miércoles, 30 de noviembre de 2016

Comparecencias obsoletas de nuevo

Por Miguel Angel Cristiani G.
Terminaron las denominadas comparecencias de secretarios y funcionarios encargados de despachos del gobierno del estado, para ampliar la información contenida en el sexto y último informe de la administración que encabezó el gobernador prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa, pero una vez más, se puso de manifiesto el hecho de que ese tipo de reuniones de trabajo no funcionan correctamente por diversas razones, que ahora los nuevos diputados y diputadas han podido comprobar.
Aunque en la tercera sesión de la actual 64 Legislatura del Estado, los y las diputadas de todas las fracciones políticas en el Congreso aprobaron una serie de reformas al Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo que establece en el formato de comparecencias de los servidores públicos de la administración pública, lo cierto es que continúan prevaleciendo vicios que lo hacen inadecuado.
El hecho más destacable, es que finalmente, los funcionarios comparecientes, informan y dicen lo que quieren, porque aunque se supone que juran y perjuran que habrán de decir la verdad y nada más que la verdad, lo cierto es que cuando las o los diputados les solicitan ampliar algún tema en específico, lo que hacen es simplemente, decir que les habrán de dar respuesta en 48 horas.
Habrá que preguntar a los y las diputadas para saber a cuántos de ellos les fue enviada, en tiempo y forma, los datos que quedaron a deber en a comparecencia los funcionarios.
Porque al final de cuentas, con el hecho de que les contesten, ya no hay manera de replicarles.
Pero además tampoco tiene ningún sentido, que si se supone que cada servidor público compareciente deberá enviar con 48 horas de anticipación el texto de su presentación, mismo que deberá distribuirse a todos los diputados por lo menos 36 horas antes de la comparecencia, el titular vuelva a dedicar “hasta 30 minutos” para leer lo que ya se ha entregado previamente.
De igual manera, tampoco tiene sentido que al inicio de cada comparecencia, el presidente de la Comisión en turno apercibirá al servidor público que en caso de conducirse con falsedad podría hacerse acreedor a las sanciones penales, políticas o administrativas a que haya lugar, porque se supone que eso ya lo debe de saber todo funcionario que acuda a comparecer.
Tampco es funcional, que a cada funcionario que vaya a comparecer, se le leea el reglamento para el Gobierno del Poder Ejecutivo, porque se supone que quienes van a ese tipo de informes, deben de conocer la normatividad respectiva, entonces para que perder el tiempo en eso.
Con las reformas al reglamento aprobadas recientemente, se dice que los funcionarios podrán hacerse acompañar de hasta 20 colaboradores para auxiliarle en sus labores del informe y se abstendrán directa o indirectamente de realizar en sus comparecencias actos multitudinarios dentro y fuera de este recinto legislativo, aunque en la mayoría de los casos, los y las acompañantes, nada más son figuras decorativas para las fotos, porque no están más que sentados.
Se supone que los secretarios y titulares de despacho, deberían de acudir con toda la información que les pudieran requerir y por esos sus acompañantes también debieran tener a la mano cualquier dato, para evitar que se salgan con la tangente, de que en 24 horas enviarán las tarjetas correspondientes.
Y por eso se supone que los diputados que no hubieren recibido respuesta a alguna de sus preguntas, podrán requerir al compareciente responderlas en un término no mayor a cinco minutos.
En caso de que el servidor se comprometa a entregar información que satisfaga las preguntas requeridas, deberá hacerla llegar en un plazo de 48 horas, en caso de no hacerlo, la Junta de Coordinación Política presentará un punto de acuerdo dirigido al Ejecutivo para que conteste este último con vista a la Contraloría General.
Así las cosas, ahora que los y las integrantes de la 64 Legislatura del Estado han podido comprobar que el sistema de comparecencias resulta obsoleto y más bien una pérdida de tiempo, porque en nada contribuyen a la transparencia en la información, posiblemente vuelvan a modificar el famoso reglamento para hacerlo más eficiente.

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