miércoles, 19 de julio de 2017

En Suiza descubren cuentas bancarias vinculadas a Duarte

Por Miguel Angel Cristiani G.
En un nuevo episodio del teleculebrón “El Dinero que me robé de Veracruz” se dio a conocer este miércoles que la Procuraduría General de la República ha logrado ubicar en Suiza varias cuentas bancarias que estarían vinculadas a las operaciones ilícitas del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Aunque ya se tienen detectadas las cuentas, la PGR no ha podido acceder todavía a las mismas, para poder conocer con detalle los montos y movimientos efectuados.
Los fiscales encargados del caso reconocen que les falta tiempo para completar las investigaciones contra Javier Duarte, por lo que para hacerlo pedirán 6 meses más al juez, si éste procesa al ex gobernador.
En la audiencia inicial, que se realizó el pasado 17 de julio, la PGR dio a conocer la imputación a Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada, y reveló que tiene indicios de cuentas bancarias ligadas con los propietarios de una empresa, denominada Consorcio Brades, que se utilizó en presuntas operaciones de lavado.
De acuerdo con un amplio reportaje publicado en la página de internet de Animal Político, en la carpeta de investigación, Consorcio Brades es una compañía fondeada con recursos provenientes de múltiples empresas fantasma, que, a su vez, los recibieron de dependencias de la administración de Javier Duarte.
Con ese dinero, la empresa simuló la compra de terrenos ejidales con sobreprecio a prestanombres del ex gobernador y así lavar recursos.
Consorcio Brades también es una compañía fachada constituida por presuntos prestanombres, pero cuyo dueño real, según la Procuraduría, es Moisés Mansur, el principal colaborador de Javier Duarte en las operaciones delictivas.
“Hemos solicitado la asistencia internacional para ver el flujo de recursos hacia esas cuentas pero hasta ahora no hemos conseguido esta información”, reconoció uno de los fiscales de la PGR ante el juez.
Cabe señalar que la Procuraduría asegura que, tan solo a través de Consorcio Brades, se consiguió lavar el origen de 223 millones 896 mil pesos de las arcas públicas y que a la postre se habrían utilizado para la adquisición de un yate, joyas y varias propiedades. Pero los fiscales creen que hay múltiples recursos que no se han localizado y que se indaga su destino.
Suiza es el tercer país al que la PGR pide colaboración internacional en la investigación contra el ex gobernador de Veracruz. Previamente lo hizo a Estados Unidos y España para el rastreo de varias propiedades ligadas al ex mandatario estatal y a su círculo familiar y de amistad.
En la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, la PGR señaló que necesita más tiempo para conseguir los indicios necesarios que permitan acusar formalmente y llevar a juicio al ex gobernador Javier Duarte.
Para ello, la PGR solicitará al juez de control que autorice un plazo de investigación complementaria, que se contempla en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por un periodo de seis meses para terminar la carpeta de investigación.
Esta solicitud solo será procedente si, en la audiencia del próximo sábado 22 de julio, el juez Gerardo Moreno, a cargo del caso, considera que los datos iniciales ameritan abrir un juicio contra Duarte —es decir, lo vincula a proceso—, y entonces sí dará un aval para la investigación complementaria. Es facultad del juez decidir si autoriza los seis meses o un plazo menor.
Entre los elementos que la PGR necesita integrar en la carpeta de investigación se encuentran peritajes en materias de contabilidad, así como financieros que permitan establecer una conexión de las operaciones que, según la imputación, ordenó Duarte desde su posición como gobernador para su beneficio.
Hasta ahora, la Procuraduría tiene pistas de que Javier Duarte instruyó lo anterior gracias a la declaración de un exabogado suyo, Alfonso Ortega, quien aceptó colaborar con la PGR a cambio de no ser procesado al menos de momento. Pero aún se necesitan evidencias para robustecer estos dichos.
Otro punto clave es identificar el origen del dinero. En la audiencia inicial del caso la PGR imputó a Duarte ser el responsable del desvío de 438 millones de pesos provenientes del erario público; sin embargo, solo pudo demostrar con un dictamen que 38.5 millones provenían de una cuenta bancaria a nombre de la Secretaría de Educación.
Lo que falta por identificar con precisión es el origen de los otros 400 millones de pesos, es decir, las cuentas bancarias de las dependencias de donde habrían salido los recursos.
En el expediente también se identifican cuatro departamentos de lujo, cada uno con un precio de entre 1.3 y 1.5 millones de dólares, en el conjunto Finestre, en Ixtapa Zihuatanejo, que pertenecen a Mansur y otros prestanombres pero que según la PGR en realidad son de Duarte.
La Procuraduría necesita documentar cómo se pagaron esos departamentos, es decir, si fue en efectivo o a través de cheques u operaciones bancarias. Es el mismo caso del yate Aquariva que habría adquirido Ortega por indicaciones del ex gobernador de Veracruz.
Los fiscales señalaron en la audiencia que “la investigación en contra de Duarte es un caso abierto”  y que existen varios elementos más que se están recabando para integrarlos.
 Dos ex colaboradores de Javier Duarte en las presuntas operaciones de desvío de recursos y lavado de dinero no serán consignados por la PGR, luego de que ésta aceptó no presentar cargos en su contra o retirárselos a cambio de que colaboren con el Ministerio Público en la indagatoria.
La confirmación de lo anterior se dio en la audiencia inicial, en la que, a solicitud de los abogados, la PGR aceptó que aplicó “criterios de oportunidad” en ambos casos.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece, en sus artículos 256 y 257, que aplicar “criterios de oportunidad” significa que el Ministerio Público se abstendrá de proceder penalmente en contra de una persona que decida colaborar con la autoridad aportando información que ayude a resolver el caso, siempre y cuando no se trate de delitos violentos.
Una de las dos personas que recibió este beneficio es el abogado Alfonso Ortega López, quien desde el principio aceptó colaborar con la PGR. Dicho abogado dio una declaración en la que detalla múltiples operaciones que realizó bajo las supuestas órdenes de Javier Duarte, entre ellas la creación de empresas fantasma, compra de propiedades, traslado de dinero en efectivo, etc.
El otro “perdonado” por la PGR es Juan José Janeiro, también exabogado de Duarte y quien según la declaración de Ortega dirigía múltiples operaciones irregulares ordenadas por el ex gobernador, entre ellas aparecer como prestanombres en la adquisición de propiedades como ocurrió en el rancho conocido como La Mesa en el estado de México.
Contra Janeiro si se había girado la misma orden de aprehensión que contra Duarte pero la PGR la canceló oficialmente en febrero, a cambio de una declaración que el abogado otorgó y que ya también se incluyó en el expediente.
La defensa de Javier Duarte adelantó que en la audiencia de vinculación a proceso programada para el próximo sábado, donde se definirá si hay elementos para que el gobernador vaya a juicio por los delitos que se le imputan, pedirá la presencia física del Alfonso Ortega para que sea interrogado.
“Esta persona tiene la obligación de comparecer en la audiencia. Si está colaborando con la PGR debe ser presentado para que la defensa le puede hacer planteamientos. Tenemos la impresión de que la PGR solo tiene sustentado el caso en dichos de esta persona y vamos a tratar de demostrarlo” dijo Marco Antonio del Toro, coordinador de la defensa del ex gobernador.
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martes, 18 de julio de 2017

