jueves, 30 de abril de 2015

Demanda ciudadana: que desaparezcan al Partido Verde




Por Miguel Angel Cristiani Glez.


El miércoles de esta semana, se entregaron en los distintos organismos públicos relacionados con el proceso electoral, la demanda de 139, 450 ciudadanos mexicanos, para que sea retirada y/o cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las Leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015.


Resulta que al parecer la ciudadanía le tomó la palabra a los spots del Instituto Nacional Electoral para que investigaran no solamente a los candidatos a diputados federales, sino también a los partidos políticos y aprovechando las redes sociales se recabaron miles de firmas para demandar el retiro del registro-franquicia del llamado Partido Verde Ecologista.


 La demanda fue presentada por Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Marcela Azuela Gómez, Carlos Alberto Serdán Rosales, María Esther Azuela Gómez, Aleida Calleja Gutiérrez, Mario Arriagada Cuadriello, Ximena Ramos Pedroza Ceballos, Ana Eugenia López Rico, Luis González Plascencia, Mony Sacha de Swaan Addati, Juan Fernando Ibarra del Cueto, Paulina Arriaga Carrasco, Alfredo Lecona Martínez, Carlos Alberto Brito Ocampo, Denise Eugenia Dresser Guerra, Eduardo Huchim May, María Santos Villarreal, Martha Tagle, Mónica Tapia Álvarez, Alfredo Figueroa Fernández y las 139,432 personas que suscribieron la plataforma Change.org #QuitenRegistroAlVerde.
 


La petición en concreto, fundamentada en las leyes y reglamentos electorales, es la siguiente:


Que antes de que se celebre la jornada electoral del 7 de junio y con todos los elementos a su alcance vinculados a la equidad de la contienda, determinen por la vía más eficaz: La pérdida y/o cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las Leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015.


Las razones para exigir el retiro de la cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México son entre otras:


El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) debe ser descalificado del proceso electoral en curso y su registro como partido político retirado por el conjunto de actos ilegales y de corrupción  cometidos desde septiembre de 2014, trastocando las reglas del juego democrático, obteniendo con ello ventajas indebidas en la competencia electoral.


No es la primera vez que este Partido viola la ley. Desde 2009, con el apoyo de servidores públicos emanados de sus filas y empresas privadas como Televisa y Televisión Azteca, ha tenido un comportamiento sistemático que intenta burlar las prohibiciones en materia de propaganda electoral. Dicho sea de paso, no es casual que nadie como el PVEM promueva entre sus candidatos a tantos empleados o perfiles vinculados con el duopolio televisivo.


Es evidente que ante la tibieza de la autoridad el PVEM ha desarrollado una estrategia calculada, dolosa e ilegal para tratar de posicionarse ante la ciudadanía. Desde finales de 2014 y de cara al actual proceso electoral ha hecho un gasto millonario con recursos públicos y privados empleados de modo ilegal en propaganda político-electoral. La propia Sala Superior del TEPJF ha señalado que “desde septiembre de dos mil catorce y hasta enero de dos mil quince, por lo menos […], el Partido Verde Ecologista de México ha llevado a cabo una campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, ya que implica una conducta irregular y sistemática contraria al modelo de comunicación previsto en el artículo 41 constitucional.”


A más de seis meses de que las y los mexicanos hemos sido inundados con propaganda ilegal del Partido Verde, el INE aún no ha resuelto las quejas y los procedimientos iniciados en su contra en materia de fiscalización. Sin embargo, es claro que la intensidad y magnitud de esta campaña rebasa con mucho los recursos ordinarios y de campaña a que este partido tiene derecho durante un año electoral.


Éstas son las conductas y prácticas ilegales por las que el Partido Verde se ha beneficiado y por las que le debe ser retirado su registro:


·         Uso de recursos públicos y privados ilegales.


·         Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal.


·         Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.


·         Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país.


·         Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país.


·         Propaganda ilegal en tortillerías.


·         Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.


·         Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.


·         Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país.


·         Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse.


·         Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse.


·         Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley.


