la misma capital Xalapa, hay relatos de personas que se dedican al comercio informal como boleros, los que venden pilas para relojes, los que comercian tenis deportivos.. De que todos tienen que pagar el famoso "derecho de piso", una acción que se agravó en el sexenio pasado de Cuitláhuac García.. Pero a pesar de los problemas que viven como comerciantes ambulantes quién va a denunciar, nadie, porque ellos como personas de escasos recursos tienen que trabajar para subsistir y son los más vulnerables para que personajes de esos grupos puedan tomar represalias en su contra, si es que hay algún tipo de denuncias.. 

Pero el problema es que con todos estos hechos sangrientos de las últimas semanas, con "temporada de zopilotes" o no, con "infartos" o no, con motines en penales o no, con cuerpos cercenados y tirados en carreteras del Estado.. Sin temor a equivocarse, personajes que saben de temas de seguridad.. Señalan que Veracruz, ya puede equipararse con Tamaulipas, Guerrero o Sonora.. No tanto Sinaloa porque ahí hay otros temas más de fondo y otro tipo de luchas por grupos fuera de la ley.. Pero ya la entidad se encuentra en ese nivel de conflictos de inseguridad.. Equiparandonos con esos estados, que si algo tienen en común, es que son gobernados por políticos de MORENA..

Además todo lo sucedido "golpea" la imagen del gobierno del Estado y la propia investidura de Rocío Nahle como gobernadora.. Porque la percepción ciudadana en las encuestas o sondeos de opinión, la ponen en los últimos lugares de aprobación sobre su gestión gubernamental, en los lugares 28 o 29 de los 32 estados que hay en el país, rebasando incluso a gobernadores que ya llevan más de 3 años en el poder y que están en la última etapa de su mandato.. Y la gobernadora jarocha apenas lleva 9 meses sentada en la silla principal de Palacio de Gobierno.. Puede que haya "zopilotes" merodeando, pero ella tiene también que dar un "golpe de timón" para que todo eso cambie.. 

Ya que todo esto, no sólo se traduce en temas de inseguridad, sino que ponen al mismo nivel de raz de piso a otras áreas del gobierno de Veracruz.. Como por ejemplo de que NO HAY desarrollo económico y que hasta con datos del IMSS, que señalan, que los índices de desempleo aumentan a la entidad, por lo tanto la pobreza crece en el Estado, aunque se quiera decir lo contrario.. Así que con todo este panorama ensombrecedor, a Veracruz, le sumas estos conflictos de inseguridad y que la lucha del Estado contra grupos fuera de la ley en algunas regiones se va perdiendo.. Y que en esas zonas, se está en los primeros lugares de SOMETIMIENTO de sus gobiernos ante los grupos delincuenciales.. Así no se puede gobernar porque no hay "Estado de Derecho"..  

Pero lo que deben darse cuenta en Palacio de Gobierno.. Es que Veracruz, es estratégico para los intereses económicos y de seguridad de Los Estados Unidos de América.. Por eso, nos invadieron en 1914 y tomaron el puerto de Veracruz.. Esta entidad representa la "punta" geopolítica más importante después de Colima para EEUU.. Ya que Colima era la "aduana" que conectaba con China y el fentanilo.. Pero Veracruz es estratégico porque tiene 3 puertos: Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos.. Esa es la parte que le importa a los americanos de esta entidad, aparte de Tamaulipas, pero el "vecino" no tiene 3 puertos.. Por eso, el gobierno de Donald Trump está pendiente de todo lo que pasa en el Estado.. Lo bueno y lo malo.. Eso es GEOPOLÍTICA..

Aquí el tema es que Veracruz encaja dentro de una perspectiva geopolítica de seguridad para los americanos.. Y así como se ve que están actuando sobre Tamaulipas, Sinaloa y Baja California, donde congresistas y algunos políticos de EU, señalan que esos gobiernos locales están sometidos por los grupos fuera de la ley.. Y el próximo podría ser Sonora.. Por eso, sería conveniente que el gobierno del Estado inicie una serie de acciones para hacer notar, no sólo a la opinión pública del Estado o del país, sino también a la internacional principalmente la americana, de que el crimen de la maestra jubilada, Irma Hernández Cruz, de Álamo.. Es un hecho trágico que no se volverá a repetir en este sexenio.. EU quiere seguridad, cuidar sus inversiones y que se combata a la delincuencia.. 

La foto donde hombres armados y encapuchados la tenían sometida e hincada, dando el mensaje de la amenaza sobre sus compañeros taxistas de Álamo, para que cumplieran con las demandas de sus secuestradores.. Círculo por el mundo.. Y "pegó" muy duro en el "corazón" en un gobierno estatal de la "Cuarta Transformación".. Sobre todo porque después esa maestra apareció asesinada.. Luego vinieron otros problemas de comunicación.. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.. Y un hecho local se volvió mundial por lo viral que se hicieron las redes sociales.. Un tema de inseguridad, del cual EU está pendiente de lo que sucede en el territorio de su socio comercial y vecino país.. Un hecho ocurrido en Veracruz, un punto estratégico para la geopolítica de los americanos.. EEUU tiene a todo México en la mira y Veracruz no escapa de esa supervisión.. EL QUE NO LO ENTIENDA, LO DEBE DE ENTENDER.. AMEN..