lunes, 14 de diciembre de 2015

Espectacular autopromoción de funcionarios


Por Miguel Angel Cristiani Glez.

Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíben expresamente a los funcionarios públicos el hacer publicidad y promoción personal desde sus cargos, en el Estado de Veracruz, pareciera que no existe autoridad que se encargue de vigilar y hacer que se cumpla con dichos ordenamientos jurídicos.

Ahora que muchos de los funcionarios públicos están sufriendo las calenturas de la “candidatitis” –todo mundo quiere ser gobernador del estado, aunque sea por dos años y diputados locales en la próxima Legislatura- han estado apareciendo anuncios espectaculares a lo largo y ancho de la entidad, en donde funcionarios estatales y municipales están “promoviendo su imagen” como la mejor opción para resolver los problemas que aquejan a los Veracruzanos.

Posiblemente el caso más notable, sea el de la alcaldesa de Paso de Ovejas, Ana Rosa Valdés quien mandó a tapizar la carretera desde Xalapa hasta el puerto de Veracruz, con cerca de 20 espectaculares en el que supuestamente es la publicidad de una revista, que “casualmente” publica un reportaje sobre la presidenta municipal.

En la mitad de los espectaculares, aparece la foto de la alcaldesa con la leyenda “Juntos logramos tus objetivos, vamos con paso firme” Segundo Informe de Gobierno 2005.

Ni el gobierno del estado de Veracruz, con todos sus recursos, tiene tantos espectaculares en el mismo espacio que la presidenta municipal.

Pero ese no es el único caso, basta con hacer un recorrido por carreteras veracruzanas, para ver los espectaculares que han contratados otros funcionarios estatales y municipales.

Se supone que nos encontramos en pleno proceso electoral –que ya inició formalmente- pero al parecer ni el OPLE, ni el Tribunal Electoral, ni el ORFIS, ni el Congreso del Estado, se han percatado de que están violando fragantemente la Constitución y las normas en materia electoral, los funcionarios que están mandando a poner esos anuncios que en realidad lo único que hacen es despertar el coraje de los veracruzanos, que reprueban ese derroche de dinero.

No creemos que las autoridades encargadas de vigilar la difusión y publicidad de los funcionarios públicos desconozcan lo que establece el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:


“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Como también parece que ignoran el contenido del Artículo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:

“1. Para el desempeño de sus funciones las autoridades electorales establecidas por la Constitución y este Código, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades federales, estatales y municipales.

2. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia”.

Comenta Pancho López, el filósofo del pueblo que no es posible que el aparato electoral, que cuesta millones de pesos, no pueda sancionar las ambiciones de quienes están gastando miles de pesos –seguramente que no de sus bolsillos- en auto promover su imagen de políticos nobles.


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