jueves, 30 de abril de 2015

Demanda ciudadana: que desaparezcan al Partido Verde




Por Miguel Angel Cristiani Glez.


El miércoles de esta semana, se entregaron en los distintos organismos públicos relacionados con el proceso electoral, la demanda de 139, 450 ciudadanos mexicanos, para que sea retirada y/o cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las Leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015.


Resulta que al parecer la ciudadanía le tomó la palabra a los spots del Instituto Nacional Electoral para que investigaran no solamente a los candidatos a diputados federales, sino también a los partidos políticos y aprovechando las redes sociales se recabaron miles de firmas para demandar el retiro del registro-franquicia del llamado Partido Verde Ecologista.


 La demanda fue presentada por Sergio Aguayo Quezada, Miriam Morales Sanhueza, Marcela Azuela Gómez, Carlos Alberto Serdán Rosales, María Esther Azuela Gómez, Aleida Calleja Gutiérrez, Mario Arriagada Cuadriello, Ximena Ramos Pedroza Ceballos, Ana Eugenia López Rico, Luis González Plascencia, Mony Sacha de Swaan Addati, Juan Fernando Ibarra del Cueto, Paulina Arriaga Carrasco, Alfredo Lecona Martínez, Carlos Alberto Brito Ocampo, Denise Eugenia Dresser Guerra, Eduardo Huchim May, María Santos Villarreal, Martha Tagle, Mónica Tapia Álvarez, Alfredo Figueroa Fernández y las 139,432 personas que suscribieron la plataforma Change.org #QuitenRegistroAlVerde.
 


La petición en concreto, fundamentada en las leyes y reglamentos electorales, es la siguiente:


Que antes de que se celebre la jornada electoral del 7 de junio y con todos los elementos a su alcance vinculados a la equidad de la contienda, determinen por la vía más eficaz: La pérdida y/o cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las Leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015.


Las razones para exigir el retiro de la cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México son entre otras:


El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) debe ser descalificado del proceso electoral en curso y su registro como partido político retirado por el conjunto de actos ilegales y de corrupción  cometidos desde septiembre de 2014, trastocando las reglas del juego democrático, obteniendo con ello ventajas indebidas en la competencia electoral.


No es la primera vez que este Partido viola la ley. Desde 2009, con el apoyo de servidores públicos emanados de sus filas y empresas privadas como Televisa y Televisión Azteca, ha tenido un comportamiento sistemático que intenta burlar las prohibiciones en materia de propaganda electoral. Dicho sea de paso, no es casual que nadie como el PVEM promueva entre sus candidatos a tantos empleados o perfiles vinculados con el duopolio televisivo.


Es evidente que ante la tibieza de la autoridad el PVEM ha desarrollado una estrategia calculada, dolosa e ilegal para tratar de posicionarse ante la ciudadanía. Desde finales de 2014 y de cara al actual proceso electoral ha hecho un gasto millonario con recursos públicos y privados empleados de modo ilegal en propaganda político-electoral. La propia Sala Superior del TEPJF ha señalado que “desde septiembre de dos mil catorce y hasta enero de dos mil quince, por lo menos […], el Partido Verde Ecologista de México ha llevado a cabo una campaña reiterada y constante de publicidad, a través de diferentes medios de comunicación social, que busca favorecerlo frente a la ciudadanía de manera indebida, ya que implica una conducta irregular y sistemática contraria al modelo de comunicación previsto en el artículo 41 constitucional.”


A más de seis meses de que las y los mexicanos hemos sido inundados con propaganda ilegal del Partido Verde, el INE aún no ha resuelto las quejas y los procedimientos iniciados en su contra en materia de fiscalización. Sin embargo, es claro que la intensidad y magnitud de esta campaña rebasa con mucho los recursos ordinarios y de campaña a que este partido tiene derecho durante un año electoral.


Éstas son las conductas y prácticas ilegales por las que el Partido Verde se ha beneficiado y por las que le debe ser retirado su registro:


·         Uso de recursos públicos y privados ilegales.


·         Contratación y adquisición mediante sus legisladores de cerca de 300 mil spots en televisión de manera ilegal.


·         Transmisión ilegal y reiterada en los tiempos del Estado Mexicano de propaganda prohibida por las autoridades electorales.


·         Contratación de espectaculares y propaganda fija ilegal en miles de espacios urbanos en todas las entidades del país.


·         Compra y transmisión ilegal de propaganda (cineminutos) en prácticamente todas las salas cinematográficas del país.


·         Propaganda ilegal en tortillerías.


·         Contratación de propaganda ilegal en las revistas del Grupo Televisa.


·         Distribución en todo el país, de miles de tarjetas de descuento que contravienen las disposiciones electorales.


·         Campaña ilegal para la entrega de beneficios a ciudadanos, consistente en la entrega de vales de lentes con graduación gratuitos en distintas entidades del país.


·         Uso y transmisión de propaganda falsa con la que ilegalmente pretende engañar a la ciudadanía usando programas de gobierno para promoverse.


