miércoles, 15 de junio de 2016

Sistema Nacional Anticorrupción


Por Miguel Angel Cristiani G.
Pareciera que los señores y señoras senadores del PRI y Verde Ecologista no entendieron el mensaje que envió la población en general, que está harta de que todos los días se den a conocer actos de corrupción de funcionarios públicos y que no reciban el castigo que merecen.
Lo anterior, luego de que el Senado de la República, con el voto mayoritario del PRI y Verde Ecologista aprobaron la nueva Ley general del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas, pero no tomó en cuenta la demanda ciudadana de obligar a todos los funcionarios a publicar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, con el formato propuesto en la plataforma 3de3.
En las primeras horas de la madrugada de este miércoles, el Senado aprobó la ley, pero postergó la definición de los formatos de las declaraciones públicas, es decir, no legisló sobre los datos que deben incluir.
Así las cosas, se aprueban nuevas leyes anticorrupción, que únicamente servirán para crear complejas estructuras burocráticas, pero que al final de cuenta, pareciera que están hechas para proteger a los delincuentes de cuello blanco -funcionarios públicos e iniciativa privada- a quienes se les brindan todas las facilidades para evitarles la mayor molestia.
Por ejemplo, en la nueva ley se establece la obligatoriedad de publicar sus declaraciones patrimonial y de intereses, pero se les permite ocultar los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos ya en la Constitución.
Casi casi, que declaren el patrimonio que quieran, porque no vaya a ser que se enteren que tienen injustificadas propiedades y riqueza inexplicable.
Hay que reconocer que en la legislación hay avances para tratar de combatir la corrupción, pero lo cierto es que la reforma aprobada no cumple con las expectativas ciudadanas que habían propuesto en la iniciativa 3de3 el dar la máxima publicidad a las declaraciones de los funcionarios públicos.
Mientras que se establecen y aprueban sofisticados sistemas burocráticos para el combate a la corrupción de los funcionarios públicos a todos los niveles, desde la Presidencia de la República hasta los Presidentes Municipales, el sistema de corrupción vigente, sigue siendo el cáncer que daña todas las estructuras políticas y que tiene mil formas de evadir las leyes y organismos que se van creando, pero que en la práctica tienen muy poca, casi nula, efectividad.

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