·         Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda.


·         Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.


¿Qué más tiene que ocurrir para que las autoridades actúen ya y retiren el registro al Partido Verde? ¿Cómo pretenden que confiemos en el proceso democrático si permiten que un Partido viole en esta magnitud las reglas de la democracia? ¿Cómo admitir que siga en la competencia electoral si desde antes del inicio de la campaña electoral, el Partido Verde ha atentado de forma reiterada y sistemática contra la equidad de la competencia política?


La tibieza con la que se han conducido las autoridades electorales es por demás preocupante. Su actuación ha estado marcada por la imposición de multas que, de facto, se convierten en incentivo para seguir actuando al margen de la ley con resoluciones que, para decirlo claramente, sirven de comparsa a quienes atentan contra los principios básicos de la vida democrática.


Las Autoridades Electorales tienen todos los argumentos y hoy todas las facultades para cancelar el registro al PVEM. Sin embargo, se han limitado a investigar en lo individual, una tras otra, las conductas ilegales en que ha incurrido y a sancionarlas con multas que serán pagadas con los mismos recursos públicos que el partido recibe del Estado Mexicano y, la mayor parte, una vez concluido el proceso electoral cuando la inequidad provocada por el Verde ya haya surtido efectos irreversibles e incuantificables.


Ésta no es una historia nueva; tanto en las elecciones de 2009, como en las de 2012, los magistrados del TEPJF exoneraron al Partido Verde por hechos similares; incluso, cuatro de los siete integrantes de la Sala Superior lo libraron, al margen de los méritos del caso y argumentando una falta procesal inexistente, de sanciones por cerca de 200 millones de pesos.


Queremos mandar un mensaje respetuoso pero muy claro a las autoridades electorales de nuestro país, recordándoles que es su obligación constitucional y su deber defender los avances democráticos que tanto han costado a todos. No restituiremos la confianza en las principales instituciones democráticas con actos de simulación y acompañamiento. Las sanciones económicas cobradas en mensualidades y pagadas con recursos públicos que no afectan siquiera los recursos correspondientes a las campañas electorales, constituyen un incentivo a la violación permanente de la Constitución. Solo la campaña en televisión del Partido Verde de 230 mil spots asciende a más de 400 millones de pesos mientras la sanción se ubica en tan sólo 76 millones. El incentivo  es más que claro; más que incorrecto.


Quienes impulsamos esta petición no pretendemos apoyar o perjudicar a partido político alguno. Queremos defender el proceso de cambio democrático del país, en un momento de crisis de las instituciones del Estado mexicano, cuando nuestros derechos y libertades se encuentran amenazados, cuando para muchos sectores del país el voto ha dejado de ser un instrumento de participación efectiva y de transformación del País, defender las reglas mínimas de competencia democrática y denunciar y combatir la impunidad es indispensable.


Permitir que las y los candidatos del PVEM por la vía uninominal y plurinominal accedan a la cámara de Diputados es claudicar y negar el principio de legalidad en términos de la competencia democrática. Es admitir que la representación política puede ser producto de la corrupción, ahondando en la crisis de confianza que vive la República.


Ninguna democracia en el mundo puede tolerar que un Partido, como es el caso del Verde, viole dolosa e impunemente, en la magnitud en que ha ocurrido en México, las reglas de la competencia política, sin consecuencias eficaces. Si el Verde se mantiene en el sistema de partidos, el fraude a la Ley y a la Constitución será responsabilidad de las propias instituciones encargadas de su defensa y resguardo.


Para consultar la demanda completa presentada este miércoles hay que seguir el siguiente link: http://mariasantosv.blogspot.mx/2015/04/peticion-formal-al-ine-y-al-tepjf-para.html


Opina el filósofo del pueblo Pancho López:


Que no solamente al Partido Verde Ecologista de México se le debe retirar el registro, sino también a los otros disque partidos, pero que en realidad son franquicias que manejan unos cuantos para beneficiar a sus familiares con las prerrogativas electorales y las candidaturas a todos los niveles.


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