El show mediático político de Duarte

Por Miguel Angel Cristiani G.
A las 4:30 de la madrugada de este lunes, cuando se abrió la reja de la celda donde estaba Javier Duarte de Ochoa en la prisión de Guatemala, desde el interior se escuchó su vocecita que decía “show, cámara acción” con esas tres palabras definió lo que sería el inicio de una jornada de espectáculo televisivo y ahora también por las redes sociales.
Y es que el proceso se que se sigue al ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa se ha convertido precisamente en eso, en un espectáculo mediático, en donde ya no se habla de los miles de millones de pesos que desaparecieron como por arte de magia durante su administración o los delitos por los que debió ser acusado, sino que ahora la atención se enfoca sobre sus famosas frases célebres, sobre su corte de pelo o si usa o no usa lentes multicolores.
Desde que salió de la cárcel guatemalceca, hasta que llegó al Reclusorio Norte en la ciudad de México, cerca de las 14:30 horas, en un convoy formado por una fila india con 11 camionetas -se supone que blindadas- que no se utilizó ni cuando trasladaron al Chapo Guzmán, el tema de Javier Duarte se convirtió en una búsqueda principal en Google donde tuvo más de cinco mil menciones.
Las cámaras de televisión y estaciones de radio, siguieron transmitiendo en vivo desde el aeropuerto hasta el reclusorio, donde habrá de permanecer hasta el próximo sábado, en lo que formó parte del gran espectáculo mediático en vivo y en directo, como gusta presumir a los conductores de noticias.
Pero en realidad, lo importante es el asunto de las acusaciones de la PGR y de la Fiscalía del estado de Veracruz, sobre esos siete delitos por los que hasta ahora se le acusan, dos federales y cinco del fuero común, sus cómplices, porque Duarte no actuó solo.
Sin embargo, en la opinión pública, ya Javier Duarte de Ochoa fue juzgado y sentenciado, como el más corrupto funcionario público en la historia de Veracruz y de México.
Los principales aliados del exgobernador Javier Duarte en su batalla legal son los errores de la PGR y la Fiscalía del estado.
De acuerdo con las versiones de quienes han tenido acceso al expediente de Javidu, no hay peritajes que acrediten el delito de delincuencia organizada.
¿Entonces?
Dicen los que conocen del derecho y del nuevo sistema penal acusatorio, que precisamente las acusaciones que enfrentará el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, “se sostienen con alfileres”.
Es decir que los errores en documentos y contradicciones en las cifras del presunto daño que causó al erario, testimonios controvertidos en el propio expediente e investigaciones por parte de la Fiscalía de Veracruz, que sólo aportaron dos documentos y un par de testimonios, son los elementos que integran las carpetas con las que pretenden probarle al exgobernador cinco delitos.
A nivel federal ocurre prácticamente lo mismo. Peritajes que no demuestran la ruta del dinero que habría desviado Duarte del gobierno del estado, ni tampoco se incluyen en el expediente documentos, peritajes que soporten los testimonios que acrediten la vinculación, como organización criminal, entre el exmandatario, sus subalternos y la adquisición de un terreno.
Al no establecer que existía una estructura criminal para delinquir, no se podrán demostrar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, que exige comprobar que tres o más personas se organizaron para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos tipificados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
En el caso de los delitos del fuero común, los documentos que integran las dos carpetas, las 38/2017 y 56/2017, en las que se basan las acusaciones de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, tienen su origen en las denuncias de un líder partidista, y en una de las auditorías que practicó el Órgano de Fiscalización Superior del estado (ORFIS) en 2014 y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero que apenas cubren un pequeño monto de los presuntos desvíos que se atribuyen al gobierno de Javier Duarte, y que ORFIS calculó en 24 mil millones de pesos en ese ejercicio fiscal.
En la carpeta 56/2017, se vincula a Javier Duarte por el presunto desvío de 220 millones de pesos de la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV), originado por la denuncia presentada el 13 de diciembre de 2016 por el ORFIS.
Otra vez lo mismo, se asegura que el expediente está tan mal integrado que ni siquiera los montos del presunto peculado coinciden con las auditorías federales. Y en el caso de la segunda carpeta, en la que se le acusa de tráfico de influencias por utilizar un helicóptero del gobierno del estado, cuando ya era gobernador con licencia, la autoridad ni siquiera prueba que utilizó sus influencias para beneficiarse del helicóptero, y tampoco acredita que como gobernador con licencia ya no tenía derecho a usar la aeronave.
La denuncia que presentó el Orfis, como consecuencia de la observación FP- 072/2015/006 DAÑ, se convirtió el 13 de diciembre de 2015 en la carpeta de investigación C.I. FESP/552/2016/VII/12, y que fue radicada en la Fiscalía Séptima de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del estado (FGE) de Veracruz. Esta fue una de las primeras denuncias presentadas por el organismo contra la anterior administración.
La acusación señala que fueron transferidos recursos federales de la tesorería de la CAEV a la Secretaría de Finanzas y Planeación. El dinero fue depositado a la Tesorería, que en ese momento encabezaba Tarek Abdalá Saad, ahora diputado federal por el PRI. “Dicha acción correspondía a la reestructuración del estado de Veracruz para dar transparencia a la cuenta pública del 2013”.
Por eso es la risa sarcástica de Javier Duarte de Ochoa cada vez que lo sacan a caminar entre las cámaras y micrófonos de los medios de comunicación, porque como ya lo anunció, las acusaciones son de risa y al final de cuentas todo se reducirá un show político.
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sábado, 15 de julio de 2017