·         Invasión de nuestra privacidad ya que, sin autorización alguna, somos molestados ilegalmente en nuestras casas a través de llamadas telefónicas para anunciarse.


·         Impresión y distribución de 4 millones de calendarios producidos con materiales no biodegradables prohibidos por la ley.


·         Uso ilegal de nuestros datos personales, del padrón electoral, de padrones públicos y de empresas privadas para hacernos llegar propaganda.


·         Desacato reiterado de órdenes provenientes de autoridades electorales para suspender su propaganda ilegal.


¿Qué más tiene que ocurrir para que las autoridades actúen ya y retiren el registro al Partido Verde? ¿Cómo pretenden que confiemos en el proceso democrático si permiten que un Partido viole en esta magnitud las reglas de la democracia? ¿Cómo admitir que siga en la competencia electoral si desde antes del inicio de la campaña electoral, el Partido Verde ha atentado de forma reiterada y sistemática contra la equidad de la competencia política?


La tibieza con la que se han conducido las autoridades electorales es por demás preocupante. Su actuación ha estado marcada por la imposición de multas que, de facto, se convierten en incentivo para seguir actuando al margen de la ley con resoluciones que, para decirlo claramente, sirven de comparsa a quienes atentan contra los principios básicos de la vida democrática.


Las Autoridades Electorales tienen todos los argumentos y hoy todas las facultades para cancelar el registro al PVEM. Sin embargo, se han limitado a investigar en lo individual, una tras otra, las conductas ilegales en que ha incurrido y a sancionarlas con multas que serán pagadas con los mismos recursos públicos que el partido recibe del Estado Mexicano y, la mayor parte, una vez concluido el proceso electoral cuando la inequidad provocada por el Verde ya haya surtido efectos irreversibles e incuantificables.


Ésta no es una historia nueva; tanto en las elecciones de 2009, como en las de 2012, los magistrados del TEPJF exoneraron al Partido Verde por hechos similares; incluso, cuatro de los siete integrantes de la Sala Superior lo libraron, al margen de los méritos del caso y argumentando una falta procesal inexistente, de sanciones por cerca de 200 millones de pesos.


Queremos mandar un mensaje respetuoso pero muy claro a las autoridades electorales de nuestro país, recordándoles que es su obligación constitucional y su deber defender los avances democráticos que tanto han costado a todos. No restituiremos la confianza en las principales instituciones democráticas con actos de simulación y acompañamiento. Las sanciones económicas cobradas en mensualidades y pagadas con recursos públicos que no afectan siquiera los recursos correspondientes a las campañas electorales, constituyen un incentivo a la violación permanente de la Constitución. Solo la campaña en televisión del Partido Verde de 230 mil spots asciende a más de 400 millones de pesos mientras la sanción se ubica en tan sólo 76 millones. El incentivo  es más que claro; más que incorrecto.


Quienes impulsamos esta petición no pretendemos apoyar o perjudicar a partido político alguno. Queremos defender el proceso de cambio democrático del país, en un momento de crisis de las instituciones del Estado mexicano, cuando nuestros derechos y libertades se encuentran amenazados, cuando para muchos sectores del país el voto ha dejado de ser un instrumento de participación efectiva y de transformación del País, defender las reglas mínimas de competencia democrática y denunciar y combatir la impunidad es indispensable.


Permitir que las y los candidatos del PVEM por la vía uninominal y plurinominal accedan a la cámara de Diputados es claudicar y negar el principio de legalidad en términos de la competencia democrática. Es admitir que la representación política puede ser producto de la corrupción, ahondando en la crisis de confianza que vive la República.


Ninguna democracia en el mundo puede tolerar que un Partido, como es el caso del Verde, viole dolosa e impunemente, en la magnitud en que ha ocurrido en México, las reglas de la competencia política, sin consecuencias eficaces. Si el Verde se mantiene en el sistema de partidos, el fraude a la Ley y a la Constitución será responsabilidad de las propias instituciones encargadas de su defensa y resguardo.


Para consultar la demanda completa presentada este miércoles hay que seguir el siguiente link: http://mariasantosv.blogspot.mx/2015/04/peticion-formal-al-ine-y-al-tepjf-para.html


Opina el filósofo del pueblo Pancho López:


Que no solamente al Partido Verde Ecologista de México se le debe retirar el registro, sino también a los otros disque partidos, pero que en realidad son franquicias que manejan unos cuantos para beneficiar a sus familiares con las prerrogativas electorales y las candidaturas a todos los niveles.


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miércoles, 29 de abril de 2015

Si te vienen a contar cositas malas de mi


Por Miguel Angel Cristiani Glez.

Qué bueno que el delegado federal en el estado de Veracruz de la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL, Marcelo Montiel Montiel MMM haya salido a declarar y aclarar que las acusaciones presentadas en su contra por el senador de la república, Alejandro Encinas son puras mentiras, que no son ciertas por lo que tiene su conciencia muy tranquila.

