lunes, 22 de junio de 2015

Habrá castigo a funcionarios irresponsables


Por Miguel Angel Cristiani Glez.

Dicen en mi pueblo que “pasada la tempestad viene la calma” y pasadas las elecciones vinieron las noticias puntuales sobre falsos rumores que se estuvieron divulgando en las redes sociales, sobre desvíos de fondos federales en las Secretarías de Salud y Educación, lo que a su vez habría motivado incluso que se giraran órdenes de aprensión contra ex funcionarios estatales.

Este lunes a primera hora, el gobernador Javier Durarte de Ochoa convocó a los medios de comunicación en la capital del estado, para puntualizar y aclarar esos rumores, que fueron generados como parte de una estrategia para golpear al partido en el poder.

El gobernador Javier Duarte hizo público lo siguiente en la conferencia de prensa:

Como saben, el pasado veinte de abril y durante todo el proceso de la campaña electoral que concluyó el pasado día siete de junio, el Gobierno de Veracruz fue objeto de ciertos ataques mediáticos, con la finalidad de generar ventajas en favor de algunas corrientes, y de manera específica, de alguna candidatura.

Tergiversando la realidad, se hicieron públicas denuncias de hechos, que la Auditoria Superior de la Federación habría presentado ante la Procuraduría General de la República.

Se habló de supuesto peculado, impunidad, desvío y sustracción indebida de recursos públicos federales para financiar campañas.

Se refirió específicamente a los recursos provenientes del Fondo de Educación Básica y Normal (FAEB) y a los recursos del Seguro Popular.

Todo ello, sin duda obedeció a un claro contexto de estrategia electoral, que buscaba el enrarecimiento de las campañas.

Ante esta situación, decidimos respetar el cauce de los tiempos de las contiendas y mantener la altura de las propuestas de los candidatos.

El tiempo nos dio la razón. La ciudadanía decidió mayoritariamente por la propuesta, la responsabilidad democrática y rechazó la descalificación como oferta.

Tuvimos elecciones en un clima de paz y tranquilidad social. La ciudadanía dijo no a la confrontación estéril.

Ahora, es momento de informar y poner las cosas en su correcto contexto. En su justa realidad.

Hacerlo, para que los veracruzanos y de manera particular, aquellos actores políticos que en su momento y actuando de buena fe se pronunciaron erradamente, conozcan, con detalle, de este tema.

“No más verdades a medias, ni mentiras disfrazadas de manto legaloide”.
A lo largo de varios meses, los trabajos coordinados de investigación realizados por la Procuraduría General de la República y en particular de peritos contables de la Fiscalía General del Estado vinculados con auditores certificados de la Contraloría General del Estado, se dieron a la tarea de revisar a fondo los archivos y demás documentos de las dependencias y entidades ejecutoras del gasto público federal.

De ahí se ha concluido:

Primero. La Fiscalía General del Estado nos ha informado que la Procuraduría General de la República turnó las averiguaciones previas a esta Fiscalía General a efecto de colaborar coordinadamente entre ambas instituciones en estas investigaciones.

“Cabe resaltar que nunca existieron órdenes de aprehensión en contra de nadie por este concepto”.

Segundo. En el caso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Veracruz dio puntual cumplimiento en la prestación de los servicios de educación y la formación de maestros, conforme a lo previsto en los artículos 26 y 27 de la Ley de Coordinación Fiscal; 13, 16 y 27 de la Ley General de Educación.

En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo 482 de dicho fondo, emitido por la Secretaría de Educación Pública, los recursos fueron programados, calendarizados y distribuidos conforme a un presupuesto original, más las ampliaciones al mismo.

“Estos fueron ejercidos, quiero subrayarlo, en estricto apego a la normatividad”.
Los recursos correspondientes al FAEB de los ejercicios 2009 y 2010, que ascienden a la cantidad de $2, 437,443.000., (Dos mil cuatrocientos treinta y siete millones cuatrocientos cuarenta y tres mil pesos), fueron debidamente aplicados y comprobados durante el período de 2014.

Tercero. Los recursos federales correspondientes al Seguro Popular de los ejercicios 2009, 2010 y 2011, que ascienden a la cantidad de $2, 104,886.000, (Dos mil ciento cuatro millones ochocientos ochenta y seis mil pesos), fueron aplicados y comprobados satisfactoriamente, en los términos de la normatividad correspondiente.

Así lo confirmó el Director General de Financiamiento de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a través del oficio número CNPSS-DGF-2443-2014, de fecha diecisiete de octubre de 2014.

Cuarto. Es necesario destacar que la Auditoría Superior de la Federación cumplió estrictamente con el mandato que le impone la ley, pues “nunca le fue presentado, es decir, nunca tuvo a la vista para su análisis y resolución correspondiente, la información que hoy les presentamos”.

“Tampoco me fue presentada en su momento esta información”.

A partir del último relevo de la Contraloría General del Estado, se me informó que existía una problemática relacionada con esos fondos federales, por lo que se llevaría a cabo una revisión específica a esos recursos.

Para este efecto, ordené la creación de una Dirección General que se dedicara exclusivamente a la atención de los fondos federales.

Gire instrucciones a esta nueva dirección general para coordinarse y mantener un vínculo más estrecho con la Auditoría Superior de la Federación y atender la problemática detectada.

Hace unos días recibí el informe detallado, concluyente, de esta situación que hoy les doy a conocer.

Por las evidencias obtenidas, y derivado de la información que se ha puesto al alcance de la Fiscalía General, el titular de este Órgano Autónomo del Estado, hizo de mi conocimiento que las denuncias de hechos, han quedado sin materia al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales citados.

Sin embargo, no puedo pasar por alto que la imagen del Gobierno del Estado se ha visto lesionada ante las instancias fiscalizadoras federales y ante la opinión pública.

Ello derivado de “la falta de atención, de omisiones, negligencia e irresponsabilidad en que pudieron incurrir servidores públicos”.

“Hoy deben responder quienes no entregaron la información que acreditaba la correcta aplicación de los recursos federales en el momento que debieron haberlo hecho. Deben responder quienes han fallado a Veracruz”.

Advirtió: Lo harán, de conformidad con los postulados de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que rige el ámbito de su actuación aquí en Veracruz.

Quiero informarles que se han iniciado procedimientos disciplinarios administrativos.

Que quede claro, el Gobierno de Veracruz seguirá conduciéndose con orden y en apego estricto a la normatividad que regula el ejercicio de los recursos públicos federales.

En esta administración no hay, ni habrá, espacio para las omisiones, irregularidades, ni para quienes actúen al margen de la ley.

El Filósofo del pueblo Pancho López apunta al respecto:
Que este martes se podrían a dar a conocer la lista de los nombres de los funcionarios, encabezados por el ex Contralor General y quinto ex Secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac quienes tendrán que responder por su mal proceder cuando estuvieron ocupando esos importantes cargos.

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