Despido masivo de trabajadores en el Congreso

Por Miguel Angel Cristiani G.
La mañana del pasado viernes, fueron llamados a la biblioteca del Congreso del Estado sesenta empleados, para darles la infausta noticia de que a partir de la fecha, habrían de ser despedidos, por motivos de ahorros presupuestales, en una operación de cese masivo de trabajadores, que no tiene precedente en la historia en la entidad.
Las autoridades-funcionarios que gobiernan en el llamado Poder Legislativo, no se quisieron tomar la molestia de ir llamando uno por uno a los empleados despedidos -como hubiera sido lo más moral- sino que los metieron a todos en el salón de la biblioteca, para comunicarles la nefasta noticia, que deja en el desamparo, de un día para otro, a un total de 70 familias xalapeñas.
Porque a los sesenta que fueron notificados el viernes, hay que sumar otros diez, los de mayor antigüedad y en consecuencia derechos laborales, que ya habían sido corridos con anticipación.
Sin lugar a dudas, se trató de un viernes negro, para los y las empleadas, del Congreso veracruzano, casi todos con los salarios más bajos, pero que, sin embargo, ahora pasarán a formar parte de las filas de los miles de desempleados.
Ese despido masivo de empleados de gobierno estatal, no tiene precedentes, ni siquiera cuando se han dado los cambios de una administración a otra, cuando se supone que las autoridades entrantes colocan a sus cercanos colaboradores.
Pero además, lo más grave es que los funcionarios en el Poder Legislativo, en donde se elaboran y aprueban las leyes, que norman la vida de los veracruzanos, son los primeros en no respetarlas.
Pareciera como si esa “casta divina” de funcionarios sintiera que ellos forman parte de un sector privilegiado, que está exento a “cumplir y hacer cumplir” las leyes en el Estado, que debe de ser de derecho para todos por igual.
Porque al poner en práctica ese despido masivo de trabajadores en el Congreso del Estado, estarían violando -por principio de cuentas- la Iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2017, presentada por Flavino Ríos Alvarado, entonces gobernador interino del Estado y que fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado, en el número 7 del 24 de noviembre de 2016, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de la actual Legislatura, para ser más precisos.
Pero además también se estarían pasando por el arco del triunfo, el Decreto número 8 de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2017.
Dicho documento fue promulgado y publicado en la Gaceta Oficial del Estado, el pasado 30 de diciembre del 2016, mediante el Oficio número 35/2016 firmado por el mismísimo gobernador Miguel Angel Yunes Linares.
Y que es lo que dice la Ley y el Decreto, pues simplemente ordena y establece que “Las Dependencias y Entidades deberán vigilar que las bajas definitivas de personal se ajusten a las disposiciones legales aplicables; por lo que deberán abstenerse de efectuar despidos por vía de hecho o derecho, sin la previa asesoría e intervención de sus áreas jurídicas; ante controversia, se privilegiará la conciliación y solución pacífica de los conflictos laborales; en caso inevitable, se deberá cumplir con el procedimiento para la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para la Dependencia o Entidad, lo que será informado de inmediato a la Secretaría, a efecto de realizar las provisiones a que haya lugar; por lo que serán improcedentes las solicitudes de pago que no se hayan registrado como pasivos contingentes en el informe financiero trimestral, que para tal efecto deberán remitir a la Secretaría.
Las plazas que se encuentren en controversia, serán congeladas hasta en tanto se resuelva en definitiva el asunto; de resultar indispensable la ocupación del puesto, el nombramiento se otorgará con carácter de provisional.
Los pagos ordenados por la autoridad competente deberán gestionarse de inmediato a su notificación. En este sentido, las Dependencias y Entidades deberán convenir con la autoridad la fecha probable de pago con base en la disponibilidad financiera que para tal efecto le sea comunicada por la Secretaría, lo anterior a efecto de prever posibles recargos, multas y demás actualizaciones ante el incumplimiento en las fechas establecidas en la resolución.
Asimismo, la integración del pago deberá ser avalada por el área jurídica de la Dependencia o Entidad.
En caso de detectar inconsistencias en la integración, substanciación y en general la atención de estos procedimientos jurisdiccionales, dará lugar a que la Contraloría, a través de los Órganos Internos de Control, integre los procedimientos de responsabilidad y sanciones previstas en las disposiciones aplicables al generarse un daño al presupuesto atribuible al inadecuado desempeño del servidor público responsable”.
Artículo 46. La negociación de las Condiciones Generales de Trabajo aplicables a las Dependencias del Poder Ejecutivo, se sujetará a los incrementos, tiempos y montos que se concedan para el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del Catálogo Institucional de Puestos dependientes de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.
De conformidad con lo anterior, las Entidades que lleven a cabo revisión y modificaciones a sus Contratos Colectivos con trabajadores, no podrán pactar prestaciones superiores en tiempo retroactivo, porcentaje e importe a los que se concedan para los trabajadores del Poder Ejecutivo, para lo cual deberán recabar la autorización previa de la Secretaría.
Artículo 47. Para el pago de las nóminas de las Entidades, deberán contar con la autorización administrativa y presupuestal previa de la Secretaría, ajustándose al procedimiento que ésta determine, cubriendo todos los gastos inherentes a las contrataciones, obligaciones por concepto de impuestos, aportaciones de seguridad social y demás pagos y prestaciones que por Ley deban cubrirse.
La aprobación que realicen los Órganos de Gobierno de las Entidades para la contratación de personal eventual o por honorarios asimilados a salarios con cargo a ingresos propios, podrá realizarse siempre que exista Dictamen de Justificación emitido por el área usuaria, en el que se demuestre la existencia de PPs y AIs que impliquen un incremento en las cargas ordinarias de trabajo, y este personal no se encuentre desempeñando alguna función remunerada en alguna otra Entidad o Dependencia del Poder Ejecutivo, en cuyo caso previamente deberá solicitarse a la Secretaría la autorización de la compatibilidad de empleos, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan.
Artículo 48. Las Dependencias y Entidades en ningún caso darán retroactividad mayor a la fecha de autorización por parte de la Secretaría en la ocupación de plazas vacantes ni en la creación de nuevas plazas, debiéndose cubrir al trabajador dentro de los 30 días naturales.
Así las cosas, con las autoridades del Poder Legislativo, ante un irregular despido masivo de trabajadores, solo queda preguntarse ¿Quién podrá salvarlos? O cuando menos, intentar defenderlos.

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viernes, 14 de julio de 2017

Poder Legislativo: les podría salir el tiro por la culata

Por Miguel Angel Cristiani G.
Ahora sí, que como bien dice el filósofo de mi pueblo Pancho López, a los y las diputadas del Congreso Veracruzano “les podría salir el tiro por la culata” si como es costumbre levantan su dedito para aprobar una iniciativa de decreto que fue presentada por el mismísimo Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán en la sesión del pasado martes, que se refiere básicamente a sancionar a los funcionarios públicos que realicen u ordenen un despido de un trabajador de manera injustificada.
Luego se quejan de que los y las diputadas tienen fama de que nada más levantan el dedo para aprobar las iniciativas que se presentan en el pleno, sin tomarse la molestia siquiera de leerlas, con el pretexto de que “ya fueron publicadas en la Gaceta Oficial” y se supone que las deben de haber analizado detenidamente.
Tal parece que el Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, diputado -plurinominal, obviamente- no se tomó la molestia de valorar las consecuencias de la iniciativa que presentó, pues aunque aparentemente se trata de “defender los derechos de los trabajadores” no se dio cuenta que también los trabajadores del Congreso del Estado tienen esos derechos, por lo que de ser aprobado el decreto que adiciona un artículo 317 bis al Código Penal del Estado de Veracruz para castigar a los servidores públicos responsables de las relaciones laborales, cuando realicen u ordenen un despido injustificado, en perjuicio tanto del trabajador, al no respetar sus derechos y los procedimientos consignados en la legislación laboral, como de la hacienda pública.
A menos que los y las diputadas del Congreso hayan olvidado ya que no forman parte de ninguna “casta divina” sino que son simples funcionarios públicos, que se supone trabajan en el Poder Legislativo para hacer leyes que beneficien y no que perjudiquen a todos los veracruzanos.
Porque da la casualidad, de que el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política y también diputado plurinominal del PAN -es decir que ningún veracruzano lo eligió, sino que fue nombrado por su partido- Sergio Hernández Hernández anunció esta misma semana que serán setenta los empleados del Poder Legislativo los que serán despedidos.
Es decir, que en un futuro próximo estaremos viendo que esos empleados del Congreso, que ya han empezado a ser despedidos sin ninguna justificación legal, más que el argumento de que se trata de hacer ahorros y ajustes en el gasto, habrán de presentar las respectivas demandas y que si los y las diputadas levantadedito lo aprueban, se podría proceder precisamente en contra de los funcionarios responsables de esos despidos en el mismo Congreso veracruzano.
El Coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán desde la máxima tribunal en el Estado de Veracruz aseguró que, en los últimos años, las haciendas públicas se han visto afectadas gravemente como resultado de laudos condenatorios recaídos en múltiples demandas laborales en contra de ayuntamientos y de dependencias y entidades de la administración pública estatal.
“De acuerdo con cifras difundidas por magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en diversos medios, se estiman adeudos en esa materia por más de 2 mil millones de pesos, cantidad que representa el 3% del Producto Interno Bruto Estatal y el 67.4% de los ingresos totales de los gobiernos municipales, lo que evidentemente pone en riesgo la estabilidad financiera de las entidades públicas”.
El legislador local, Juan Nicolás Callejas agregó que este problema se ha generado, entre otras causas, por “despidos injustificados motivados por revanchismos políticos y por actos sin apego a los procedimientos establecidos en la legislación laboral aplicable, ello en respuesta, en algunas ocasiones, a lamentables basificaciones masivas de trabajadores realizadas por autoridades salientes, con la intención de dejar con protección laboral a las personas que contrataron o para obstaculizar las funciones de las entrantes”.
Recordó que se han realizado trabajos legislativos para encontrar una solución a esta problemática, como lo fue la adición que se hizo en noviembre de 2010 de un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, al establecer que los nombramientos de los trabajadores de confianza surtirán efectos sólo en la administración de quien los contrató, sin responsabilidad para el Ayuntamiento entrante de volverlos a contratar. Además, se estableció con dicha modificación que en el presupuesto del último año de ejercicio constitucional deberán contemplarse los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de ley.
Asimismo, dijo que de igual manera, en febrero de 2015 se adicionó un tercer párrafo a dicha fracción, con el objeto de que cada Ayuntamiento clasificara los puestos de confianza y, en particular, se establecieran claramente las causales de terminación del nombramiento. Complementario a lo anterior, se reformaron las fracciones XV y XVI del artículo 30 de la Ley Estatal del Servicio Civil, con el objeto de regular y controlar los despidos en los Ayuntamientos, ordenando a la entidad que se debería notificar al trabajador la terminación de la relación laboral conforme lo establece la ley y, en su caso, fijar en el presupuesto de egresos las cantidades destinadas al pago de indemnizaciones.
El diputado señaló que tales obligaciones han resultado en la práctica letra muerta, ya que los servidores públicos responsables no las acatan, razón por la que consideran que dichas reformas resultaron insuficientes para que los servidores públicos responsables, tanto de la administración estatal como de las municipales, cumplan con la ley, incurriendo con su actuar en conductas contrarias al espíritu del ejercicio de su encargo.
Callejas Roldán puntualizó que actualmente el Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su Título XVII, tipifica una serie de delitos cometidos por funcionarios contra el Servicio Público y, en especial, el Capítulo II, prevé el delito de abuso de autoridad, en el que se establece que será sancionado aquel servidor público que ilegalmente ordene, ejecute un acto o inicie un procedimiento en beneficio propio, ajeno o en perjuicio de alguien.
“En el tema de los despidos injustificados, nos encontramos ante el supuesto jurídico de un acto arbitrario por parte de la autoridad, que con su actuar le causa un perjuicio tanto a la entidad pública, poniendo en riesgo sus recursos, como a los trabajadores injustamente despedidos, por no observar las normas que regulan las relaciones laborales” terminó diciendo el Coordinador de la bancada priista.
Pero también ya esta misma semana, algunos de los trabajadores del Poder Legislativo que están siendo despedidos, se han acercado a algunos de los miembros del Congreso, para que soliciten -por oficio- al presidente de la Junta de Coordinación Política que detalle el motivo, la razón o las bases legales en las que se justifican esos despidos.
Se tiene que “transparenta” cuál es la finalidad de esos despidos, de muchas mujeres que son madres de familia con hijos, para pretender hacer un ahorro.
Se tiene que aclarar si se van a congelar esas plazas o se van a sustituir con nuevo personal.
Se tiene que informar que se hará con ese “ahorro” en el presupuesto.
Se les va a finiquitar conforme a las leyes.
Se tendrán que enfrentar, más adelante, laudos con cantidades millonarias que dañarán severamente las finanzas del Congreso.
Esos y otros puntos más son los que se tienen que analizar y dar respuesta por parte de quienes ahora actúan como los carniceros laborales, pero que mañana pueden convertirse en las reses que serán sacrificadas y castigadas.