Como se recordará al inicio de la semana, el senador Alejandro Encinas, acudió ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR); la Auditoría Superior de la Federación; la Secretaría de la Función Pública; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar una denuncia por el desvío de recursos en esa delegación por un monto de 500 millones de pesos.

Qué bueno que todo se aclare, porque seguramente todas las instancias antes mencionadas, habrán de coincidir en que se trató de un “montaje” y que no tiene ningún sustento en la realidad.

Qué bueno que aunque parezca imposible, no hubo ningún desvío de recursos millonarios.

Porque seguramente algunos políticos están tratando de manchar la imagen impoluta de Marcelo Montiel Montiel, quien a diferencia de otros funcionarios que han sido presidentes municipales, diputados, secretarios de despacho, resulta que ahora son multimillonarios, dueños de ranchos, negocios, departamentos, residencias, en nuestro país y hasta en el extranjero.

Pero qué bueno que ese no es el caso de Marcelo Montiel Montiel.
Porque de acuerdo al senador con lo denunciado por el senador de la república Alejandro Encinas, en las oficinas donde ahora despacha Marcelo Montiel Montiel hay un desvío de recursos multimillonario en programas de apoyo a jornaleros agrícolas, programa 3X1 de Migrantes, robo en el apoyo a gestores voluntarios y obras fantasma Programa Empleo Temporal.

Porque como bien dicen en mi pueblo crea fama y acuéstate a dormir y es que hay que recordar que el antecesor de Marcelo Montiel Montiel, en ese mismo cargo, como delegado de la SESDESOL Ranulfo Márquez fue separado del cargo, luego del escándalo de los videos donde aparecían funcionarios federales, estatales y municipales preparando estrategias electorales.
Pero eso ya es cosa del pasado, ahora nada de eso se hace.

Por eso es muy saludable que el nuevo delegado de la SEDESOL quien tiene una amplia experiencia política, aclare que todo se trató de una mala jugada para empañar su imagen.

Asegura que “Es evidente que los videos que presentó Encinas estuvieron preparados con tiempo, se producen documentos y se fabrican testigos que responde, tal vez, al contexto electoral que vivimos”.

Descartó que este ataque venga de “algún adversario político, pues yo no aspiro ni a ser jefe de manzana”.

Al cuestionarle si teme por ser relevado del puesto, tal y como sucedió con Ranulfo Márquez, contestó que tiene la conciencia tranquila.

Advirtió que presentará una denuncia por difamación, contra quienes lo señalaron por actos de corrupción y además pedirá que el Órgano de Control Interno de la dependencia, inicie una investigación para saber quién hackeó las cuentas institucionales y sacó la información que derivó en los señalamientos en su contra.

“Hemos solicitado al órgano de control interno, que tenga a bien hacer una auditoria y fiscalizar para que no quede ninguna duda, para que se haga las investigaciones del caso”.

Advierte el filósofo del pueblo Pancho López
Que como dicen los abogados: a las pruebas me remito, serán las autoridades correspondientes, las que tendrán que comprobar quien tiene la razón y la verdad. Aunque usted, no lo crea.

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martes, 28 de abril de 2015

Alcaldes delincuentes vemos, castigos no sabemos


Por Miguel Angel Cristiani Glez.

El tercer presidente municipal, que se agrega a la lista de alcaldes veracruzanos que en últimas fechas han tenido que pedir licencia a su cargo para enfrentar señalamientos por su posible participación en hechos delictivos, es el de la vecina población de Coatepec, Roberto Pérez Moreno alias “Juanelo” quien acaba de notificar al Congreso del Estado su retiro del cargo por 59 días, para atender las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República.

Hay que recordar que apenas el viernes de la semana pasada, se llevó a cabo en el palacio municipal de Coatepec, la ceremonia de instalación del Comando Único de Policía, encabezada por el gobernador del estado y a la que no llegó el ahora alcalde con licencia, supuestamente por haber estado atendiendo a su señora madre que se encuentra delicada de salud.

El ahora ex alcalde Roberto Pérez Moreno, es investigado a nivel federal, dado que elementos de la policía municipal de ese lugar, fueron detenidos luego del secuestro y asesinato del tesorero Guillermo Pozos Herrera, quien según versiones locales, no se prestó a la firma de obras que pretendían ser presentadas como realizadas, entre otras cosas.

Roberto Pérez Moreno, alias “Juanelo” es el tercer presidente municipal que es señalado por cometer abusos de poder amparándose en el fuero constitucional, pero en este caso como se trata de posibles actos de delincuencia organizada a través del cuerpo policiaco, interviene directamente la Procuraduría General de la República y de nada le sirve el fuero.

Los otros dos alcaldes que han sido separados son el de Medellín, Omar Cruz, quien luego de largos trámites burocráticos en el Congreso del Estado para desaforarlo, desapareció y no se ha vuelto a saber nada.

