viernes, 10 de marzo de 2017

Transporte Público: la tercera es la vencida

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
El próximo martes se cumple ya un mes, desde que el gobernador del estado Miguel Angel Yunes Linares anunciara en palacio de gobierno, la reestructuración del Transporte Público en la entidad, medida que pretende “acabar con el desorden y abatir la corrupción y la inseguridad” que supuestamente habrá de iniciarse y entrar en vigor este mes de marzo, pero en el Congreso del Estado, apenas si será discutida -si es que se logra agendar- en la próxima sesión del día 16.
Precisamente fue el 16 de febrero, cuando en una ceremonia especial en palacio de gobierno, en el patio central, el gobernador Yunes Linares dio a conocer que enviaría al Congreso la iniciativa de reforma a la ley para poner orden, en un enmadejado sistema de corrupción, que se ha ido extendiendo y ramificando a lo largo de los últimos 20 años.
El tema más emblemático quizá en esa red de corrupción, es el de la venta de concesiones de taxis, que se dieron no en base a necesidades del transporte, sino a la demanda de quienes pudieron pagarlas, pero que al final de cuentas terminaron matando la gallina de los huevos de oro.
Pero n fue solamente la venta excesiva de concesiones de taxi, también se trata de las de servicio urbano y rural, que vinieron a hacer crisis, que ahora se pretende remediar.
Ya los taxistas de Orizaba y otras regiones en la entidad, están exigiendo que se revisen las numerosas concesiones que se otorgaron -muchas de ellas para pagar favores políticos- así como las que están trabajando de manera apócrifa, amparados en una hoja de papel, pero que finalmente no tienen legalidad.
En Xalapa, la capital del estado, donde circulan más de 14 mil taxis en la zona conurbada de Xalapa, Banderilla, San Andrés Tlalnehuayocan y Las Trancas, los camioneros amenazan con suspender las rutas que ya no les resultan redituables por invasiones y por la disminución en el número de usuarios del servicio.
En contra parte a la reestructuración del Transporte Público, todos los protagonistas, taxistas o camioneros, están demandando aumentos en sus tarifas, entre otros argumentos por los aumentos en las gasolinas.
Pero mientras tanto, en el Congreso del Estado, que es donde supuestamente habrá de aprobarse la reestructuración del Transporte, todavía no pueden sacar la otra reestructuración la de la deuda pública, que es más urgente e importante.
Ya van tres intentos por pasar la reestructuración de la deuda y la presidencia de la Junta de Coordinación Política, no ha podido convencer a los coordinadores de los grupos parlamentarios para que pueda ser votada y aprobada.
Ya se tiene el antecedente, de la iniciativa de reforma que pretendía quitar el fuero a funcionarios públicos, que se presentó en el pleno y no fue aprobada.
La reestructuración de la deuda pública -que amenaza con llevar a la administración estatal a una crisis económica todavía mayor a la que ya estamos sufriendo- tiene más de un mes en la Comisión de Hacienda y todavía el coordinador de los diputados panistas Sergio Hernández Hernández no logra convencer a sus compañeros diputados para que pueda ser votada a favor.
El Programa de Regularización y Reordenamiento  del Transporte Público sería el tercero y posiblemente el último asunto que tendrá que consensuar el Presidente de la Junta de Coordinación Política, pero resultará todavía más complicado, porque no se trata de convencer solamente a los legisladores para que lo aprueben, sino también con los sindicatos y agrupaciones de taxistas y transportistas de todo el estado, que no permitirán que se les afecten sino todo lo contrario.
Pero todo esto se tendrá que dilucidar el próximo martes, en la sesión extraordinaria del pleno del Congreso del Estado, donde todavía es presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Sergio Hernández Hernández.
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