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jueves, 13 de julio de 2017

Los sueldazos en el Poder Legislativo

Por Miguel Angel Cristiani G.
Si bien es cierto que como lo comentamos en la anterior Bitácora Política los y las señoras diputadas en el Congreso local se despachan con la cuchara grande cuando se trata de cobrar remuneraciones, dietas y compensaciones por $143,123.38 pesos, libres de impuestos, al mes, también los empleados del llamado Poder Legislativo constituyen una élite que no tiene comparación con cualquier otra instancia del gobierno estatal.
Así lo demuestra el documento en nuestro poder, que es una copia de la nómina que se paga mensualmente en el Congreso del Estado, incluyendo a los y las diputadas, por la cantidad de más de 18 millones de pesos mensuales, con dinero y recursos, naturalmente, de todos los veracruzanos.
Lo más alto de la lista nominal del Congreso Veracruzano -el top teen- lo encabezan Analista Contable, una Asistente y una Secretaria que reciben puntualmente cada mes una “Remuneración mensual bruta” por $120,147.98 el primero, $118,218.84 la segunda y $100,211.48 pesos la tercera.
Esos sueldos no los tiene ni el mismísimo gobernador del estado, Miguel Angel Yunes Linares, aunque la Ley indique que ningún funcionario o simple empleado del gobierno, puede ganar más que el Ejecutivo Estatal.
Pero en el Congreso del Estado al parecer los diputados y diputadas parecen desconocer esa ley, porque son los primeros en estarla violando flagantemente.
Seguramente que usted, amable lector, también se estará preguntando: ¿pues que es lo que hacen esos empleados para ganar tan altos sueldos?.
La respuesta es muy simple, son directivos del sindicato de trabajadores al servicio del Poder Legislativo, que se supone deben de defender los derechos de los empleados del Congreso, en donde por cierto ya se anunció por parte del presidente de la Junta de Coordinación Política el diputado plurinominal Sergio Hernández Herández que serán despedidos un total de 70 burócratas del palacio de la avenida Lázaro Cárdenas.
Pero hay que reconocer que ese sindicato si logra mejoras sustanciales no solo para los directivos, sino para todos sus agremiados, por los sueldos que no tienen comparación con ninguna otra dependencia gubernamental en el estado de Veracruz.
Así las cosas un “analista jurídico” recibe mensualmente $70,000.00 pesos en números redondos, una auxiliar administrativo recibe una percepción de $59,594.80; en tanto que los analistas administrativos reciben $59,348.00; una modesta empleada con categoría de “secretaria” cobra $56,995.90.
Siguen más categorías como la de analista contable que tiene una percepción de $50,604.54; los directores tienen un salario de $50,274.00 pero no pagan impuestos, cuotas al IMSS y al IPE son subsidiados, lo que no tienen en otras dependencias estatales.
Otras categorías que cobran $40,000,00 son las de Analista Administrativo, -que era lo que cobraba el ahora diputado panista José Luis Enríquez Ambell, Secretario Técnico; Asistente, Subdirector De Servicios Jurídicos, Coordinador de Investigaciones Legislativas, Coordinador de Comunicación Social y el Coordinador De Informática, a todos ellos, los impuestos y las cuotas al IMSS son subsidiados con el presupuesto del Congreso, que todavía alcanza para organizar las ya célebres fiestecitas y jolgorios.
En la lista nominal aparecen numerosos empleados con categorías de Secretaria, Auxiliar Operativo o Analista Administrativo, que perciben sueldos entre $39,859.42 y los $38,518.50.
En la categoría de “asistentes” el sueldo que reciben es de $31,760.72 mensuales.
Los llamados “asesores” ganan desde $30,448.70 hasta diez mil pesos mensuales.
En la nómina del Congreso veracruzano el puesto más numeroso es el de los llamados “analistas administrativos” que tienen percepciones que van desde $61,843.88 hasta unos cuantos con ocho mil pesos al mes.
Le siguen los denominados “analistas contables” que cobran desde $120,147.98 (ciento veinte mil 147 pesos con noventa y ocho centavos) hasta el mínimo que es de $16,733.36.
También hay que reconocer que muchos de los empleados del Poder Legislativo tienen ya muchos años de antigüedad laboral, que con las nuevas autoridades del cambio, pretenden despedir al menos a setenta de ellos.
Lo que habrá de llevar a demandas y juicios por despidos injustificados, pero esa es otra historia, diría la Nana Goya, que tendremos que comentar también en la Bitácora Política.