El presidente municipal de Fortín –a secas- sin las flores- Armel Cid de León Díaz también pidió licencia, luego de las acusaciones en su contra por haber golpeado a una mujer.

Los casos de los tres tristes alcaldes, que luego de llegar a disfrutar del llamado “pinche poder” se transforman en otros personajes de los que hasta hace poco eran conocidos en sus municipios, lamentablemente no son los únicos, por ello es que se ha insistido de que el llamado fuero constitucional que protege desde el mismísimo presidente de la república, así como a diputados, senadores y demás funcionarios públicos, debería de desaparecer, para evitar que se cometan abusos de autoridad, como los que ya han dejado en calidad de ciudadanos comunes y muy corrientes a tres ex presidentes.

Pancho López, filósofo del pueblo comenta:

Cuantos alcaldes más tendrán que pedir licencia, para poder ser enjuiciados, luego de cometer delitos en contra de sus paisanos.


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lunes, 27 de abril de 2015

Construcción del gasoducto viene viene viene

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Por Miguel Angel Cristiani Glez.

Aunque ninguna autoridad municipal, estatal o federal ha vuelto a tratar el asunto de la construcción de un gasoducto para abastecer a las empresas Nestlé y Coca Cola en el municipio de Coatepec, saliendo desde Emiliano Zapata, pasando por Xalapa, el proyecto sigue adelante y también continúan las organizaciones de la sociedad civil que han empezado a manifestarse públicamente en contra.

Hasta ahora no ha quedado bien en claro, como es que se dieron los permisos para el cambio de uso de suelo por los tres municipios por donde cruzará el polémico gasoducto, que tiene un trazo por zonas urbanas y rurales.

Como es sabido, el gasoducto para abastecer y beneficiar a las empresas Nestlé y Coca Cola, inicia en el municipio de Emiliano Zapata a la altura de las trancas, continua por la avenida Lázaro Cárdenas, cruza por la avenida 20 de noviembre, sigue por la avenida Circuito Presidentes, para salir hacia el municipio de Coatepec hasta donde se encuentran instaladas las productoras de refrescos y leche.

Por lo pronto, el diputado federal por el distrito de Xalapa, Uriel Flores Aguayo ha iniciado la recolección de firmas de los ciudadanos que se oponen a la construcción del gasoducto, incluso ha montado una mesa de rubricas en la avenida Enríquez, en donde además ofrece información al respecto.

Resulta que desde enero del año pasado, la Comisión Reguladora de Energía CRE otorgó mediante Resolución RES/017/2014 el permiso de distribución de gas natural a la empresa Gas Natural del Noroeste S.A. de C.V. Dicho permiso se otorga por 30 años y le confiere una exclusividad de 12 años sobre la construcción del sistema y la prestación del servicio de recepción, conducción y entrega de gas natural dentro de la zona geográfica de Veracruz (integrada por las zonas conurbadas de Córdoba, Orizaba, Veracruz, Xalapa, Poza Rica Tihuatlán, Cazones de Herrera, Papantla, Tuxpan, Pueblo Viejo y Pánuco) en donde seguramente también se estaría proyectando la construcción de más gasoductos.

Para el proyecto de Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec, Gas Natural del Noroeste contrató a la Compañía de Autoabastecedores de Gas Natural de Xalapa S.A. de C.V.

Según el diseño ejecutivo para la construcción y operación de un gasoducto con un diámetro de 6 pulgadas instalado en los municipios de Emiliano Zapata, Xalapa y Coatepec, presentado por la Compañía de Autoabascedores de Gas Natural de Xalapa S.A. de C.V. ante la SEMARNAT, se tiene conocimiento que el gasoducto iniciaría en la interconexión con el gasoducto propiedad de Petróleos Mexicanos PEMEX_GAS y PETROQUÍMICA BÁSICA, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata.

La salida de la Estación de Regulación se desprende un ramal en tubería de acero para dar suministro a lo que denominan “Socio” que es la empresa Nestlé y posteriormente sigue el ramal, a la salida de la Estación de Regulación hasta llegar al otro “Socio” que es la Coca Cola, dentro de las instalaciones de la empresa Envases Universales, siendo éste el punto final del proyecto.

Ante lo que consideran una alarmante situación, el “Comité de Colonos del Fraccionamiento Campestre Residencial La Orduña A.C” ha manifestado su preocupación y se ha sumado a la voz de diferentes organizaciones y grupos de vecinos pertenecientes a los municipios afectados, quienes buscan prevenir la incidencia de alto riesgo que representaría tener un gasoducto de dichas características muy cerca de zonas habitacionales densamente pobladas.

Considera el filósofo del pueblo Pancho López

Que pese a la inconformidad de la población en los municipios por donde pasará el gasoducto, el proyecto no será detenido y finalmente lo habrán de construir. Pero habrá que dejar asentado quienes son las autoridades que están autorizando ahora lo que mañana puede convertirse en una catástrofe, porque después resulta que nadie fue responsable.

