miércoles, 16 de noviembre de 2016

Propuesta de Ley de Austeridad Republicana

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Dice el filósofo del pueblo Pancho López: que el buen juez por su casa empieza y lo anterior aplicado al Poder Legislativo del estado, significaría que los buenos diputados también comenzarán por lo que se considera la Casa del Pueblo veracruzano.
Resulta que en la pasada sesión de la LXIV Legislatura del Estado, el Grupo legislativo de MORENA presentó una Iniciativa con Proyecto de Ley de Austeridad Republicana para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que pretende disminuir gastos y un mayor control del presupuesto, lo cual es muy loable.
Pero si los señores y señoras diputadas se van a poner a regular los excesivos sueldos de que disfrutan algunos de los titulares y directivos en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pues tendrían que empezar por revisar las nóminas que se pagan a los empleados del sindicato de trabajadores del Congreso Estatal.
Porque de acuerdo a versiones extraoficiales, no confirmadas y mucho menos transparentadas, los directivos del sindicato de trabajadores del poder Legislativo reciben ingresos mensuales a los que cobran el mismísimo gobernador del estado y los diputados y diputadas.
No se trata solamente del sueldo nominal, sino que por otras prestaciones, bonos y demás chculucos, reciben y cobran un dineral, que obviamente se hace en la más absoluta opacidad, porque nunca se van a transparentar y menos publicar.
Pero los y las diputadas de MORENA presentaron y fue turnada a comisiones la Ley de Austeridad Republicana para el Estado de Veracruz, que tiene por objeto establecer las reglas y principios de austeridad para los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como para los organismos autónomos que contempla la Constitución del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que deben cumplir para la elaboración, control y ejercicio anual de su presupuesto, independientemente de la naturaleza jurídica que posean, así como para racionalizar, reorientar y reducir en términos reales el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo.
En la exposición de motivos de la Ley de Austeridad, se afirma que la última evaluación de pobreza elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), donde se describe a 4 millones 634 mil habitantes en el estado de Veracruz en calidad de pobreza y 1 millón 370 mil en situación de pobreza extrema, lo cual se traduce como la imposibilidad de los mismos para satisfacer al menos una de sus necesidades primarias respecto a la alimentación, salud, vivienda o educación,
Según las estimaciones del Observatorio de Finanzas Públicas, las arcas del estado están desprovistas por un déficit presupuestal estimado de 10,816 millones y una deuda pública de 170,284 millones de pesos.
En todas las dependencias del estado de Veracruz, se concentran clases de funcionarios privilegiadas, en esta iniciativa, se propone un régimen de austeridad republicana que suprima los salarios, bonos y prestaciones exorbitantes de gobernantes, funcionarios, magistrados, jueces y legisladores locales que agreden la estabilidad económica del estado y ofenden a sus ciudadanos.
Con la Iniciativa de Ley de Austeridad Republicana para el estado de Veracruz, se estima un ahorro de 16,267.81 millones de pesos, que serían distribuidos entre los rubros: educación en un 40%, salud en otro 40% e inversión en un 20%.
Precisamente en la descripción de los rubros prioritarios de reducción de gastos uno de los renglones principales es el denominado Servicios personales. En donde se pretende ahorrar hasta 12,834.94 millones de pesos, lo anterior constituiría un gran logro para erradicar el uso excesivo de las plazas gubernamentales que en el último sexenio han sido señaladas como lugar de prestanombres.
En la referida Ley de Austeridad Republicana se destina todo un Capítulo II  para tratar el tema de los Servicios Personales:
Artículo 5. En términos de artículo 82, fracción II de la Constitución del estado de Veracruz, se establecerá un tabulador único para los servidores públicos estatales que tendrá como tope máximo el ingreso bruto del ejecutivo estatal, que será de 33 UMAS.
Artículo 6. Los ingresos de plazas correspondientes a nivel de secretarios, subsecretarios, director general, director de área y homólogos, en los tres poderes, en los órganos constitucionales autónomos y en el resto de las autoridades estatales, independientemente de su naturaleza jurídica, se ajustarán de manera progresiva abajo de ese tope.
Artículo 7. Conforme al precepto anterior, las retribuciones o remuneraciones de los funcionarios públicos de menor responsabilidad se ajustarán de manera progresiva desde el nivel más bajo hasta los nuevos topes máximos, reduciendo los tramos entre unos y otros, disminuyendo la desigualdad de ingresos entre los servidores públicos.
Artículo 8. Sobre esa base, la asignación de los salarios de los servidores de los entes públicos estatales será proporcional a la responsabilidad de su encargo.
En fin, que habrá de esperar para ver si es aprobada la iniciativa de ley presentada por la fracción de MORENA, ya que aunque es la segunda fuerza en el Congreso por el número de diputados, no cuenta con la mayoría necesaria para su aprobación y luego su aplicación efectiva, porque una cosa es lo que dicen las leyes y otra lo que se hace.
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