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miércoles, 12 de julio de 2017

Los ingresos de los y las diputadas en el Congreso

Por Miguel Angel Cristiani G.
Aplicando la sentencia popular de que "el que parte y recomparte le toca la mejor parte", los y las diputadas del Congreso de Veracruz, que son los responsables de autorizar la Ley de Ingresos y Egresos del Gobierno del Estado, no se conforman con el sueldo de $58,123.38 -más de cincuenta y ocho mil pesos mensuales- sino que también reciben un bono extra cada mes de otros $40,000.00 pesos por concepto de “subsidio legislativo” y por concepto de gestoría y desarrollo de actividades legislativas otros $45,000.00 pesos, lo que sumado hacen un total de percepciones por $143,123.38 (Ciento cuarenta y tres mil ciento veintitrés pesos con 38 centavos).
Esos ingresos no los tiene ni el mismísimo gobernador del estado, Miguel Angel Yunes Linares, ni ningún otro de los llamados servidores públicos, en todo el Estado.
Aunque se supone que de acuerdo con la ley nadie puede tener un sueldo o ingresos superiores a los del Ejecutivo Estatal.
Esos $143,123.38 pesos mensuales son independientes de “otros apoyos” como viáticos y aunque usted no lo crea, los y las diputadas del Congreso, no tienen que pagar el impuesto sobre la renta, las cuotas al IMSS y al IPE, como todos los servidores públicos, porque también les son subsidiados.
Hay que reconocer que toda esa información se encuentra en la página de la Legislatura Estatal disponible para ser consultada por todo público, por lo que nosotros nos dimos una clavadita por los archivos y encontramos datos verdaderamente reveladores, de la nómina del Congreso, que ya habremos de ir “deshojando”.
Por principio de cuentas, en la nómina publicada figuran un total de 770 empleados o servidores públicos, incluyendo a los y las diputadas, lo que hace una suma de $18,147,244.36 más de 18 millones de pesos mensuales.
De acuerdo con el monto total de ingresos que recibe cada diputado y diputada del Congreso local que suman más de $143,123.38 pesos, habría que señalar que se estaría violando precisamente el artículo 41 de la Ley de Egresos que establece que “las percepciones ordinarias netas después de impuestos y deducciones mensuales autorizadas para los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de no podrán ser superiores a lo que percibe mensualmente el mismísimo Gobernador del estado y que es de $74,938.00.
Ni los Secretarios de Despacho y Homólogos (SIC) que tienen una percepción de $60,540.00
Los Subsecretarios ganan -según la Ley de Egresos- $52,320.00.
Un Director General, Coordinador de Asesores y Homólogos, ganan $50,274.00.
Un Director de Área y sus Homólogos ganan casi lo mismo que un diputado -supuestamente- $40, 476.00.
El truco en el total de ingresos mensuales de los y las diputadas del Congreso local es que en el archivo donde se presentan las remuneraciones netas se informa de un monto de $58,123.38 pesos mensuales, pero en otra parte del mismo archivo están otros dos conceptos el denominado SUBSIDIO LEGISLATIVO por $40,000.00 y el denominado GESTORÍA Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS por            $45,000.00 mensuales que redondean el total de ingresos por $143,123.38 pesos, que es lo que en realidad perciben mensualmente todos y cada uno de los legisladores veracruzanos.
Porque hasta ahora no se sabe, que tengan que presentar comprobantes de en que se gastan esos 40 mil pesos del Subsidio Legislativo, ni de los 45 mil pesos por Desarrollo de Actividades Legislativas.
Lo que significa que son $143,123.38 pesos, libres de impuestos.
Con razón todo mundo quiere ser diputado, con esos “ingresos” mensuales, ni el mismísimo titular del Poder Ejecutivo los tiene.

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martes, 11 de julio de 2017

El congestionamiento del puerto de Veracruz

Por Miguel Angel Cristiani G.
Mucho se ha hablado de que la ampliación del puerto de Veracruz, que se espera quede terminado dentro de 18 a 24 meses, es decir todavía faltan dos años, habrá de crear un sinnúmero de fuentes de empleos que tanta falta hacen, pero lo cierto es que hoy en día, se encuentra operando al máximo de su capacidad, saturado por el considerable aumento que se ha registrado en el movimiento de distintas cargas.
Para tener una mejor idea de lo que representa el congestionamiento portuario de Veracruz, hay que apuntar que el crecimiento que se registra en la actualidad -a un ritmo del 2.5 dígitos en toneladas de carga en contenedores- como no ocurría desde hace cuando menos una década.
Sin embargo, esa bonanza en el movimiento de carga del puerto de Veracruz que dirige Juan Ignacio Fernández ha provocado que los muelles y patios comiencen a estar atascados de mercancías que han llegado en una gran cantidad de buques.
Por eso es que ahora se pueden observar desde el malecón, entre 10 y 20 barcos fondeados haciendo cola para poder entrar a un muelle y esos cuesta muchos millones de pesos al día.
Como todavía está remota la fecha en que empezarán a poder llegar los barcos al nuevo puerto, que se construye en la Bahía de Vergara, el tema del congestionamiento ya preocupa a las autoridades de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER).
Entre enero y mayo, se manejó un total de 4 millones 504 mil 913 toneladas en carga contenerizada, incluidos los movimientos de transbordo de contenedores hacia puertos regionales.
Lo anterior representa un crecimiento de 24.5% en estos primeros cinco meses del año, respecto del mismo periodo de 2016, cuando registró un total de tres millones 617 mil 737 toneladas de carga contenerizada.
Dichos volúmenes, medidos en contenedores o cajas metálicas de 20 pies, en el mismo lapso enero-mayo, sumaron un total de 435 mil 890 TEUs, es decir un incremento de 15%, con relación al mismo periodo de 2016.
Los dos principales operadores beneficiados de estas cifras nunca antes vistas en Veracruz, son las terminales especializadas: la de contenedores ICAVE, que dirige Jorge Lecona (el mismo de Hutchison Ports, de Lázaro Cárdenas) y el maniobrista de carga general CICE, que encabeza Leoncio Pérez.
Pero además, los agentes navieros advierten que todavía lo bueno está por comenzar, porque en la temporada alta, a partir de agosto y hasta el mes de noviembre, los grandes almacenes y comercios del centro del Valle de México empiezan a recibir sus pedidos para llenar sus bodegas de mercancías para las fiestas decembrinas.
Para entonces las navieras deberán contar con muelles reservados en Veracruz, por ello ahora muchas creen que la capacidad instalada no será suficiente, mientras la capacidad dinámica de desalojo, dependerá de la suma de eficiencias en la cadena de la carga, hecho del que debería estarse ocupando la Coordinación General de Puertos, a cargo de Guillermo Ruiz de Teresa, pues aunque hay puertos en el Golfo que tienen capacidad ociosa para carga contenerizada, como Tampico o Tuxpan, el primero por temas de inseguridad en el transporte de carga y el segundo por ausencia de conectividad ferroviaria, aún no están en el radar de las navieras como opción, con todo y que el último tiene una conexión directa con el Valle de México y el Bajío por la nueva autopista.
Todo esto es un asunto de planeación portuaria, que las autoridades deberán de atender, más que difundir promocionales en la televisión, asegurando que el crecimiento del puerto de Veracruz, habrá de generar muchísimos empleos, cuando el destino nos alcance.


lunes, 10 de julio de 2017

Javier Duarte ¿persecución o protección política?