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viernes, 24 de abril de 2015

El adiós al maestro Zúñiga Martínez


Por Miguel Angel Cristiani Glez.
Muy lamentable la noticia del fallecimiento del maestro Guillermo Zúñiga Martínez, actualmente rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz UPAV, quien a lo largo de su vida profesional destacó como político, orador, funcionario público, pero ante todo, siempre fue un caballero en su trato con todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo.
Además del título de maestro de la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rébsamen, Guillermo Zúñiga Martínez cursó la carrera de derecho en donde desarrolló una de sus cualidades como orador, habiendo obtenido el primer lugar nacional en un certamen.
Esa capacidad para improvisar y desarrollar discursos fue lo que le permitió enrolarse en la actividad política, en numerosas campañas electorales, lo mismo de la presidencia de la república, que de candidatos a gobernador y presidentes municipales.
El propio maestro Guillermo Zúñiga, fue diputado local y federal, secretario de Educación en el estado de Veracruz, en la administración de Patricio Chirinos y con don Fernando Gutiérrez Barrios, de donde salió para ser presidente municipal de la capital del estado, el mismo cargo que ahora ostenta su hijo Américo Zúñiga Martínez.
Guillermo Zúñiga también fue Presidente del CDE del PRI, participando en las campañas del candidato presidencial Roberto Madrazo en Veracruz, la campaña de gobernador Fidel Herrera y en la del actual mandatario Javier Duarte de Ochoa.
Ahora que ha partido el maestro Guillermo Zúñiga Martínez, quien nos distinguió con su sincera amistad, recordamos también a su hermano Rafael Zúñiga Martínez, periodista de toda la vida, quien también se caracterizó por su amabilidad y trato caballeroso, su entonación al hablar, aunque no fuera un gran orador, sino más bien un redactor de noticias en su periódico Tiempo de Xalapa, que sirvió como escuela de formación y tribuna a numerosos periodistas veracruzanos.
Termina un ciclo en la vida del maestro Guillermo Zúñiga Martínez, con su dolorosa partida, pero su obra y acciones en favor de la educación de los veracruzanos permanecerá, como es el caso de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que él fundó y proyectó incluso hasta otras entidades del país.
Un último abrazo al amigo que partió y nuestras condolencias para toda su familia.

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jueves, 23 de abril de 2015

El fuero y la ley anticorrupción


Por Miguel Angel Cristian Glez.
En la recién aprobada Ley Anticorrupción, quedó fuera del tema lo referente a la desaparición del llamado fuero constitucional que protege a senadores, diputados y presidentes municipales, para que puedan ser separados del cargo y castigados por los delitos que cometan.
Como era de esperarse, los señores y señoras senadores y diputados, no se quitaron el también conocido como inmunidad parlamentaria.
Aunque el término fuero constitucional se concibe como una prerrogativa de senadores y diputados y de otros servidores públicos que están señalados en la Constitución –el cual los exime d ser detenidos o presos, con excepción de los puntos señalados por las leyes- lo cierto es que ese membrete ha servido para utilizarlo como sinónimo de impunidad.
El fuero o la inmunidad se entiende también como un privilegio conferido a determinados servidores públicos, para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.
En el caso de la responsabilidad civil de los legisladores no se requiere del procedimiento de declaración de procedencia, ya que en cuanto particulares, se les podrá demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil, los cuales siempre tienen una obligación reparadora o bien el otorgamiento de una indemnización.
 Los diputados y senadores son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la acción de los tribunales comunes.
Se supone que el fuero es para evitar que pudieran ser encarcelados o castigados por las opiniones, discursos y mensajes que pronuncien en las respectivas cámaras de senadores y diputados, lo cual es muy válido, pero en la realidad, el fuero ha sido utilizado para otros asuntos que no tienen nada que ver con la libre expresión de las ideas.
Son famosas las “charolas” o credenciales que no solamente los diputados y senadores deben de utilizar, sino que también se han hecho extensivas a sus colaboradores, amigos, familiares y hasta cuates.
Hay que recordar el caso del chino de “coopelas o vas al bote” que fu detenido en relación al tráfico de drogas en el DF y a quien le encontraron una credencial de colaborador de un famoso senador veracruzano en ese entonces.
Más recientemente, los casos de los presidentes municipales de Medellín y Fortín, señalados por actos delincuenciales, que por disfrutar del famoso fuero, no pudieron ser detenidos, el primero tuvieron tiempo suficiente para escapar antes que los desaforaran.
La Fiscalía General estatal informó que señaló a Omar Cruz Reyes como autor intelectual del asesinato del periodista Moisés Sánchez, finalmente luego de varios meses de trámites burocráticos en el Congreso Estatal, se determinó quitarle el fuero, pero lógicamente ya nunca más se ha vuelto a ver ni a saber nada de él y a ver cuándo lo logran localizar y detener.
Dice el filósofo del pueblo Pancho López:

Que si los candidatos a diputados federales –algunos de los cuales también van buscando tener el fuero- siguen con los mismos y tradicionales métodos de hacer campaña, también van a tener los mismos y tradicionales resultados en contra.
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martes, 21 de abril de 2015

La invasión norteamericana de 1914



Por Miguel Angel Cristiani Glez.

