Por Miguel Angel Cristiani G.
Debido a que la mayor parte de las denuncias presentadas en
contra de la administración estatal que encabezó Javier Duarte de Ochoa, no han
procedido a ser ejecutadas por las autoridades federales y estatales, ahora se
pretende presentar una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La
Haya.
Vamos a denunciar por crímenes de lesa humanidad al ex
gobernador Javier Duarte y autoridades federales, por el suministro de
medicamentos apócrifos como quimioterapias a niños con cáncer y 70 mil pruebas
falsas para la detección del VIH.
En redes sociales está circulando una invitación a firmar la
denuncia contra Javier Duarte de Ochoa ahora por el delito de crímenes de lesa
humanidad, en el portal www.change.org en
donde hasta este día se tienen firmas de 165,388 simpatizantes con la petición
y ya solamente se necesitan 34,612 para alcanzar 200,000 esperados.
En la exposición se recuerda que durante el sexenio de Javier
Duarte se le suministraba a niños con cáncer agua destilada en lugar de
quimioterapia, según lo denunciado por el actual gobernador de Veracruz, Miguel
Ángel Yunes, al inicio de 2017.
Informes de la Secretaría de Salud a nivel federal indican
que una de cada diez muertes por cáncer se registra en el estado de Veracruz.
Durante el sexenio priista se denunciaron las quimioterapias patito: sin
embargo, la mayoría de los casos fueron cerrados al determinarse “no ejercicio
de la acción penal”.
Especialistas determinaron que se falsificaron medicamentos
de Avastin, de Grupo Roche Syntex de México, los cuales eran distribuidos por
Especialidades Médicas del Sureste. Además han sido señaladas las empresas
Oncofarma y Bedus Grupo Farmacéutico.
Asimismo, durante la administración de Duarte presentaba
anomalías el medicamento Herceptin, con nombre genérico Trastuzumab, el cual se
utiliza en el tratamiento del cáncer del cáncer de mama.
Se dio a conocer que desde el 2011, Javier Duarte sabía de
los medicamentos apócrifos y al menos se han detectado 21 ampolletas que no
fueron aplicadas a pacientes y adquiridas a las empresas Especialidades Médicas
del Sureste S.A. de C.V. y Oncopharma S.A. de C.V.
Corrupción sin castigo
La Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto 52
denuncias ante la PGR por el desvío de 45 mil millones de pesos durante el
sexenio de Javier Duarte que corresponden a los primeros años del sexenio.
La Procuraduría General de la República conocía estas denuncias,
pero no actuó en contra del ex gobernador. Faltan todavía algunas observaciones
de los últimos años, por lo que el desfalco al erario alcanzaría hasta los 60
mil millones de pesos.
La corrupción y el crimen perpetrado contra la salud pública
se constata, por ejemplo en el año 2014, cuando los desvíos al sector Salud
ascendieron a 3 mil millones, afectando equipo e infraestructura de hospitales,
atención médica y medicinas.
Los desvíos en el sector Salud sólo, en 2015, ascienden a 2
mil 338 millones de pesos, de los cuales, mil 899 millones corresponden a
anomalías en los recursos destinados al seguro popular en esa entidad.
Los medios nacionales como Reforma, Proceso, El Financiero,
Milenio, El Universal, La Jornada, entre otros, han dado seguimiento a los
desvíos y los actos de corrupción del sexenio Duartista. Sin embargo, en este caso Animal Político dio
a conocer que Javier Duarte durante el 2015 desvió en promedio 38 mil pesos por
minuto de partidas y programas estatales.
El Órgano Superior de Fiscalización de Veracruz presentó 14
denuncias, la mayoría del año 2015. El daño patrimonial asciende a 21 mil
millones de pesos. De acuerdo al portal de noticias, Duarte desvió en promedio
durante el 2015 la escalofriante cantidad de 54.3 millones de pesos diarios.
A pesar de que el ex gobernador desvió el dinero de
programas de salud, educación, protección al medioambiente, obra pública,
desarrollo social, entre otros, la PGR no ha consignado ni una de las 56
averiguaciones previas que son resultado de las denuncias interpuestas por la
Auditoría Superior de la Federación.
Lo anterior indica que hay una inacción por parte de las
autoridades federales para atacar la corrupción, y lo más grave es que tiene
las pruebas por parte de su máximo órgano fiscalizador.
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