Por Miguel Angel Cristiani G.
Habría que cuestionar, entre muchas otras cosas, los motivos por los que el gobierno de México -Procuraduría General de la República y Secretaría de Relaciones Exteriores- no han agilizado, como debiera de ser, el trámite de regreso del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa a nuestro país, para que pudiera ser refundido en la cárcel.
Otra de las preguntas que siguen flotando en el aire, es porqué no se detuvo y sometió a proceso también la esposa de Javier Duarte de Ochoa la señora Karime Macías Tubillas, quien en realidad era el cerebro que operaba todos los movimientos ilegales dentro de la pasada administración.
La respuesta para esas dos interrogantes es la misma: porque se está protegiendo tanto a Javier Duarte de Ochoa como a su todavía esposa Karime Macías.
De otra manera, no hay respuesta ni explicación al porque si el gobierno de Guatemala declaró que estaba listo para repatriar a Javier Duarte en cuanto el gobierno de nuestro país se lo solicitara, el ex gobernador veracruzano todavía sigue en una prisión del vecino sureño, en lugar de una cárcel de máxima seguridad en las inmediaciones de la ciudad de México.
Pero además, el filósofo de mi pueblo Pancho López nos comentó que los abogados litigantes que si conocen del derecho -no de twittear por redes sociales- aseguran que en una acusación penal, no solo son fundamentales las pruebas que la soportan, sino como se presenta y defiende el caso en el juico.
Los abogados litigantes aseguran que el caso de Javier Duarte, si no está perdido todavía, si se encuentra en riesgo y advierten que se necesita más del expediente que ahora tiene la PGR para lograr una sentencia justa en contra del ex mandatario.
Si bien es cierto que la acusación contra Javier Duarte es en principio por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, resulta comprensible, porque son los primeros datos en la integración del expediente, pero pueden existir las famosas “deficiencias” conforme se vayan descubriendo la información.
Ya son ocho meses desde que Javier Duarte de Ochoa pidió licencia “para defenderse” y que en su lugar huyó del país.
Pero son años, los que tiene la Auditoría Superior de la Federación, reportando gravísimas irregularidades en el manejo de los recursos federales en la administración de Javier Duarte, no fue algo que hicieron en el clásico “año de Hidalgo” sino que aquí desde el principio y a lo largo de todo el sexenio se aplicó la conclusión de la frase……su madre el que deje algo.
Se llevaron todo lo que pudieron y hasta lo que no pudieron también.
No se explica entonces porque en todo ese tiempo la PGR no ha hecho nada, primero para evitarle la fuga del país y luego para regresarlo de nuevo.
Se tienen muchísimo más casos para presentar en contra de Javier Duarte, pero parece ser que la consigna es no hacer nada más.
Nos decían que la PGR y la Cancillería mexicana ya debería de haber presentado las llamadas reglas de especialidad a las autoridades guatemalteca, porque esa es la única manera de que el ex gobernador pueda ser juzgado por otros delitos, que hasta ahora no fueron incluidos en la solicitud formal de extradición.
También es cierto que las reglas de especialidad pueden ser solicitar en cualquier momento, incluso cuando Duarte se encuentre en prisión mexicana ya sentenciado, mientras más tiempo se siga tardando el gobierno de México en extraditarlo, si los abogados se ponen abusados, como se supone que deben de ser, pueden argumentar -aunque usted no lo crea- ser víctima de una persecución política.
Por eso resulta sospechosísimo que tanto la PGR y la Fiscalía General de Veracruz no hayan presentado más allá de tres tristes casos en contra del ex gobernador.
Parece como si las autoridades federales y estatales ignoraran que: La Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Procuraduría General de la República, entre 2011 y 2016, un total de 41 denuncias penales por daños al erario público de Veracruz, cuantificado en 12 mil 732 millones 923 mil 262 pesos. Las querellas se presentaron ante esa institución porque involucra recursos federales. Convirtiendo a nuestra entidad en la más denunciada penalmente por el órgano auditor.
Pero además la Auditoría sumó ocho denuncias penales, porque el gobierno de Veracruz, en la época de Duarte, simuló devolver al erario cuatro mil 770 millones 200 mil pesos, sólo para librarse del órgano fiscalizador federal.
Gran parte de estas denuncias las tiene o tenía la Subprocuraduría de Control Regional, procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, quien no ha rendido un informe claro sobre qué ha pasado con estos expedientes y sólo de manera confusa ha señalado su oficina que en varios casos se ha declarado incompetente y envió los casos a la Fiscalía de Veracruz, es decir, les pidió que se investigaran a sí mismos.
Sería un buen tiempo para que la Auditoría Superior pidiera un informe pormenorizado de lo que ha hecho la PGR en los expedientes sobre Veracruz, y de paso del resto de otras 23 entidades denunciadas en 241 expedientes, para que por fin el subprocurador Higuera y las otras áreas rindan cuentas y aclaren, el porqué del letargo que se traduce en ineficiencia, y porqué renunció a investigar si había recursos federales involucrados. Si bien estas 41 denuncias involucran los ejercicios fiscales de 2009 a 2014, 90% de las querellas corresponden a la gestión de Duarte.
Y en el caso de Veracruz, porqué después de tantos discursos contra la corrupción del gobernador Miguel Ángel Yunes sólo tiene tres casos contra Duarte. En este caso, recordemos, que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, sólo en la auditoría de 2015 encontró un posible daño al erario público de la entidad por 27 mil millones de pesos, cometido a través de 27 instituciones del gobierno de Javier Duarte.
Todo ese dinero aún no aparece reflejado en las tres acusaciones por los que será extraditado el exgobernador, mucho menos los 17 mil millones de pesos de fondos federales que la PGR debería tener en sus expedientes contra Duarte.
Mucho menos se puede vislumbrar que todos esos miles de millones de pesos de los que tanto se ha hablado y dicho sean recuperados y reintegrados a los veracruzanos.
Por eso fue tal vez, que Javier Duarte sarcásticamente declaró ante los medios guatemaltecos que su estrategia de defensa es: “paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, (y) presencia o ausencia, según conveniencia”.
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viernes, 7 de julio de 2017

¿Privatización de farmacias de la Secretaría de Salud?

Por Miguel Angel Cristiani
El pasado lunes en las instalaciones del Hospital Regional de Poza Rica, se inició un proceso de “inventario” en el área de farmacia, se afirma que a partir de la fecha, se habrá de entregar a una empresa prestadora de servicios.
La empresa no solamente se encargará de suministrar los medicamentos sino también de la administración de la farmacia.
Lo que significa una amenaza para el personal que actualmente trabaja en esa área, porque al llegar una nueva administración privada, simplemente serán despedidos.
De esta manera, los empresarios farmacéuticos no solo venderán, sino también administrarán, lo que hasta ahora es una farmacia de gobierno, que será de un particular, con todo y local dentro del hospital.
Buen negocito.
Nos comentan nuestros amigos del norte del estado, que por el momento únicamente están informando al público que supuestamente están haciendo un inventario, pero se considera que a partir de la fecha, quedó subrogado el servicio.
Pusieron un aviso de que no había servicio por inventario prácticamente lo pararon por 48 horas, en un hospital general. ¡Imagínese!.
No se sabe si esa esa subrogación es solamente en el Hospital Regional de Poza Rica o si la misma medida se adoptará en todo el estado.
Está llegando mucha gente nueva, en todas las áreas, en el Hospital Regional Poza Rica.
Son muchas las necesidades físicas, por falta de recursos de mantenimiento, que tiene el Hospital Regional de Poza Rica, algunas de ellas han sido publicadas en los medios de comunicación local.
Además de que constantemente están cambiando al director del hospital y eso no viene desde la administración pasada, por las pugnas políticas al interior de éste, generadas por los cambios de secretario de salud a nivel estatal.
Todo eso ha venido generando una desestabilización social en su administración y por supuesto sin seguridad en el personal en materia de trabajo
Cabe señalar que el Hospital Regional de Poza Rica tiene paralizada una obra de ampliación en el área de Urgencias, que actualmente funciona como Maternidad, el lugar donde se encuentra funcionando urgencias en la actualidad, supuestamente es en forma provisional, pero eso ya tiene más de 6 años.
Al parecer también es por problemas legales con la constructora.
Hace aproximadamente un año se inició la remodelación de una de las clínicas ubicadas en Poza Rica, en concreto la de la Colonia Manuel Ávila Camacho conocida como Ichante, dicha obra también está paralizada y en la actualidad está funcionando en una casa en ese mismo sector como clínica asistencial.
También relacionado con el sector salud, aquí en Xalapa, el juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz negó un amparo al ex secretario de Salud, Pablo Anaya Rivera.
Anaya Rivera trabajó en la dependencia durante el inicio de la administración de Javier Duarte y buscaba la protección de la justicia federal, según el expediente 650/2017.
Anaya Rivera reclamaba el amparo contra una orden de aprehensión del Juez de Control de Pacho Viejo y otras autoridades.
El ex secretario estuvo al frente de la Secretaría de Salud de 2010 hasta 2013, y fue el primero de 3 secretarios en la dependencia.
También se vio involucrado en los videos de Boca del Río donde funcionarios estatales se ponían de acuerdo para distribuir recursos en campañas electorales.