Se celebró este martes la heroica defensa de nuestro país y del puerto de Veracruz, por parte de los jóvenes cadetes de la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, ante la invasión de las tropas norteamericanas en el año de 1914.

 Para los veracruzanos se vuelve algo común, el oír hablar de la defensa del puerto ante los invasores estadounidenses, pero se trata sin lugar a dudas de uno de los acontecimientos más importantes que se han vivido en la historia de nuestra entidad.

Pocos son los que recuerdan que la fuerza naval de Estados Unidos, irrumpió en suelo veracruzano en la mañana del 21 de abril de 1914, el puerto fue defendido de manera heroica por los cadetes de la Escuela Naval Militar, que ahora también cuenta entre sus filas con mujeres.

Imagínense nada más, lo que sería, que de buenas a primeras, una mañana, frente a las costas veracruzanas, aparecieran hoy en día los buques de guerra, portaviones, submarinos, helicópteros y demás embarcaciones de la flota norteamericana, procediendo además al desembarque para invadir nuestro país.

Pero en el año de 1914, la invasión se dio una vez que la relación bilateral entre México y Estados Unidos se complicó, debido a la detención de ocho tripulantes del buque estadounidense Dolphin, en Tampico, Tamaulipas.

Cualquier similitud con la detención de un buque norcoreano en el puerto de Tuxpan en nuestros días, es mera coincidencia.

En aquel entonces, el contralmirante Henry T. Mayo, realizó una enérgica protesta exigiendo una disculpa pública, que se izara la bandera de Estados Unidos en la plaza de Tampico y que se efectuara un saludo con 21 salvas de cañón.

El gobierno mexicano estuvo dispuesto a pedir la disculpa pública a través de los diarios de México y de Estados Unidos, pero no en lo del izado de bandera y el saludo. Este incidente desencadenó la invasión al Puerto de Veracruz.

De esta manera, Veracruz quedó a merced de las tropas extranjeras. El pueblo, enterado de la situación, comenzó a organizarse presentándose voluntarios ante el Teniente Coronel Manuel Contreras, repartiendo los pocos rifles que habían quedado en el cuartel; lo mismo hizo el Teniente Coronel Albino Cerrillo con los reos de la prisión de San Juan de Ulúa.

En la Escuela Naval Militar se organizó la defensa dirigida por el Comodoro Manuel Azueta. Los defensores de Veracruz se parapetaron en Palacio Municipal, en los Portales del hotel Diligencias, en el hotel Buena Vista, y en la torre del antiguo faro Benito Juárez.

Los estadounidenses que estaban desembarcando por el muelle Fiscal, comenzaron a atacar nuevamente a la Escuela Naval, esta refriega ocasionó la muerte del cadete Virgilio Uribe Robles.

El día 22 de abril el Puerto de Veracruz, estaba totalmente tomado cortándose toda comunicación con el interior del país. Se estableció en la ciudad la autoridad estadounidense. La ocupación del puerto se prolongó hasta noviembre de 1914.

Por todo ello, el H. Congreso de la Unión en 1949 dispuso que al nombre del plantel se antepusiera el calificativo de Heroica. A partir de entonces se denomina Heroica Escuela Naval Militar.

Comenta el filósofo del pueblo Pancho López:

El PAN se burla de ciudadanos
A veces puede tolerarse más una mentada de madre al más puro estilo alvaradeño, en vez de que se rían en nuestras propias narices, que se burlen y nos quieran ver la cara de tontos. No señor, los ciudadanos no somos burla de ningún político y menos de ningún partido, porque ellos existen y son los que son gracias a nosotros.

Lo digo porque algunos partidos como el PAN, iniciaron  una campaña de ataques, de ofensas contra el PRI, pero que carecen de sustento, basadas en la mentira, en supuestos, como si los ciudadanos fuéramos tarados o no tuviéramos criterio propio.

De Elizabeth Morales, la candidata del PRI a la diputación federal por el distrito de Xalapa Urbano han interpuesto medios de impugnación porque según ellos viola la ley al no usar logotipos en su propaganda. Hágame usted favor, ¿dejar de usar un logotipo o un color le parece un delito?

Más delito puede resultar no hacer campaña, o simular que se hace o hacerla desde un café y quedarse con la prerrogativa y conseguir facturas para justificar el recurso.

Más delito es utilizar operadores políticos poblanos presuntamente financiados ¿con recursos públicos? del vecino estado gobernado por Rafael Moreno Valle. Delito es encubrir a ex alcaldes presuntos homicidas de periodistas que fueron desaforados y que hoy se encuentran prófugos, eso sí puede constituir delito, pero desde luego es fácil observar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.

