jueves, 23 de marzo de 2017

Represión a periodista en el Congreso Estatal

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Tenemos que manifestar nuestra total solidaridad con el compañero periodista Walter Ramírez, director del portal en internet Noticias desde Veracruz, el cual fue reprimido al ejercer el derecho a la información y la libertad de expresión, por funcionarios menores del Congreso del Estado de Veracruz, quienes en un acto de prepotencia ordenaron al cuerpo de “seguridad” que lo sacaran de las instalaciones.
No es el primer “incidente” que se registra en la actual Legislatura del Estado, para impedir el trabajo de los reporteros y periodistas que tenemos que cubrir las sesiones o los eventos que se realizan en el Palacio Legislativo.
Nunca antes en toda la historia del Poder Legislativo en Veracruz, se había suscitado un hecho tan reprobable en contra de la libertad de expresión.
Lamentablemente no existe unidad en el gremio periodístico, para reprobar y defender con toda energía hechos lamentables como el que se registró en el área de Comunicación Social.
Hasta ahora la unidad del gremio se manifiesta -incluso públicamente- cuando se trata del asesinato de un periodista, pero cuando se trata de una agresión a sus derechos laborales, de libertad de expresión y de acceso a la información, no pasa nada.
Habría que recordar que la libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Las constituciones de los sistemas democráticos también lo señalan. De la libertad de expresión deriva la libertad de prensa.
Pero todo ello parece ser ignorado por los y las señoras diputados en el Congreso de Veracruz.
El pretexto para actuar en contra del reportero, es que “había agredido a personal en la sala de prensa” pero en realidad el motivo del enojo es que habría solicitado vía derecho a la información datos sobre el grado o título académico que ostenta el encargado de Comunicación Social del Congreso.
Resulta contradictorio que apenas hace unos días se aprobó por mayoría de votos de los diputados locales, precisamente transparentar toda la información del Congreso, pero que al parecer cuando se trata de ejercer ese derecho, vienen las repercusiones en contra de quienes lo ejercen.
También resulta irónico que se haya creado una Comisión de Atención y Defensa de los Periodistas en el Congreso, que preside la diputada María Josefina Gamboa Torales, pero que al parecer únicamente le preocupa lo que se hace afuera del recinto y no lo que ocurre en el interior de la llamada Casa del Pueblo Veracruzano.
A propósito, la Comisión Estatal para la Atención y Defensa de los Periodistas, que ha sido severamente cuestionada, ya ha tomado cartas en el asunto y habrá de proceder legalmente y en consecuencia.
El periodista Marco Antonio Aguirre quien también cubre la fuente informativa de la Legislatura se refirió también al hecho reprobable en los siguientes términos:
Prepotencia y agresiones en el Congreso. En el Congreso del estado de Veracruz se están tomando actitudes de prepotencia y de franco contubernio entre los diputados del PAN, y -por lo menos- con algunos de la llamada fracción Juntos por Veracruz.
La prepotencia y los ánimos represivos en el Congreso del estado se manifestaron sobre todo contra Walter Ramírez, director del portal Noticas Desde Veracruz, al cual lo calumniaron al decir que había “agredido a diverso personal en la sala de prensa” y por lo mismo le “restringieron” el acceso al recinto legislativo, según dice en algo que parece un oficio con número DSJ/608/2017, pero al cual le cubrieron tanto el nombre de quien firma, como a quien va dirigido.
El conflicto de raíz es que Walter Ramírez hizo una solicitud vía acceso a la información sobre el manejo de la Coordinación de Comunicación Social del Congreso; Sergio Melo Hernández (quien se firma como licenciado cuando en realidad es técnico en electrónica automotriz) titular de la dependencia, le dijo que retirase la solicitud y que además le firmase un documento donde se comprometía a nunca más volver a solicitar información de ningún tipo.
Walter Ramírez se negó y ante esto Sergio Melo lo amenazó con que terminarían las relaciones comerciales con él y con el portal, lo cual cumplió de inmediato. Después vino el incidente de expulsión.
La calumnia de la supuesta agresión se levantó, junto con una supuesta acta circunstanciada y con este soporte se elaboró el oficio de expulsión.
Presumiblemente el oficio lo firma el notario público Ángel Ramírez Bretón, quien por ahora ocupa el cargo de Director de Servicios Jurídicos, pero al cubrirse el nombre, se carece de la certeza de que así sea.
Pues bien, con esa calumnia, de la cual se admite la falta de soporte en el mismo escrito, a Walter Ramírez lo sacaron 7 policías del Palacio Legislativo.
De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo sólo el presidente del Congreso, en este caso la diputada María Elisa Manterola Sáenz, tiene la facultad exclusiva de ordenar que el personal de vigilancia intervenga.
Si esto no fue así, Sergio Melo y Ángel Ramírez Bretón se tomaron atribuciones que no les corresponden y deben ser corridos.
Además, se debe dilucidar la intervención del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el panista Sergio Hernández, quien es en realidad el que controla lo que ocurre en el Palacio Legislativo.
¿Qué Manterola Sáenz y que Sergio Hernández no sabían que esto ocurrió?, ¿pues clase de control tienen sobre lo que ocurre en el palacio legislativo?
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