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jueves, 6 de julio de 2017

El despido masivo de empleados en la Legislatura

Por Miguel Angel Cristiani G.
Este martes en la sesión del Congreso del Estado fueron aprobadas diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Veracruz y en contraste también fueron notificados otros 15, de un total de 70, empleados de la Legislatura que serán despedidos bajo el argumento del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado panista de representación proporcional Sergio Hernández Hernández de que no se justifica su puesto ya que hay exceso de personal.
Aunque en los pasillos del palacio legislativo se comenta que en realidad fueron despedidas y despedidos los trabajadores que cometieron el error de pedir que les otorgaran la basificación en sus empleos, ya que varias son madres solteras con 2 hijos y que tienen más de 10 años de estar desempeñando sus funciones.
El argumento de las autoridades es que en algunas áreas hay exceso de personal, pero no se transparenta cuáles son esas áreas en donde se despedirá a los empleados.
Tampoco se transparenta el monto que se va a “ahorrar” con el despido de los trabajadores del Congreso, que seguramente habrán de interponer las respectivas demandas y en consecuencia se tendrán que pagar las justas liquidaciones, con lo que al final de cuentas, puede salir más caro el trapito que el remedio.
Por principio de cuentas, sería saludable y transparente, que se publicaran en la pagina del Congreso los nombres de todos y cada uno de los empleados que cobran, para evitar que lo hagan familiares, amigos y amigas de los diputados.
Precisamente, en la sesión de este martes la diputada Cinthya Lobado Calderón desde la tribuna advirtió que “La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no es una moda pasajera, llegó para quedarse”
La diputada Cinthya Lobato Calderón tuvo una destacada intervención y en su calidad de Secretaria de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto del Congreso del Estado, desde la más importante tribuna veracruzana, señaló que con la aprobación de el Dictamen  que reforma diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz,  se contribuye a que exista una sociedad más justa y participativa y “el Poder Legislativo tiene  la gran responsabilidad de construir un andamiaje legal que permita la construcción de la cultura de la Transparencia y el Acceso a la Información y recoja  los más sentidos anhelos de nuestra sociedad veracruzana”.
Recordó que la pasada legislatura, no supo recoger el interés superior de tutelar el derecho humano de acceso a la información, incluso, levantó inconformidades del propio Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y de muchos sectores de la sociedad que exigían su legítimo derecho de transparentar los Gobiernos y acceder a la información que es pública y por lo tanto, propiedad del pueblo.
Ante tal situación, el Grupo legislativo del PAN presentó en el mes de febrero una iniciativa de Decreto que reforma y deroga  diversas disposiciones de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y entonces, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Parlamento Abierto en la cual funge como Secretaria; la diputada Daniela Griego de Morena es Presidenta y el diputado del PRI, Emiliano López Cruz es vocal;  se dieron a la tarea de realizar un trabajo profundo con la participación de varios sectores de la sociedad y de la academia.
“Esta vez, se privilegió el interés superior del pueblo y se cuidó por encima de todo enmendar las fallas e inconsistencias que fueron motivo de controversia y que generaron tanta inconformidad social con la Ley 875 aún vigente”.
El Pleno de la LXIV Legislatura de Veracruz aprobó el Dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz que tiene como propósito homologar los procesos y procedimientos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la entidad.
Esta reforma fue aprobada por el Congreso del Estado con 42 votos a favor de diputados del PAN, MORENA, PRI, PRD, Nueva Alianza, PVEM y de Juntos por Veracruz. No se registraron abstenciones o votos en contra. De esta manera se establece que los sujetos obligados deberán publicar y mantener actualizada la información pública, de conformidad con los lineamientos que para el caso expida el Sistema Nacional, al inicio de cada año o dentro de los siguientes diez días naturales a que surja alguna modificación, de acuerdo con sus atribuciones y a disposición de cualquier interesado.
Así las cosas, el Congreso del Estado es el primero que debe de estar obligado a transparentar y ser ejemplo del manejo de la información, que no debe ser ocultada a los veracruzanos.

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miércoles, 5 de julio de 2017

Javier Duarte: el que ríe al último

Por Miguel Angel Cristiani G.
Nuevamente el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa durante la tercera y última audiencia en los tribunales de Guatemala, antes de ser regresado a México, se mostró sonriente, como lo hizo en anteriores ocasiones, posó y mostró su gesto ante las cámaras de fotógrafos y televisoras, que trataron de cuestionarlo sobre el motivo de su felicidad.
Pero en realidad eso no es nada nuevo, si vemos las imágenes del ex mandatario veracruzano, desde que estaba aquí en el estado de Veracruz, siempre aparecía haciendo muecas o risas.
Aunque en esas apariciones públicas, en el trayecto de los pasillos de la cárcel a la sala del tribunal, no respondió a la pregunta que le hicieron los reporteros sobre el motivo de su risa, hay que recordar que en una de sus comparecencias ante las autoridades guatemaltecas, dijo que las acusaciones que le estaban haciendo eran de dar risa.
Y posiblemente tenga razón, porque si la acusación que le están haciendo es por un monto de 250 millones de pesos, que fueron movidos de una cuenta a otra del mismo gobierno del estado y que lógicamente no fue hecha por el gobernador sino por el secretario de finanzas, pues entonces, ahí está la explicación del porqué la sonrisa sarcástica-nerviosa, del ex mandatario.
Pero de los miles de millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación detectó durante los últimos años de su administración, no hay ninguna acusación, o lo que es lo mismo los delitos que le imputan, podrían ser fácilmente defendidos favorablemente por el despacho de abogados que lo está asesorando.
Por eso fue que Duarte de Ochoa aceptó su extradición -casi inmediata- a nuestro país, aunque los trámites de las autoridades mexicanas, Secretaría de Relaciones Exteriores, todavía podrían llevar hasta 15 días, para que finalmente sea repatriado a un penal en el centro del país.
Pero cabe entonces preguntarse, ¿cuáles son los delitos por los que Javidu será juzgado?
De entrada, enfrentará tres órdenes de aprehensión vigentes que se han girado en su contra y que agrupan un total de siete delitos.
Una de estas órdenes fue solicitada por la PGR y dos más por la Fiscalía de Veracruz.
De acuerdo con los que conocen del derecho y del nuevo sistema penal,  de todos los delitos que se le imputan, solo el de delincuencia organizada amerita prisión automática; para el resto de los procesos, la PGR y la Fiscalía de Veracruz tendrán que solicitar a los jueces la prisión preventiva, y argumentar por qué existe el riesgo de fuga.
Entre los delitos por los que México solicita la extradición no se encuentran los desvíos de miles de millones de pesos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, pues ninguna de las 53 averiguaciones previas iniciadas por esas presuntas irregularidades ha sido consignada por la PGR.
En un reportaje publicado por Animal Político se establece que los delitos que le imputan a Javier Duarte son:
Delincuencia organizada: Duarte es acusado de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. Su pena va de los 20 a 40 años de prisión.
Operaciones con recursos de procedencia ilícita: A Duarte y sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena va de los 5 a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
Abuso de autoridad: por girar instrucciones para utilizar recursos públicos etiquetados con otros fines. Esto habría afectado a los ciudadanos a costa de obtener un beneficio propio. Este delito amerita una sanción de 2 a 8 años de prisión.
Incumplimiento de un deber legal: por permitir, al menos por omisión, que recursos públicos etiquetados fueran desviados para otros fines, como ocurrió por ejemplo con 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014. Amerita una pena de uno a ocho años de prisión.
Peculado: por haber sido el beneficiario final de los desvíos que se registraron en su administración, lo que le permitió a él y a sus allegados apropiarse de un patrimonio ilícito. Contempla una pena de los cuatro a los quince años de prisión.
Tráfico de influencias: el ex gobernador es señalado como el promotor de los mecanismos de desvío de recursos en su administración. Este delito contempla una pena de uno a cuatro años de prisión.
Coalición: por el desvío de 2 mil 300 millones de pesos del Seguro Popular en 2014, la Fiscalía de Veracruz advierte que Duarte consintió junto con el entonces ex secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, y otros servidores públicos la salida de estos recursos. Alcanza una pena de seis meses a seis años de multa.
Por otro lado existe una segunda orden de aprehensión que la PGR obtuvo de un juez a través de la FEPÁDE por delitos electorales, Esto luego de que se identificó que la administración de Duarte obstaculizó la llegada de recursos al órgano electoral de la entidad,
Esta orden de aprehensión no fue incluida en la solicitud de extradición, pero de acuerdo con la PGR, en su momento se podrá cumplimentar la misma aludiendo a una excepción del principio de especialidad del tratado de extradición México Guatemala.
Adicionalmente, en redes sociales se está convocando a presentar una demanda ante el Tribunal Internacional de La Haya, por el delito de lesa humanidad, por el tema de los medicamentos clonados para ser suministrados a enfermos de cáncer, además de que también algunas ONG estarían organizando otra demanda por la desaparición y asesinatos de más de 12 mil veracruzanos durante el sexenio de Javier Duarte.
Habrá que esperar a ver cómo le demuestran esas acusaciones de los delitos, para que no vaya a ser que al rato salgan con que no estaba bien presentada la denuncia, con pruebas suficientes para comprobar la participación del ex gober sonriente y más temprano que tarde, quede en libertad.
Bien advierte Pancho López el filósofo de mi pueblo, que el que ríe al último ríe mejor.
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martes, 4 de julio de 2017