Ya sabemos que Elizabeth es respetuosa de la ley, además de que cuenta con una asesora jurídica profesional, especializada en derecho electoral que hace muy bien su tarea. Los que están regando el tepache son esos que nos quieren ver la cara y que tremendo chasco se llevarán el día de las votaciones.


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La corrupción y el Gatopardismo


Miguel Angel Cristiani Glez.

El sistema Nacional Anticorrupción, aprobado por el Senado de la República este martes, no es la panacea ni la barita mágica con la que se acabarán los negocios millonarios de funcionarios públicos, sino simplemente es otro pasito más, en lo que debería de ser el principal asunto en la agenda política nacional.

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción lo que se busca es tener una mayor coordinación entre todos los órganos de gobierno para la prevención, detención y sanción de actos de corrupción.

Pero también se trata de poder encontrar y señalar responsabilidades administrativas, así como una mayor fiscalización y control de los recursos públicos presupuestados.

Hay que aclarar que con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, no se van a detectar ni mucho menos castigar, los casos tan de moda en este sexenio, de que desde el mismísimo presidente de la república, obtenga o compre a quien sabe qué precio, una residencia en las Lomas de Chapultepec, pero que como está a nombre de su esposa y no del funcionario público, pues no se puede investigar un posible tráfico de influencias o conflicto de intereses al darle al contratista favorito obras multimillonarias.

Tampoco se castigarán actos públicos y notorios, como el dado a conocer a través de las redes sociales, del ex director de la Comisión Nacional del Agua, que utilizó un helicóptero para trasladarse al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y no tener que padecer las incomodidades del tráfico capitalino en el DF.

Esos son los casos más recientes, pero sin lugar a dudas, que la mayoría de actos de corrupción, no se conocen y si se llegan a conocer tampoco pasa nada.

Pero con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, se dan algunos avances, aunque no definitivo para combatir a los corruptos en el país.

Se otorga a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de realizar auditorías en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias, para investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares. También podrá hacer auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores.

También, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar los recursos transferidos a los estados a través de dicha figura de “participaciones federales”. Esto permitirá fiscalizar todo el gasto público, que actualmente tenía esa salvedad.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, impondrá las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados.

Se propone ampliar el plazo de prescripción siete años por las faltas administrativas graves, con lo que se pretende que la prescripción sea transexenal.

Contra el conflicto de interés, los senadores proponen que los servidores públicos presenten de manera obligatoria, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.
Aunque ya es bien sabido que las propiedades millonarias se ponen a nombre de la esposa o la familia.

El nombramiento del secretario de la Función Pública será ratificado por el Senado, con la intención de que quien ostente el cargo obedezca a intereses generales con absoluta imparcialidad.

Dice el filósofo del pueblo Pancho López:
Habrá que ver hasta donde el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, realmente sirve de algo o simplemente es una instancia más del sistema de Gatopardismo, en donde todo se cambia para quedar en lo mismo.


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lunes, 20 de abril de 2015

Violaciones a la veda publicitaria en las elecciones




Por Miguel Angel Cristiani Glez.

Si los llamados partidos de oposición, los candidatos o hasta cualquier ciudadano se decidieran a aplicar la legislación en materia electoral, el presidente municipal de la capital del estado, Américo Zúñiga Martínez podría ser denunciado por no respetar desde la Constitución General de la República Mexicana, pasando por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hasta el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos (CG38/2008).

Resulta que las diferentes normas en materia electoral, especifican las prohibiciones para que los funcionarios públicos promuevan su imagen –no solo en tiempos de veda electoral sino en todo momento- por lo que no deberían de aparecer ni figurar en comunicados oficiales.

Pero el junior alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez en plena veda de propaganda, continua publicando en todos los medios posibles, su imagen, con fotos, comunicados, discursos que están prohibidos.

Nada más hay que revisar el portal oficial del municipio de Xalapa en internet www.xalapa.gob.mx en donde en la pestaña de “comunicados” se siguen publicando los boletines de prensa, en los que se promueve la imagen del alcalde, con sus discursos y nombre.

Para muestra un botón, en el Comunicado No. 613, de fecha 13 de abril, se publica la imagen del funcionario dando un discurso a los asistentes al curso Blindaje Electoral 2015 en donde afirma que “Todos debemos ser garantes de la Ley Electoral”, cuando es el primero en estarla contraviniendo.

En el documento, fechado en Xalapa, Ver., 13 de abril de 2015 se afirma que: Durante el evento, en el que participaron alcaldes de la zona centro de Veracruz y funcionarios federales, estatales y municipales, el munícipe se refirió al marco legal al que tenemos que normar nuestro comportamiento como servidores públicos, “que son un reflejo de un consenso plural emanado de las propias demandas de la sociedad, es por ello indispensable sujetarnos a sus lineamientos de forma irrestricta”.

En este sentido, todos los Ayuntamientos debemos tener muy claro que la Ley Electoral, como toda ley debe cumplirse en tiempo y forma, por eso es que los trabajadores municipales de todos los niveles y áreas debemos estar debidamente enterados de cuáles son los actos que no están permitidos en campaña electoral, quedando limitada nuestra acción en actos proselitistas fuera del horario laboral y fines de semana.