Moreno Valle y la Fuerza del Cambio en Veracruz

Por Miguel Angel Cristiani G.
El ex gobernador de Puebla y aspirante a la candidatura a la presidencia de la república, Rafael Moreno Valle estuvo en Xalapa, en donde vino al salón Ghal, para reunirse con militantes panistas a quienes les presentó su primer libro titulado “La Fuerza del Cambio”, pero también se reunió con periodistas veracruzanos durante cuatro horas, para darles entrevistas exclusivas a los diferentes medios que se lo solicitaron.
Aunque se trata de un precandidato a la presidencia de la República que forma parte de la directiva del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, no se contó con la asistencia de los directivos del comité directivo estatal o de los diputados locales en el Congreso de Veracruz, pero tampoco hicieron falta, porque el auditorio se vio abarrotado de seguidores y amigos de diferentes partes de la entidad.
En primera fila, estaban todos los miembros de la familia Fernández Ávila y Chedraui con quienes Moreno Valle tiene lazos de amistad desde que era un niño, cuando sus abuelos tenían también una estrecha relación de fraternidad.
Desde las dos de la tarde, Rafael Moreno Valle estuvo recibiendo en el primer piso del edificio Ghal a los representantes de los medios de comunicación, que fueron pasando uno por uno, de acuerdo al turno que les asignó su colaboradora Sagrario Conde, hasta que dieron las seis de la tarde en punto, en que subió al segundo piso, en donde ya lo esperaban para la presentación del libro publicado por la editorial Porrua.
En el salón, desde la puerta fue estrechando la mano de los presentes, saludando de beso a algunas de las damas y tomándose la selfi con todos los que se lo solicitaban.
¡Yo aproveché para tomarme la foto, porque el año que entra quien sabe si pueda! Dijo una mujer emocionada que se encontraba en la última fila, sentada a un lado del periodista veracruzano Fito Soler.
Otra mujer estaba mandando un mensaje que decía: yo le planté un besote.
Así fue avanzando lentamente entre la multitud, hasta llegar a la primera fila, en donde ya lo esperaban Manuel Fernández Ávila y sus hermanos, quienes le dieron un fuerte apretón de manos y un abrazo.
Al inicio de su intervención, el aspirante a la candidatura presidencial comentó: Yo en lo particular me siento muy contento de encontrarme en Xalapa, no saben el gusto que me da estar hoy aquí, porque me recuerda mi niñez, estaba platicando hace unos minutos con la familia Fernández y don Justo Fernández QPD y también mi abuelo que también descanse en paz, fueron entrañables amigos; entonces de niño yo venía a pasar vacaciones de Semana Santa y fin de año, en el rancho de Las Animas, cuando además estaba lejos de la ciudad, ir al rancho era como un lugar lejano a la población, que ahora ya hay un extraordinario desarrollo en esa zona y un crecimiento increíble de la capital hacia ese lugar.
Siempre es grato tener esos recuerdos de la infancia, pero te dan una idea de la vinculación que tenemos.
Cuando tuvimos la oportunidad de cuestionarle, le dijimos si considera que Rafael Moreno Valle quiere ser presidente de la república, fue contundente: “por supuesto, tengo una legítima aspiración a poder lograr el cambio en este país, como lo hicimos en Puebla, sin embargo también entiendo que hoy nuestro querido México enfrenta una terrible crisis, que se requiere, hacer cambios profundos para poder combatir la pobreza, para poder mejorar las condiciones económicas, esta inflación que ha venido haciendo que suban los precios de los productos pero que no se incrementen los salarios, que veamos como la inseguridad ha crecido prácticamente en todo el territorio nacional, el impacto que eso tiene en las inversiones, en la creación de empleos.
Por lo tanto, creo que es urgente un cambio, para una enorme irritación social, particularmente la corrupción y la impunidad, han hecho que mucha gente deje de creer en la politica, en los políticos y en los partidos, y cuando la irritación social se convierte en plataforma de gobierno, los resultados son desastrosos como lo estamos viendo en Venezuela, creo que estamos ante una necesidad de crear una alternativa de cambio para México porque no podemos seguir por el mismo camino y esperar resultados diferentes.
Respecto a la posible creación de un frente democrático para presentar un bloque de unidad en la próxima elección presidencial, el exgobernador de Puebla nos dijo:
Estaremos buscando construir un frente, de partidos y de ciudadanos, para lograr ese cambio en beneficio de todos los mexicanos.
Me parece que debemos enriquecer cualquier programa a través de la participación de diversas fuerzas políticas y ciudadanos, porque no se trata solamente de señalar los qués sino encontrar los cómos, el diagnóstico del país, lo podemos hacer de manera muy clara en base a los indicadores, el reto es como encontrar nuevas soluciones a los problemas, cómo vamos a combatir la pobreza y desde mi punto de vista, la única forma es generando riqueza. No se trata de darle pescado a la gente, sino de enseñarle a pescar. La idea es detonar el extraordinario potencial que tiene nuestro país y te doy ejemplos para no caer en generalidades, a mí me parece inaceptable, que México siendo un país productor de petróleo importe gasolinas, que importe petroquímicos, eso quiere decir que estamos dejando ir inversiones extraordinarias y empleos que deberían de estar en México y hoy están en otros países.
En la parte final de la introducción de su libro “La fuerza del cambio” Rafael Moreno Valle expreso: recuperamos el orgullo de ser poblanos, con la fuerza del cambio, lo mejor para México está por venir, ¡Viva México!
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