Asimismo, Zúñiga Martínez expresó su deseo de tener un proceso electoral que se distinga por su imparcialidad, equidad y legalidad. “Absolutamente todos debemos de ser garantes de las leyes en este proceso electoral”.

Ese es solamente uno de los comunicados que se pueden leer en el portal del municipio en donde el protagonista principal es el alcalde Américo Zúñiga Martínez, el cual se reproduce $$$ en medios impresos, portales de internet, noticieros de radio, con los que el municipio tiene relaciones comerciales, que al año implican un presupuesto de 46 millones de pesos.

El Marco jurídico que estaría siendo violado por el presidente municipal de Xalapa es el siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 134
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 2

2. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueba el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos (CG38/2008):

Artículo 2.- Se considerará propaganda político-electoral contraria a la ley, aquella contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y poderes públicos federales, locales, municipales o del Distrito Federal, órganos autónomos, cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno o sus servidores públicos; a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes u otros medios similares, que contenga alguno de los elementos siguientes:

a) El nombre, la fotografía, la silueta, la imagen, la voz de un servidor público o la alusión en la propaganda de símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva conduzcan a relacionarlo directamente con la misma;

b) Las expresiones "voto", "vota", "votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", "elección", "elegir", "proceso electoral" y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral.

El filósofo del pueblo Pancho López opina:

Que a ver si son ciertos los anuncios y las campañas de publicidad  de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en delitos electorales, para denunciar a los funcionarios públicos que promueven su imagen aun estando la veda electoral, el de Xalapa puede ser un buen ejemplo.


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viernes, 17 de abril de 2015

Leyes de Transparencia y Anticorrupción, ¿se aplicarán?


Por Miguel Angel Cristiani Glez.

La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información con 264 votos a favor, 68 en contra y una abstención, luego de cuatro meses de que inició su transitar por el trabajo legislativo, prácticamente junto con la Ley Anticorrupción que será discutida el martes, serán las últimas que se aprueben dentro del paquete de reformas estructurales propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto, cuando que debieron de haber sido las primeras.

Porque de poco o nada, servirán todas las reformas energética, educativa, si no es aplicada la reforma en materia de Transparencia y Anticorrupción.

Ya ha dejado de ser noticia, las revelaciones de actos cínicos de corrupción en nuestro país.

Prácticamente no hay un día en que no surja un hecho que exhibe actos de corrupción.

Pero lo malo es que no pasa nada, es decir, aumenta la indignación entre la población, sin que se llegue más allá de la publicación en los medios.

Ya no se recuerda, cuándo fue la última vez, que se dio a conocer un escándalo de corrupción entre funcionarios públicos de primer nivel, que fueran castigados con pena de cárcel.

Con que salgan a negar las pruebas presentadas, o declarar que fue un error, borrón y cuenta nueva.

Se supone que la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, obligará a funcionarios y entidades que manejan recursos públicos a permitir el acceso a la ciudadanía.

Así se deberán conocer los beneficiados con contratos millonarios en todos los niveles de la administración pública, federal, estatal y municipal.

A ver si el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información IVAI, logra que los municipios cumplan con proporcionar y subir la información a que están obligados y no nada más amenace con sancionarlos y exhibirlos, pero pasa el tiempo y no pasa nada.

De acuerdo con los especialistas, la legislación aprobada este jueves por la Cámara de Diputados Federal contiene los siguientes puntos clave para poder ejercer el derecho a la información:

Identifica como sujetos obligados de entregar información, a las autoridades, entidades, órganos y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal.

No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Ni cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

En caso de que alguno sujeto obligado busque clasificar información, deberá presentar la prueba de daño, a fin de justificar toda negativa; también incluir la prueba de interés público, con el objeto de evitar la publicación de información confidencial, estableciendo condiciones para desclasificar la información, como la necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

Cuando algún sujeto obligado incumpla con las solicitudes de información, actúe con negligencia, oculte o destruya información, los institutos de transparencia podrán denunciar a los funcionarios, realizar una amonestación pública o imponer una multas de ciento cincuenta hasta mil quinientos días de salario mínimo general y una multa adicional de hasta cincuenta días de salario mínimo a quien persista en las infracciones.

Los Órganos Garantes serán autónomos, especializados, independientes, imparciales y colegiados con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena autonomía técnica y de gestión. El Órgano Garante nacional y federal será el IFAI, quien encabezará y coordinará el Sistema Nacional de Transparencia. Además tendrá facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad e imponer medidas de apremio y sanciones.

Pregunta el filósofo del pueblo, Pancho López

¿Las leyes de Acceso a la Información y Anticorrupción, serán cumplidas, o solamente serán letra muerta, que los funcionarios públicos ignorarán, como ha venido ocurriendo hasta ahora?.


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